Segundos después de partir con destino a la isla de Gran Canaria, un avión se estrelló en Madrid el 20 de agosto de 2008. Perdieron la vida 154 personas. Un grupo de familiares pide una indemnización de US$ 56 millones.
Segundos después de iniciar el despegue con destino a la isla de Gran Canaria, un avión Boeing de la desaparecida aerolínea Spanair se estrelló en Madrid el 20 de agosto de 2008. Perdieron la vida 154 personas. Familiares de siete de esos pasajeros responsabilizan a la empresa aeronáutica por fabricar y vender un “producto defectuoso” y piden una indemnización de 56 millones de dólares.
Según explicaron ayer los familiares durante una rueda de prensa en la ciudad española de Las Palmas, el MD-82 tenía un defecto de fabricación que Boeing conocía por la investigación del accidente de otro avión del mismo modelo en 1987 en Estados Unidos. De acuerdo con los demandantes, el defecto de fabricación se mantiene en unos 1.100 aviones del mismo modelo.
Un tribunal de Las Palmas de Gran Canaria consideró este mes que la demanda reúne todos los requisitos y se declaró competente para resolverla. Los familiares ya habían presentado su caso en un tribunal de instrucción de Madrid y en otro tribunal de Estados Unidos. De acuerdo con su abogado, Iván de Miguel, esta “es la primera vez que tendrán la oportunidad de que un juzgado analice en profundidad las causas reales del siniestro, tras el baile de juzgados en los que se ha estado en los alrededores del por qué”.
La Comisión de Investigación de Accidentes concluyó que el siniestro se produjo porque la tripulación no había configurado bien el avión para el despegue tras una serie de fallos y omisiones. Se atribuyó la responsabilidad a la actuación “errónea” de los pilotos: olvidaron desplegar los “slats” y los “flaps” en el despegue y el sistema que debía haberlos avisado falló.
Pese a que el informe de la comisión fue cuestionado por la Asociación de Víctimas, el sindicato Sepla y el Colegio de Pilotos, en septiembre de 2012 la Justicia española archivó la investigación penal por el siniestro aéreo más grave de la aviación española en 25 años. El fallo fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero la máxima corte rechazó el recurso.
Los abogados, de cuatro bufetes estadounidenses y uno español, invitaron al resto de los familiares de las víctimas a unirse a la demanda de manera gratuita. Si ganan la causa, se llevarán el 20 por ciento de las indemnizaciones. Si no, correrán con los gastos.