El Fiscal General denuncia que el Ayuntamiento es incapaz de poner fin al maltrato a los presos más jóvenes.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Nueva York por el continuado trato violento que los funcionarios de la prisión de Rikers Island ejercen sobre los internos más jóvenes, entre 16 y 18 años, lo que supondría una violación de sus derechos constitucionales. El Fiscal General, Eric Holder, ha solicitado unirse a la demanda colectiva presentada en junio de 2012 por Mark Núñez y otros diez presos. El Departamento de Justicia da este paso, según la nota hecha pública este jueves, para asegurar que las autoridades penitenciarias de Nueva York adoptan “las reformas institucionales necesarias, duraderas y verificables” para acabar con el maltrato.
La decisión de Holder supone un duro golpe para el alcalde demócrata de Nueva York, Bill de Blasio, en un momento de encendido debate sobre la violencia policial y el trato a determinadas minorías. De Blasio, que prometió mejorar las relaciones entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad, visitó el pasado miércoles por primera vez la cárcel de Rikers Island. Tras su recorrido, anunció, acompañado por el responsable de prisiones de la ciudad, Joe Ponte, el fin de la denominada segregación punitiva, es decir, celdas de aislamiento para los internos jóvenes. En enero de este año, 91 adolescentes padecían ese castigo. Sin embargo, los pasos dados por el alcalde no han sido suficientes para Washington.
“Con este procedimiento, el Departamento de Justicia da un importante paso para garantizar la seguridad y los derechos constitucionales de las personas jóvenes encarceladas en Rikers Island”, afirmó Holder. “Hemos visto alarmantes evidencias de un innecesario y excesivo uso de la fuerza contra los adolescentes, así como fallos sistémicos a la hora de protegerles del traumático uso del régimen de aislamiento. De esta manera, intentamos dar un trato justo a los jóvenes encarcelados y proporcionarles las condiciones para que puedan construir el futuro mejor que merecen”, añadió.
La Fiscal General Adjunta para Derechos Civiles, Vanita Gupta, enfatizó las palabras de su jefe: “Vamos a garantizar que reformas legales de crítica importancia se ponen en marcha para hacer frente a la cultura de la violencia y al uso excesivo de la segregación punitiva en Rikers Island”. El fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, añadió: “En ocasiones, la burocracia puede ser capaz de lograr cambios integrales, pero no creemos que este sea el caso. Valoramos los deseos manifestados por el comisionado Ponte, pero espero que se conviertan en medidas concretas y verificables. Como suele decirse, el diablo está en los detalles, y hemos considerado que unirnos a la demanda colectiva existente es la mejor manera de cuidar los detalles”.
El pasado mes de agosto, el fiscal Bharara presentó un informe en el que denunciaba la cultura de violencia y maltrato instalada en Rikers Island. “No es un último recurso, sino una práctica habitual”, señaló. Bharara instó a la ciudad a implementar hasta 70 medidas correctoras específicas. Solo alguna de ellas se ha aplicado, para irritación del ministerio público.
En la demanda, el Departamento de Justicia alega que a lo largo del año fiscal de 2014 se han producido 553 incidentes en los que el personal uniformado de Rikers Island ha utilizado la fuerza contra los jóvenes y 657 peleas entre internos, lo que evidencia un deficiente control por parte de los funcionarios. La demanda añade que, a pesar de la “larga y turbulenta” tradición violenta del centro penitenciario, el Ayuntamiento ha sido incapaz de abordar sus deficiencias.
Entre ellas cita la falta de investigaciones sobre los casos de maltrato denunciados, una cultura del silencio asumida por los funcionarios, la falta de sanciones apropiadas y la mala supervisión de los internos. El Departamento de Justicia concluye que, pese a los contactos mantenidos y la voluntad de cambio expresada por el Ayuntamiento, “la ciudad no ha estado dispuesta a comprometerse con las reformas y la supervisión necesarias para salvaguardar los derechos constitucionales de reclusos”.
Las siniestras prácticas en Rikers Island salieron a la luz este verano. The New York Times publicó una investigación en que la se detallaba más de un centenar de casos de violencia contra presos de dicho establecimiento, muchos de ellos con problemas mentales. El fiscal Bharara publicó poco después el citado informe que constataba la “profundamente instalada cultura de la violencia” entre los funcionarios de Rikers Island.
Uno de los casos más graves fue el de Bradley Ballard, de 39 años, que murió abandonado en una celda para enfermos mentales, desnudo en el suelo, cubierto con sus propias heces, sin recibir medicación para su esquizofrenia y diabetes y con una goma anudada en los genitales que le provocó una isquemia. Durante días de laceraciones y autolesiones, nadie le atendió. Dos días después de su fallecimiento, su madre recibió una llamada en Houston (Texas), donde vive. “Su hijo ha fallecido de un ataque al corazón”, le dijeron.
El caso de Ballard era la punta de un terrible iceberg. “Rikers Island no funciona para los internos adolescentes. Es un lugar donde la fuerza bruta es el primer impulso en lugar del último recurso, un lugar donde los insultos verbales se pagan con lesiones físicas, un lugar donde las palizas son rutina y las rendiciones de cuentas, una excepción”, declaró el fiscal. Aunque su informe se centró en las condiciones de los internos de 16 a 18 años de tres cárceles del recinto, Bharara aseguró que los problemas eran extensibles a los otros siete edificios de adultos y mujeres.
Rikers Island, con 12.000 presos, en el segundo recinto penitenciario de Estados Unidos (Los Ángeles ocupa el primer lugar, con 18.000 internos). Según la fiscalía, el 44% de la población reclusa adolescente ha sufrido trato violento con lesiones en alguna ocasión por parte de los funcionarios desde 2012.