La opinión del juez penal de La Plata, Federico Atencio, respecto de la modificación del Código Penal y su aplicación contra el delito.
“Un problema”, así es asumida ahora la inseguridad por las autoridades nacionales. Nuestro primer mandatario provincial, profundizando su preocupación por el tema, recientemente se refirió a “las horas dramáticas” que vivimos por el manifiesto incremento de la “sangre derramada”. Si de algo se ha hablado mucho o demasiado es de las distintas soluciones para conjurar este tema, sin que nada se haya visto o escuchado sobre “políticas de Estado” destinadas a tal fin.
Está claro que acobacharse en Puerto Madero no está al alcance de cualquiera; con ello solo se procura un parapeto tan individual como irritante. Lo que pretendo proponer aquí al lector es una visión retrospectiva que permita determinar desde cuándo, progresivamente, convivimos con este flagelo entre nosotros.
En el pasado
Si reconocemos que no lo padecemos desde siempre, es hora de que también nos preguntemos qué se hizo mal para que se convirtiera en la primera causa de preocupación. Este enfoque, tal vez, colabore a detectar lo que se debe corregir. Los argentinos hemos vivido épocas violentas que condujeron a indiscutibles excesos. Ante ello, la comunidad reaccionó. Esta reacción fue generadora de un paulatino crecimiento de doctrinas que, como el garantismo y el abolicionismo, se aprovecharon de la sensibilidad popular ganando simpatías y adhesiones entre la ciudadanía y en los claustros. Como era de esperar, allí también se dirigieron las medidas de los gobernantes y políticos, siempre alertas a decir lo que la mayoría quiere oír.
Aquella reforma
Fue así como, en nuestra Provincia, en el año 1998 se modificó el Código de Procedimiento Penal que prometía un sistema acusatorio rápido y moderno, erradicador de la inquisición y generoso en libertades. Se facultó al Fiscal a investigar sin resolver y se obligó al Juez a resolver lo que no puede investigar. La prometida informalidad de las investigaciones se convirtió en un acartonado juicio previo en el que la posibilidades de recurrir hasta la tercera instancia desplazó en el tiempo a los debates que hoy se realizan después de años de que los delitos fueran cometidos y, a su vez, sujetos a múltiples revisiones posteriores. La rapidez se convirtió, de tal modo, en una eternidad, provocando que las cárceles se hacinen y que las penas con que el Código Penal amenaza no intimiden ni al marginal más cobarde. Con lo que sí se cumplió a rajatabla fue con la creación de múltiples institutos liberatorios.
La excarcelación ordinaria, la extraordinaria, las alternativas a la prisión y sus morigeraciones hablan por sí solas. Para más -tal vez para disimular el atraso judicial que el sistema provocó- se implementaron las suspensiones de juicio a la espera del cumplimiento de ridículas condiciones como así también los llamados juicios abreviados, aceitando todo ello las bisagras para que las puertas giren con mayor vertiginosidad que antes.
La policía -cuya presencia se reclamó recientemente como imprescindible para evitar desmanes- se desarticuló en alguna gestión en la que se los calificó como “malditos” El delincuente lo sabe y lo aprovecha. Al mismo tiempo, y por los motivos que dejase expuesto al comienzo, fue menoscabándose el principio de autoridad. El Ejército, la Policía y los magistrados sufrieron y sufren el descrédito que considero injusto por generalizado. El Ejército desapareció.
Hoy, pretende ser inconstitucionalmente utilizado para la seguridad interior cuando no para filtrarse en la intimidad de grupos y personas. Los magistrados –cabezas visibles de los desatinos legales promulgados- desprestigiados o separados descaradamente de sus funciones cuando investigan lo que no se debe investigar. La policía –cuya presencia se reclamó recientemente como imprescindible para evitar desmanes- se desarticuló en alguna gestión en la que se los calificó como “malditos” por lo que actualmente se ve impedida de ejercer la fuerza pública indispensable para mantener el orden. Este fue el resultado de la minuciosa y paciente tarea de aquellos que pregonan que, imponer límites, sigue siendo una expresión fascista que debe quedar desterrada del vocabulario nacional.
Eso sí, quienes así dicen pensar, no dejan de fustigar a quienes ya no pueden controlar este “problema”. Bien se podría pensar que, quienes asumen tan esquizofrénica postura, lo hacen para enarbolar la ideología de que el Derecho Penal no sirve para nada.