En cumbre en Mendoza consensuaron ejes centrales de proyecto de nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Buscan que gasto primario total no crezca más que inflación y controlar empleo público.
El ministro de Hacienda nacional, Nicolás Dujovne, y sus pares de Economía de 21 provincias sellaron ayer en Mendoza un acuerdo para comenzar a redactar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, que deberá ser avalada por el Congreso y que apunta a aplicar reglas conjuntas de control del gasto para llegar al equilibrio fiscal en 2019 y a “alivianar la carga tributaria” de impuestos distorsivos sobre la actividad productiva.
La avanzada se dio en una reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, donde el funcionario de Mauricio Macri y los enviados provinciales avalaron un paquete de medidas en pos de “la Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”, que incluirán en el documento que el Ejecutivo enviará al Parlamento.
En esa línea, Nación planteó la necesidad de que en todas las jurisdicciones el gasto corriente primario permanezca constante en términos reales, y que el gasto primario total no crezca más que la inflación, hasta 2019 inclusive.
Bajo esa mirada, destaca el documento rubricado ayer, “las provincias que hayan alcanzado el equilibrio fiscal podrán incrementar el gasto corriente asociado a inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales como salud, seguridad y educación”.
Tras el encuentro, Dujovne enfatizó que “a través del diálogo se ha llegado a un acuerdo que para nosotros es muy importante”, además de remarcar que “el hecho de que Nación y las provincias podamos comprometernos a metas fiscales exigentes, pero que a su vez tienen en cuenta las distintas realidades, es fundamental”. “Son metas que permiten que el gasto en infraestructura siga aumentando, que siga mejorando la calidad en la provisión de los servicios públicos en la Argentina”, remarcó.
En la cumbre además analizaron corregir impuestos distorsivos y reducir la carga tributaria. Para ello, Nación y las provincias se comprometieron a alivianar la carga tributaria sobre la actividad productiva. “Se acuerda no incrementar alícuotas, no crear nuevos hechos imponibles sobre actividades productivas y tender a corregir las distorsiones más significativas hoy existentes, en la medida que no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas de las provincias y el Gobierno nacional”, sostiene el documento.
También avanzaron en que la nueva ley incluya una propuesta para controlar el incremento del empleo público, para que el personal de planta a nivel nacional, provincial o municipal no crezca en proporciones mayores que el crecimiento de su población.
En paralelo, coincidieron en la necesidad de crear Fondos Anticíclicos Fiscales para contribuir a las metas de equilibrio presupuestario, que se nutrirían -en cada jurisdicción en condiciones de hacerlo- con excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit y que deberán utilizarse en situaciones excepcionales.
En esa línea, también alentaron incorporar pautas de fin de mandato para restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno. La idea es que la administración saliente no incurra en gastos o disposiciones que impliquen donación o venta de activos del Estado que deban ser afrontadas por las autoridades entrantes.
Del encuentro participaron además el gobernador anfitrión, el radical Alfredo Cornejo y, por la cartera de Interior, el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli y el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero.
Tras el encuentro, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, destacó que se consensuaron “criterios de variación de gasto para converger al equilibrio en 2019, reglas de transición de mandato para que el gobierno saliente no designe personal en planta permanente y no asuma gastos que deba afrontar la siguiente administración, e incentivos para fondos anticíclicos”.