Los hechos registrados en los últimos días en Hurlingham y Florencio Varela, con siete víctimas fatales, sacudieron a la opinión pública siendo todos provocados por el uso de armas de fuego.
Las últimas semanas se tiñeron de sangre con casos de extrema violencia que fueron denominados “masacres”, donde asesinos mataron masivamente. Los hechos registrados en Hurlingham y Florencio Varela, con siete víctimas fatales, sacudieron a la opinión pública. Todas esas muertes fueron perpetradas con armas de fuego. Se trata de un flagelo que se lleva una vida cada 180 minutos a balazos, mientras se reclaman mayores controles del Estado. El dato estadístico surge de un estudio de la Red Argentina para el Desarme (RAD) al que Diario Popular tuvo acceso, manifestando su “profunda preocupación por la falta de políticas activas que pongan freno a la peligrosa proliferación de armas de fuego en el seno de la sociedad”.
En ese marco, se indicó en el trabajo que “cada día las crónicas de sucesos dan cuenta de crímenes causados por armas de fuego en manos de personas que las usan para delinquir”. “Pero en los últimos 15 días ésta situación llegó a extremos incomprensibles en una sociedad democrática: en Hurlingham, un ex agente de seguridad acribilló a 6 integrantes de su familia; otro vigilador privado está acusado de asesinar a dos adolescentes y dejar gravemente heridas a otras 2 en Florencio Varela; en la fiscalía de La Matanza robaron 40 armas de un “depósito” judicial que no contaba ni con las más mínimas medidas de seguridad. En Bahía Blanca, un policía local que acababa de terminar con éxito un reentrenamiento mató de varios tiros por la espalda a su padre, luego de haber golpeado a su mujer”, enumeró el informe de la RAD, integrada, entre otros, por Adrián Marcenac, padre de Alfredo, un joven asesinado con un arma de fuego.
De acuerdo al informe de la organización, “estos hechos se producen en un contexto en el que el Estado ni siquiera conoce cuál es la realidad sobre el mercado legal de armas en la Argentina”, precisando que “la mitad de las casi 800.000 personas a las que se ha habilitado para poseer armas de fuego tiene sus permisos vencidos, lo que vuelve todavía más difícil el control estatal y suma más imprecisión en relación con el universo sobre el cual se debe ejercer aquel control”.
Eso no es todo, porque se explica que “este descontrol se maximiza si nos referimos al mercado ilegal”. “En la certeza de que, sean legales o ilegales, las armas se cobran ocho vidas por día en el país (una cada tres horas), es preocupante que el Estado no tenga capacidad de fiscalizar las que circulan en manos de la sociedad civil ni controlar a quiénes habilita a tener un arma, o de investigar y perseguir efectivamente a quienes quedan al margen de la ley”, se indicó.
Asimismo, el trabajo manifestó que “es sabido que el mercado ilegal se alimenta con armas del mercado legal”.
“En opinión de la RAD, esta situación se consolida de manera preocupante en un contexto en el que el Poder Ejecutivo Nacional incumple, mediante atajos rayanos en la inmoralidad y la deshonestidad, la reglamentación de la ley que, en octubre de 2015, creó la Agencia Material de Materiales Controlados (ANMAC), organismo que reemplaza al RENAR para fortalecer las tareas de registración y control del mercado de armas”, sostuvieron los especialistas de la asociación.
También se expresó que “ese mismo Estado, exhibiendo una llamativa abulia, no ha hecho nada para poner en marcha en tiempo y forma la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de armas, perdiendo casi un año y medio de los dos otorgados por la ley”.
“El período otorgado por la ley es del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017, y aún no se inició. A este contexto de desidia hay que sumarle los reiterados robos de armas de los arsenales oficiales y de los depósitos judiciales, el otorgamiento de permisos de portación a integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad sin los controles psicológicos adecuados, la falta casi absoluta de inspecciones periódicas de control de todo el circuito comercial, el desinterés en destinar recursos para la puesta en marcha de una política pública sobre el tema. Por eso nos preguntamos, esto es ¿desidia, incapacidad o complicidad?”, finalizó el informe.