La crisis que Trump ignora: cajas de pensión de empleados públicos están quebradas

El sistema previsional de los funcionarios estatales en los Estados Unidos tiene un déficit financiero de u$s 4 billones. Ya hay ciudades y Estados en quiebra.

Por estos días, los mercados financieros estén muy pendientes de cómo avance la investigación que se lleva adelante contra Donald Trump por sus posibles vínculos con Rusia. De confirmarse las sospechas, el presidente de EE.UU. podría afrontar un juicio político y ser destituido de su cargo, un detalle que pone muy nerviosos a todos los operadores e inversores en Wall Street.
Sin embargo, por debajo de la superficie se podría estar “cocinando” una nueva crisis tan letal como lo fue la hecatombe de las hipotecas subprime, que estalló a partir de mediados de 2007. Se trata de la situación extremadamente delicada que atraviesa el sistema previsional de los empleados públicos en muchas partes del país, que no posee los fondos suficientes para su financiamiento, y que ya ha provocado la quiebra de varias ciudades importantes, e incluso Estados.
La situación no es nueva (como sucede con estas burbujas financieras que se van cocinando a fuego lento) y el problema reside en que todos los gobiernos (municipales y estatales) crearon cajas de pensiones para sus funcionarios que hoy no son sustentables y que los obligan a endeudarse masivamente para que sigan funcionando. Aquellas administraciones más comprometidas se ven obligadas a solicitar la quiebra, algo que ya está sucediendo en distintas parte del país.
“Es una verdadera bomba de tiempo. ¿Por qué este tema no llega a la tapa de los diarios? Como sucedió con la crisis de las subprimes, todo parece estar escrito por anticipado. Y sin embargo, estamos esperando a que la situación explote”, fue la dura advertencia de Danielle DiMartino Booth, ex asesora de la Reserva Federal de Dallas.
La antigua funcionaria no exagera: según un estudio del Instituto Hoover (un think tank vinculado con la Universidad de Stanford), los fondos de pensión estatales necesitarían casi u$s 4 billones adicionales para poder cubrir los pagos correspondientes, tanto para los actuales jubilados como para los futuros. Además, el déficit no deja de crecer: durante 2016 se incrementó en u$s 434.000 millones adicionales.
Si el país ya tuvo un primer aviso con la quiebra de la ciudad de Detroit (declarada en 2013), la del Estado asociado de Puerto Rico (a principios de mayo pasado) fue la señal de que la crisis era mucho más profunda de lo que todos se imaginaban. La situación es muy grave en ciudades grandes como Nueva Orleans (nunca se terminó de reponer del huracán Katrina, en 2005), Dallas, Filadelfia y Chicago. Pero también es un grave problema para Estados industriales en decadencia como Illinois, Kentucky o New Jersey, donde el voto a favor de Trump fue muy elevado en las pasadas elecciones de noviembre de 2016.
En realidad, el sistema jubilatorio está desfinanciado en casi todo el país. El estudio del Instituto Hoover, que evaluó 650 fondos de pensión, estima que no existe ninguna ciudad ni Estado cuyo régimen previsional esté en equilibrio. Esto da la medida de la crisis que se está incubando por fuera de la agenda política y económica que hoy predomina en Washington.

Desregulación de los 2000

Cuando los analistas se ponen a evaluar por qué el sistema previsional llegó a esta situación tan complicada, lo primero que salta a la vista es su falta de regulaciones. Sin embargo, esto no fue así a lo largo del tiempo, sino que coincide (una vez más) con los mecanismos que impulsaron la burbuja especulativa subprime.
En los años 2000, tras la crisis de las empresas punto com, el sistema financiero logró una desregulación muy significativa, que permitió multiplicar la creación de productos financieros cada vez más sofisticados, pero también el apetito por el riesgo y el afán de lucro entre las entidades financieras. De ahí a llegar a la estafa había un solo paso, que muchos no dudaron en dar.
En el caso de los fondos de pensión, esta misma desregulación (que se inició unos años antes) sirvió para que los gobiernos municipales y estatales se animaran a invertir lo recaudado en opciones cada vez más riesgosas (y supuestamente más rentables, como por ejemplo los hedge funds). Un informe de la Fed da cuenta de esta evolución: si en los años 1950 los distintos gobiernos invertían hasta el 96% de los fondos de pensión en bonos (es decir activos de bajo riesgo), en los años 1990 ya se había reducido al 50% y hoy llega tan solo al 27%. Pero además, la política monetaria de la Fed luego de la crisis subprime (que implicó llevar las tasas de interés a cero), provocó que la rentabilidad esperada de los fondos de pensión se derritiera, contribuyendo al mismo tiempo a la suba del déficit previsional.
Si a esto se le agrega que la población envejece y crece la esperanza de vida (y por lo tanto son cada vez menos los trabajadores activos para financiar un sistema previsional con más jubilados), queda claro que la bomba de tiempo tiene en marcha su cuenta regresiva , como sostuvo DiMartino Booth.
Las agencias calificadoras, que fueron tan criticadas durante la crisis subprime por haberse comprobado un conflicto de intereses a la hora de calificar los productos financieros de los bancos, en el caso de los fondos de pensión ya salieron a dar la alarma. Por eso está cayendo la calificación crediticia de varias ciudades en riesgo como Chicago, Houston y Dallas. Por ahora, uno de los casos más extremos es el de la pequeña localidad de Loyalton, California, que decidió recortar en un 60% las jubilaciones de sus empleados públicos para evitar la bancarrota municipal. En la Argentina en cambio, no hace falta tomar esta medida extrema, porque la inflación se ocupa de licuar la deuda previsional, para “alivio” del Estado.