Advirtió sobre la ausencia del Estado y la exclusión social. Y consideró que el proyecto de despenalización del consumo personal es “apresurado y superficial”. También criticó a los medios.
La Iglesia salió a expresar su preocupación por lo que considera una “creciente tolerancia social” a las drogas y una “disminución de la percepción del riesgo” por su consumo, lo que facilita la propagación de las adicciones; aunque señaló que el principal causa de este problema es la “exclusión social”. Fue a través de una declaración con vistas al Día de Lucha Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, instituido por la ONU, que se celebrará el 26 de este mes.
El documento, redactado por la Pastoral Nacional sobre Drogadependencia del Episcopado, fue presentado en la sede de la Conferencia Episcopal por el presidente de la comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano; el sacerdote Pepe Di Paola, que hace unos años cobró notoriedad por su lucha contra el paco en la villa 21 del barrio porteño de Barracas; y los peritos de la Iglesia para la problemática de las adicciones, Horacio Reyser y Horacio Castellano.
En el texto se advierte que “los problemas vinculados al consumo de drogas son cada vez más preocupantes, no sólo por la evolución del consumo y el tráfico, la oferta y demanda, sino fundamentalmente porque están relacionados con episodios que afectan sensiblemente a la sociedad en su conjunto”. En ese sentido, se subraya que “la magnitud del problema es tan alarmante que aparecen expresiones en todo el mundo que hacen pensar que la lucha está perdida”.
En el pronunciamiento se critica el papel del Estado y la sociedad en general: “percibimos una ausencia histórica y estructural del Estado frente a esta situación. Y no se trata de ningún gobierno en particular sino de algo que, como sociedad, no terminamos de asumir, de encontrarle. Más allá de los avances significativos en materia de inclusión social que se realizaron en los últimos tiempos, notamos que falta mucho”.
“La creciente ‘tolerancia social’, la disminución en la ‘percepción del riesgo’ y en gran medida la exclusión social, han generado en la sociedad desánimo, desorientación, confusión …”, dice el documento. Y agrega que “entonces, surgen ideas o se proponen iniciativas que pareciera que apuntan más a los efectos que a las causas de este fenómeno creciente que nos afecta a todos, pero en mayor medida a nuestros hermanos más vulnerables, a los más pobres y excluidos”.
En el documento, la Iglesia expresa su coincidencia con quienes creen que “no hay que criminalizar al adicto. No cabe duda: al adicto hay que escucharlo, recibirlo para acompañarlo en un camino que le permita tener una vida digna, vivida en libertad y en plenitud. Pero el camino de la ‘criminalización del adicto’ empieza mucho antes. Y nuestra sociedad no está exenta de transitarlo”.
Precisa que el camino “se inicia cuando la contención es insuficiente en los espacios comunitarios o en el ámbito de la educación formal y no formal. Cuando son escasas las oportunidades de inclusión social y no se ofrecen propuestas que den un verdadero sentido de la vida a los jóvenes más pobres. Cuando se les dificulta en lo cotidiano el acceso a la salud y a la justicia”.
En cuanto a la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, proyecto que se debatió el año pasado en el Congreso, la Iglesia considera su tratamiento “apresurado y superficial. Una decisión de esa naturaleza requiere crear previamente instrumentos y espacios adecuados para dar contención y asistencia, al mismo tiempo que educar y prevenir para que aquellos que aún no entraron en contacto con las drogas o estén en un camino de iniciación, no terminen pensando que son inocuas”.
Para la Iglesia, los medios de comunicación a veces no contribuyen a no criminalizar al adicto. “Poco ayudan cuando nos imponen una mirada estigmatizante de los jóvenes: pobres, adictos, delincuentes y peligrosos”, apunta el texto. Finalmente, dice que “no hay soluciones mágicas. En ese marco, los credos, el Estado y la sociedad civil debemos trabajar juntos, apoyando a las familias que son la principal barrera contra la droga”.