El ex integrante de la Corte durante el gobierno de Carlos Menem, Gustavo Bossert, se mostró muy preocupado por la reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados, al ser entrevistado por La Nación.
Gustavo Bossert, un hombre de experiencia y que formó parte durante el gobierno de Carlos Menem de una Corte donde pertenecía a una minoría no automática, habló sobre la reforma judicial que impulsa Cristina Fernández. La sesión tuvo lugar en la casa del ex integrante de la minoría no automática de la Corte menemista.
-Mire esta foto [Raúl Alfonsín y Menem abrazados y sonrientes luego del Pacto de Olivos]. Se la muestro porque fruto de ese pacto, y por pedido de Alfonsín, usted entra en la Corte menemista.
-El pacto de Olivos fue lo siguiente: Menem tenía todo organizado para lograr la modificación de la Constitución con reelección indefinida. ¿Cómo lo tenía armado? Para llamar a la reforma constitucional se necesitan dos tercios de senadores y dos tercios de diputados. Resulta que cierto diputado que ya murió -y por eso no voy a nombrar- tenía mucha vinculación con Menem para inventar cosas más allá de lo que jurídicamente corresponde. Inventó la tesis de que eso de los dos tercios tiene que ser dos tercios de los presentes. Considero a eso ofensivo para la razón y espero que nunca más a alguien se le ocurra inventar algo así, pero resulta que Alfonsín estaba enterado de esto y le dijo: “Escúcheme, ¿quiere hacer una reforma constitucional? ¿Quiere ser indefinidamente presidente? Si quiere hacer algo así, tiene que hacer una reforma que no sea de un solo artículo, que no tenga re-reelección indefinida y que se llame a la Asamblea Constituyente bien, como corresponde, con la cantidad que corresponde y que incorpore los tratados internacionales”. Eso se lo debemos a Alfonsín.
-Y ahí usted entra en escena en esa Corte, quizá con la esperanza de Alfonsín de que pudiera darle un poco más de ecuanimidad a una composición tan sesgada.
-[Se ríe] ¡Pero esperá, yo soy viejo, soy anterior! Dejame hacer un repaso. En marzo del 84, fresquita la democracia recuperada, fui designado juez de la Cámara Nacional Civil, donde viví diez años felices y, simultáneamente, a pedido de legisladores radicales y peronistas, con Eduardo Zannoni elaboramos la ley 23.264, que en 1985 estableció la igualdad de derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, y la patria potestad compartida. Después trabajamos en el proyecto de divorcio vincular, que en 1987 fue ley.
-Volvamos a la Corte menemista. ¿Cómo era la convivencia con los “automáticos”?
-Yo fui juez desde 1994 hasta fines de 2002, que renuncié. ¿Cómo me llevaba con ellos? Con la corrección que debe existir entre los miembros de un órgano de trabajo, sin perjuicio de las frecuentes disidencias y que fueron de dominio público.
-¿Pero me va a decir que no recibía presiones o “sugerencias” para…?
-[Interrumpe] Esas cosas son las que no quiero hablar. Primero porque ya se habló mucho y, además, porque hay gente que ya no está y no puede defenderse. Mirá, yo me encerraba en mi despacho con mis colaboradores, cerrábamos las ventanas y lo único que se respiraba ahí era Derecho. Jamás nadie se atrevió a intentar presionarme.
-Vamos al plato del día: ¿qué opina de la “democratización” de la Justicia?
-Que significa la nefasta politización de la Justicia, con el Consejo de la Magistratura en manos de la corporación oficialista y la agravante de que las sanciones y la promoción del juicio de destitución de jueces ante el Jurado ya no necesitarán dos tercios, sino la mitad más uno de los miembros del Consejo, que estará en manos del oficialismo. Es decir, desde ahora los jueces saben que están bajo amenaza si disgustan a la “corpo”.
-Estamos hablando de la reforma sin mencionar el huevo de donde nació: la pelea con Clarín.
-Yo me sorprendí cuando empezó el ataque a Clarín, no entendí mucho porque no hago política y no estaba en el tema. Fue una guerra a muerte que ha continuado hasta ahora, que ha venido esta sentencia de la Cámara Federal con un voto impecable de una de las grandes figuras que tiene la justicia argentina, la doctora Susana Najurieta. Ella ya era un lujo cuando yo estaba en la Corte y era letrada de uno de los jueces. Todo lo que hace es admirable, no sólo este fallo.
¿Usted cree que puede haber una acción judicial que frene esta “democratización”?
-Sí. La reciente ley dispone que los jueces y abogados que integrarán el Consejo irán en las listas de los partidos políticos en elecciones generales. Pero según el artículo 114 de la Constitución, esos jueces y abogados son representantes de los jueces y abogados de la Justicia Nacional, por lo que sólo los abogados y jueces pueden elegir a sus representantes, y no los partidos políticos ni el conjunto de la población. Imagínese que yo decida vender su casa?
–¿La mía?
-¡Sí, la suya! Obviamente, como no soy su representante, esa venta se anulará. Y por este principio jurídico elemental, la violación del art. 114 puede dar lugar a una declaración de inconstitucionalidad. Es un disparate que ciudadanos que no tienen vinculación con el Derecho elijan a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Es como si yo, abogado, o usted, psicólogo, pudiéramos elegir a los integrantes de las entidades que supervisan el ejercicio de la medicina y eventualmente aplican sanciones a médicos. Obviamente, se necesitan conocimientos específicos que los millones de ciudadanos no tienen.
-¿En otros países de América existen disposiciones como las que acaban de sancionarse?
-Bolivia es el único. Y hay muchas críticas por la decisiva influencia del Ejecutivo. No quiero sonar lapidario, pero debe tomarse conciencia de que frente a esta inminente politización de la Justicia está en juego la supervivencia de la República.
Por último, ¿qué pasaría si alguien importante del gobierno le dijera: “Quédese tranquilo, Bossert. No exagere al compás de la oposición. La supervivencia de la República no está en juego”?
-Le respondería que es su opinión. Que a los jueces se los pueda nombrar a través de elección popular, que el partido oficialista controle el Consejo de la Magistratura y, lo más grave, que para suspender, sancionar o pedir juicio político contra un juez ya no se necesiten dos tercios, ¡eso es gravísimo! Además, con la situación política que estamos viviendo no necesito explicar más nada.