El presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Fernando Román González, explicó en la 99.9 los motivos por los que sus colegas no están de acuerdo con los cambios que la Corte Suprema de la Provincia quiere introducir en el Instituto de la Caducidad.
La Suprema Corte de la Provincia ha presentado un controversial proyecto acerca del uso del Instituto de la Caducidad, intentando cambiar los actores habilitados para emplearlo.
Esto generó la reacción de los abogados que, en Mar del Plata, a través de su Colegio, salieron a explicar su posición. Quien tomó la palabra fue el presidente de la entidad, Fernando Román González, que en declaraciones a la 99.9 explicó que “es una facultad que se nos da a los abogados para pedirle a la otra parte que si no tiene actividad procesal útil el expediente, es decir, si no se mueve, uno pueda intimar a la otra parte para que lo haga bajo apercibimiento de que el expediente pase a archivo. Si bien lo que se está investigando no está prescripto, puede iniciarse un nuevo juicio. Esa es la idea del instituto desde hace mucho tiempo”.
Aclaró en qué punto la resolución intenta cambiar la normativa. “La Suprema Corte insta, en una resolución, a que esta petición se haga a través de los jueces de primera instancia de oficio. Es decir que sean los jueces quienes intimen a las partes para que demuestren su interés en la prosecución del juicio”, indicó. Abundó: “esta situación cambia el sistema de instancia que tenemos los abogados para ir manejando los procedimientos. Es una circunstancia que desequilibra el poder judicial frente a las partes en un proceso. Esto determina una aceleración de los procesos que pueden generar inequidad o situación de pérdida de derecho, y por eso no estamos para nada de acuerdo”.
Actualmente hay muchos inconvenientes con las causas que no avanzan en la justicia, y González culpó de esta situación a los mismos que intentan modificar al Instituto de la Caducidad: “Esto no se corresponde con la problemática procesal que tenemos hoy donde, generalmente, los mayores retardos son por la justicia que no cumple con los plazos procesales de acuerdo a la ley. En el foro laboral, quienes deben desarrollar el procedimiento son los propios jueces; sin embargo les dan la facultad para que intimen”.
Los problemas son estructurales y creen que se debe apuntar las herramientas de cambio hacia otro lado: “El atolladero procesal se genera en quien emana esta decisión. La Suprema Corte tiene una demora estructural muy importante y añosa. Ahora se pretende acelerar los procesos en instancias inferiores, cuando ellos tienen la mayor demora. Ni qué hablar en la Corte Suprema”.
Por otro lado, remarcó que ante el uso del Instituto de la Caducidad, no se puede movilizar la causa con algún papeleo intrascendente sino que debe ser algo legítimo dentro del expediente. “Tiene que presentarse un documento útil que tiene que tener sentido con el proceso”, argumentó González.
El presidente del Colegio de Abogados se refirió finalmente a la preocupación que despierta este cambio en sus colegas: “En todas las ferias se archivan infinidad de expedientes, y cuando nosotros necesitamos, reiniciamos los procesos. Con este argumento de depurar los expedientes, puede haber consecuencias gravosas, es nuestra preocupación”, finalizó.
