Fondos de la compañía pública habrían sido desviados a las cuentas personales de varios empresarios chavistas.
Las cuentas de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA) continúan sin presentarse con claridad. El Parlamento ha iniciado una investigación para indagar en el desfalco de aproximadamente siete mil millones de dólares en los distintos hechos de corrupción que, presuntamente, fueron cometidos por ex altos funcionarios de esta petrolera entre los años 2004 y 2014.
Un supuesto desvío de los fondos asignados por el Estado venezolano para el reaseguro del Complejo de Refinación Paraguaná (CRP), también conocido como Amuay, es uno de los casos investigados. Según un informe evaluado en la Asamblea Nacional de Venezuela, el fraude fue realizado durante la administración de Rafael Ramírez, actual embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, en el Ministerio de Energía y Petróleo (2002-2014) y en la presidencia de PDVSA (2004-2014), y su primo Diego Salazar, que trabajaba entonces como operador financiero y de los seguros y de los reaseguros de esta empresa petrolera, y cuyas cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) han estado bajo la lupa de las autoridades policiales internacionales por sospechas de blanqueo de capitales. «Esto es solo la punta del iceberg. Hay indicios que sugieren que las aseguradoras venezolanas de PDVSA estaban vinculadas a Salazar. Sospechamos que se desviaban los fondos asignados por el Estado para asegurar a la petrolera con empresas reaseguradoras en el exterior», dijo el diputado opositor Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento (control del gasto público), al diario ABC.
Empresas «maletín»
Las empresas venezolanas están obligadas a contratar seguros de este país que, a su vez, se reaseguran con compañías en el exterior para poder garantizar los activos en dólares. PDVSA ha mantenido contratos con las compañías Seguros La Occidental, propiedad de Víctor Vargas; y Seguros Constitución, perteneciente a Omar Faría (involucrado en el escándalo del BPA). Según fuentes consultadas por ABC, ambos empresarios tienen una estrecha relación con Salazar. «No descartamos que se hayan contratado empresas reaseguradoras internacionales de “maletín” (usadas para negocios ilegales) para desviar los fondos destinados para PDVSA en esta materia. Por eso, evaluaremos los contratos hechos con estas compañías», agregó Guevara.
La explosión del CRP, ocurrida el 25 de agosto del 2012y donde murieron 42 personas y cientos resultaron heridos, se produjo por falta de mantenimiento en las instalaciones, concluyó una investigación del Centro de Orientación en Energía (Coener). Un documento de 104 páginas publicado por un comité de este organismo en el 25 de agosto del 2013 menciona las estadísticas de accidentabilidad de PDVSA en los años anteriores a esta tragedia: «Los informes técnicos calificados indican serias deficiencias en la ejecución de los procedimientos de investigación y de corrección de situaciones de riesgo, especialmente en el Complejo Refinador Paraguaná». Este expediente refiere a uno de los informes de las empresas reaseguradoras de PDVSA (QBE) que señala que un año antes de la explosión, en el 2011, hubo 222 incidentes, incluyendo 100 incendios, en esta refinería.
El argumento del sabotaje
Pero, tras un año de la explosión, Ramírez dijo que hubo un «sabotaje» supuestamente ejecutado por la oposición en la refinería que provocó el accidente: «A nosotros no nos queda duda de que nuestra mayor refinería en el mundo fue saboteada, y que fue algo muy bien trabajado y estudiado. Es gente con mucho conocimiento de la refinería porque nos dieron en el tema vital del transporte de la olefina y quien hizo esto sabía o podría prever las consecuencias que una fuga masiva de olefina podía tener sobre nuestra instalación».
La tesis del sabotaje obligó a PDVSA a iniciar una renegociación con las empresas de seguros que podía incrementar los costes de las pólizas que cubrían las indemnizaciones y los daños. Pero también impidió que estas compañías de seguros y de reaseguros cancelaran el dinero, calculado en casi dos mil millones de dólares, por los perjuicios provocados durante la explosión. Según la oposición, esto pudo ser la coartada perfecta para encubrir el fraude de las aseguradoras de la petrolera. «No tuvieron entonces que rendir cuentas sobre el pago de indemnizaciones, porque supuestamente se trataba de un sabotaje. Así tampoco tenían qué explicar el destino de los fondos asignados para asegurar a la petrolera en el exterior», explica Guevara.
El Parlamento solicitará en los próximos días la colaboración de las fiscalías y de otros organismos de Andorra, España, Estados Unidos, Portugal y Panamá, para recabar más pruebas sobre las presuntas estafas cometidas en la PDVSA administrada por Ramírez.