El entonces arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado Juan Carlos Aramburu y el cardenal Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba, a quienes se sumaría luego monseñor Quarracino, obispo de Avellaneda, adquirieron a lo largo de la dictadura un protagonismo desde el cual no dudaron en legitimar el accionar procesista.
Ahora denuncian un perfil similar en Mar del Plata. La primera carta episcopal después del golpe versaba en uno de sus párrafos: “Hay hechos que son más que un error: son un pecado, los condenamos sin matices, sea quien fuere su autor. … es el asesinar, con secuestro previo o sin él y cualquiera sea el bando del asesinado”. Hasta acá no hay problema, pero se presenta enseguida: “Pero hay que recordar que sería afectar el bien común si se pretendiera que los organismos de seguridad actuaran con la pureza química de tiempo de paz. Se debe aceptar el sacrificio, en aras del bien común, de aquella cuota de libertad que la coyuntura pide”. Aquí el derrape, documentado.
Esta situación no incluye “sólo” a la Iglesia, pero por su especial carácter, cobra una importancia mucho mayor casi que cualquier otra institución. Resulta ser que en nuestra ciudad, parece ser que ocurrieron cosas parecidas, tal y como lo relata el abogado penalista Guillermo Frieles, con quien conversamos.
Noticias & Protagonistas: Usted dijo a Página 12 que haría falta un sociólogo para explicar por qué pasó lo que pasó. Su denuncia fue muy fuerte. ¿Qué encontraron en la investigación?
Dr. Guillermo Frieles: En el debate oral y público en Mar del Plata, hallamos muchos datos sobre la colaboración de estamentos civiles con la represión militar. Quiero decir que en mi experiencia sobre delitos de lesa humanidad, no habíamos observado tamaña complicidad. En esa nota nosotros, con la fiscal adjunta en el juicio, mencionamos todas las pruebas que acreditan esta complicidad. Por eso no resulta caprichosa nuestra posición, sino que está avalada por documentos que se reunieron en la investigación y el debate.
N&P: Durante años en nuestra ciudad se dijo que Monseñor Pironio tuvo que huir, que era un “obispo rojo”. Quien lo sucedió, Monseñor Gutiérrez, se mantuvo varios años. Los documentos que usted maneja, ¿lo involucran a él o a su entorno?
GF: No al obispo, sino a un presbítero que era Secretario General del Obispado, de apellido Pérez, que poseía listas de personas secuestradas ilegalmente por los militares. De hecho hay una carta, como prueba de cargo en el juicio, firmada por este hombre dirigida al Capitán de Navío Juan Carlos Maluán, un miembro de la punta de la pirámide militar, donde le avisaba y le pedía que atendiera a quien llevaba la carta porque le iba a hablar de un detenido. Esto determina que el presbítero tenía conocimiento cierto de las detenciones ilegales en Mar del Plata. Y por eso mismo tenía contacto con las cúpulas para intercambiar información.
N&P: ¿Esta persona será citada por la justicia?
GF: Tenemos entendido que falleció el año pasado. Nosotros haremos una denuncia al final del juicio oral, ya le pedimos al tribunal que nos permita acceder a las actas protocolarizadas para hacer la presentación. No sólo con este caso, sino que además hay otras cuestiones, como que a lo largo del juicio determinamos que había capellanes castrenses involucrados, que sabían de detenidos y torturados en condiciones infrahumanas de detención en la Base Naval.
N&P: ¿Ya accedieron a la información?
GF: Sí, pero por razones obvias aún no la podemos hacer pública.
N&P: Es entendible. Pasó el tiempo, la historia es lo que es, y hoy se resuelven en el plano judicial temas muy fuertes.
GF: Y… son los efectos de las leyes de impunidad dictadas en los 80 y 90, que permitieron que todos estos sucesos no pudieran ser investigados. Recién después de la decisión política de Néstor Kirchner se pudieron declarar nulidades, investigar, y se pudo estudiar el pasado. Claro que yo no me centraría sólo en la Iglesia: luego de ver pruebas queda claro que hubo jueces, fiscales, defensores oficiales entre el 76 y el 83, cómplices de privaciones ilegales, tormentos, y homicidios.
N&P: En un expediente que se tramita en la ciudad, un ex juez del proceso fue requerido por la veracidad de una reunión donde todos los jueces provinciales asistieron a la jefatura departamental con el general Camps y consultaron por la hija de uno de ellos que estaba detenida- desaparecida, Camps dijo que no les correspondía hacer esa pregunta…
GF: Nosotros afirmamos que, por ejemplo, hubo rechazo sistemático de hábeas corpus, y alguna intervención en una causa fraguada, probado en juicio, donde se indagaba a la gente en un centro clandestino con la presencia del secretario del juzgado, con el detenido encapuchado y esposado.
N&P: ¿En esas condiciones, en presencia de un letrado?
GF: Sí, tal cual. Téngase en cuenta que la declaración indagatoria es el primer acto material de defensa de un involucrado; pero en esa época las cosas se hacían así, incluso en una causa fraguada. Ahora, que haya habido personal de la justicia, es algo que me sorprende. Soy operador judicial hace muchos años y nunca vi estas cosas probadas de una manera tan contundente.
N&P: El Dr. Guillermo Negri, ex presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, dio a conocer un documento en el que se ordenaba a todos los estamentos judiciales no proceder a la demanda de hábeas corpus…
GF: Ni siquiera se permitía darle una explicación razonable al amparista, ni datos sobre el lugar presumible de detención. La complicidad fue evidente. Y los que también colaboraron fueron los médicos, atendiendo a personas llevadas desde la Base Naval, que a raíz de las torturas llegaban muy graves: los atendían pero no hicieron ninguna denuncia.
N&P: ¿Médicos vinculados a la justicia?
GF: También médicos legistas, que hacían autopsias a quienes desde las fuerzas decían que habían muerto en enfrentamientos, pero no era verdad; y obviamente no determinaban la verdadera causa de muerte. Un cuadro muy llamativo el que vivieron ustedes en Mar del Plata.
N&P: ¿Por qué cree que esto se dio de tal manera, y se ocultó tanto tiempo?
GF: Quizás como un acto psicológico defensivo. El tema interesa a todos, de eso no tengo dudas, pero la sociedad no quería saber detalles…
Magro consuelo
Esta ciudad tiene una historia de la que forman parte la Base Naval, el GADA 601 y la Base de la Fuerza Aérea; y una sociedad que, quizás sin imaginarse lo que vendría después (el secuestro, la impunidad), aplaudió enfáticamente el golpe. Videla y su esposa caminaban del brazo por San Martín cuando no era peatonal, y cenaban en una parrilla de Tejedor y Constitución… firmando autógrafos.
“Cuidado, no fue sólo en su ciudad –aclara Frieles-, también en Buenos Aires hubo cómplices. Lo que pasa es que se diluyen en la cantidad de población”. Más allá del generoso “consuelo”, el aparato represivo en la ciudad funcionó a pleno y con precisión de (cruel) relojería.
Mano de obra
Un dato llamativo es que siempre se habla de los cabecillas, de los ideólogos, de los oficiales y/o funcionarios que daban las órdenes, pero pocas veces de los brazos ejecutores. El fiscal Guillermo Frieles también trabajó en el tema: “Nosotros, en el juicio de la Base Naval, acusamos como ejecutores a personas que participaron de los procedimientos, secuestros y torturas o interrogatorios políticos a los ciudadanos contrarios a la Junta”, aclara.
Reconoce, sin embargo, que en la mayoría de los casos los expedientes circulan en torno de lo que él llama “autores de escritorio”, los que estaban arriba en la pirámide de mando y los intermediarios que transmitían las órdenes. Pero en la Base Naval al menos, parece que hay nombres y apellidos de la mano de obra.