Un organismo de seguridad interceptó mensajes y llamadas de un ministerio clave, el de Minas y Energía. Así surge de documentos aportados por el ex topo estadounidense Edward Snowden.
Cada denuncia de espionaje que termina en la TV brasileña aumenta el volumen y la extensión de la telaraña de interceptaciones montada por las agencias de inteligencia de los países anglófonos sobre el gobierno y empresas de este país. Ayer, el canal Globo News volvió a mostrar documentos provistos por el ex técnico de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA), Edward Snowden. Ahora fue el turno de la Agencia Canadiense de Seguridad en la Comunicación. Los papeles del ex espía, asilado en Rusia, revelan que ese organismo se dedicaba a mapear mensajes y comunicaciones de un ministerio clave: el de Minas y Energía.
La organización secreta canadiense, socia de la NSA, llegó a interferir en llamadas de diplomáticos de primera línea como el ex embajador brasileño en ese país, Paulo Cordeiro. Según el dossier de Snowden, colectado y ordenado por el periodista Glenn Greenwald, corresponsal del prestigioso diario británico The Guardian, el año pasado se reunieron analistas del grupo llamado Five Eyes (cinco ojos). Se trata de un “foro” que coordina el espionaje cibernético realizado por EE.UU., Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Según la TV brasileña, en julio de 2012 Snowden participó de la cita anual de los especialistas en espionaje informático. Allí habría conseguido la documentación del caso.
Las reacciones de Dilma Rousseff y su ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, no se hizo esperar. La Jefa de Estado le reclamó a su colaborador, quien además es su amigo personal, una “rigurosa evaluación del caso y el refuerzo del sistema de seguridad en el Ministerio”. Para Dilma, este nuevo caso no hace más que confirmar lo que había denunciado en las Naciones Unidas en Nueva York a fines de septiembre: “el espionaje tiene un perfil claramente económico”. Ayer, en los medios técnicos y políticos de Brasilia recordaban que a mediados del año pasado Rousseff lanzó la reelaboración del Código Minero brasileño, con una cierta elevación del royalty pagado por las empresas para la explotación de las minas. Lo cierto es que la actividad minera del país tiene una dimensión fuera de serie. Según un informe de la consultora Ernst and Young, los proyectos en danza representaban hace un año 8% del total de inversiones directas en el país: “Brasil tiene uno de los mayores depósitos mundiales de minerales y es el sexto mayor productor mundial en esa área”.
La firma señaló es el país con mayor producción de niobio del mundo, el segundo en cantidad de explotación de hierro y tantalita, y el tercero en bauxita y el quinto en cobre, estaño y caolín. Con semejante atractivo, no son pocas las firmas internacionales que pujan por quedarse con una porción. Alguna que otra es de origen brasileño, como la Vale (aunque su matriz está bien lejos de la nación que le dio vida). Otras son las británico-australianas BHP Billiton y Río Tinto y la canadiense Barrick, bien conocida en la Argentina. Según el propio gobierno de Canadá, en Brasil hay 120 empresas de esa nacionalidad con inversiones previstas hasta 2014 por 8.000 millones de dólares. El informe gubernamental menciona entre las firmas a Kinross, dedicada a la extracción de oro, a Jaguar Mining y Colossus, dedicadas a reactivar el célebre yacimiento aurífero de Sierra Pelada.
Dilma dijo ayer que debe aguardar la aprobación del nuevo marco civil de Internet antes de enviar a la ONU una propuesta de regulación internacional. “Esa iniciativa debe ampliar la protección de la privacidad de los brasileños. En las próximas semanas debe ocurrir la votación del proyecto”, señaló. Mientras tanto, le toca al canciller brasileño, Luis Alberto Figueiredo, expresar “la indignación del gobierno federal” frente a las invasiones sobre la red informática de ministerios y empresas estatales brasileñas.