A días de que el juez Casanello indague al ex banquero Arbizu, Tiempo Argentino mostró cómo la filial local, siguiendo órdenes de Estados Unidos, puso a disposición la maquinaria financiera para ayudar a lavar dinero de las principales fortunas del país.
El próximo jueves, Hernán Arbizu, ex banquero del JP Morgan que se autodenunció como corresponsable de haber ayudado a las principales fortunas de la Argentina a lavar dinero, se sentará a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello para clarificar cómo el banco operaba con cuentas de clientes argentinos en el exterior. Quien fuera uno de los ejecutivos de banca privada estadounidense para el Cono Sur, está imputado en la causa “Autopistas del Sol S.A. sobre averiguación de delito”, investigación que se abrió luego de que Tiempo Argentino mostrara documentación de transferencias en el Morgan de distintas corporaciones locales.
Sin embargo, el reo Arbizu es solo un eslabón en la cadena de responsabilidades políticas de la estructura irregular del JP Morgan; un “ángel caído” del sistema que, obligado por su propia codicia y las presiones para conseguir activos líquidos de nuevos clientes, terminó develando en primera persona cómo el banco colaboró con la evasión impositiva de sus clientes. Por primera vez, Tiempo develó el organigrama y las funciones de los jefes y súbditos de Arbizu en la Argentina, que otorgaron las órdenes y la logística para la comisión de presuntos delitos económicos.
Las oficinas del JP Morgan en Buenos Aires, situadas en Avenida Madero 900 en los pisos 22, 24 y 25, tienen básicamente dos jefes centrales: Facundo Gómez Minujin, hijo de la artista plástica Marta Minujin; y el economista Juan Carlos Gómez Sabaini. De profesión abogado, Gómez Minujin es además presidente de ArteBa, donde se hizo conocido accidentalmente en 2010 cuando en una recorrida por la muestra junto a Mauricio Macri, destruyó bromeando una obra del artista y activista estadounidense Seth Wulsin. En 2011, en una entrevista con el diario El Cronista, el número uno del Morgan contó que llegó a trabajar en el banco de la mano del abogado y lobbista de las privatizaciones de Carlos Menem, Emilio Cárdenas, quien tenía de cliente al Morgan. Paradójicamente, Cárdenas es uno de los investigados por Casanello por cuentas presuntamente irregulares en el exterior, gestionadas por el Morgan.
El segundo en el escalafón local es Andrés Rodríguez Lubary. Según fuentes vinculadas a la causa, junto a Minujin se encargaba de aprobar o rechazar a los clientes que acercaban banqueros como Arbizu y digitaba la política de manejo de activos de clientes argentinos. Lubary y Minujin, en persona y luego de que Arbizu se autodenunciara ante el juez Sergio Torres en 2008, visitaron las oficinas del estudio Argibay Molina para decirle al abogado de Arbizu que el Morgan iría a fondo para extraditarlo, y que contrataba para ello al estudio de Roberto Durrieux, hombre fuerte de la dictadura que comandó Jorge Rafael Videla. Ambos presidentes del banco en la Argentina son, además, el nexo con la casa matriz en los Estados Unidos y con los intereses de la embajada en Argentina. Lubary y Minujin también mantuvieron reuniones con representantes del FBI cuando el bureau de investigaciones intentó llevarse a Arbizu del país para juzgarlo por la estafa al banco, con certificados de extradición falsos.
Por debajo de ellos, y de contacto fluido y diario con el arrepentido, aparecen Esteban Benegas Lynch, jefe de operaciones de bolsa del Morgan Argentina; y Fernando Balmaceda y Carlos De Marcos, jefes del área de asesoría en compra y venta de empresa en Argentina. De allí salían los datos de nuevos clientes que captaba Arbizu.
El juez podrá enterarse el próximo jueves de que toda la cúpula nacional aplicaba los lineamientos impuestos por Álvaro Martínez Fonts y Luke Palacio, jefes de banca privada para Latinoamérica y el Cono Sur, respectivamente. Fonts es quien contrató a Arbizu en noviembre del 2006, luego de que éste dejara UBS. Y junto a Palacio, es clave en la gran estafa cometida por Arbizu. Cuando el arrepentido confesó que había triangulado dinero entre cuentas de sus propios clientes (el supermercadista Carlos López, los políticos paraguayos con vínculos narcos Acevedo Quevedo y el ex Musimundo Garber), estafando al banco, el primero en saberlo fue Palacio. Luego, Fonts, quien residía en los Estados Unidos y visitó a la entonces esposa de Arbizu para ponerla en autos de la estafa. De hecho, Fonts le trabó a Arbizu todo acceso a dinero en bancos, lo privó de sus bienes y le pidió que volviera a los Estados Unidos con la clara intención de que fuera preso allí sin divulgar más secretos de los manejos del Morgan. Luke Palacio mantenía un importante vínculo con el diputado y ex Morgan Alfonso Prat-Gay, a quien intentó seducir con comisiones para llevar al exterior el dinero de la venta de Loma Negra. Prat-Gay era y es el “family agent” de la fortuna de Amalita Fortabat (ver aparte). Actualmente, y luego del misterioso cierre del negocio de banca privada del Morgan en la Argentina, Palacio empezó a trabajar en el mismo metier pero para el Citibank, entidad a la que arrió la mayoría de las cuentas que quedaron huérfanas del Morgan. En Internet, distintos artículos destacan su pase entre bancos, como una especie de Lionel Messi de los grandes negociados.
Tanto los popes de la Argentina como de la región, y tal como declaró el propio Arbizu, responden en forma directa a James Dimon y Mary Erdoes, uno y dos del Morgan en el mundo, quienes disponían las metas de ingreso de dinero al banco según las regiones. Reunían a sus ejecutivos de cada continente y establecían prioridades. Toda esta estructura es la que intenta preservar los secretos mejor guardados por Arbizu, como las empresas lavadoras y el rol del Morgan en la crisis de las hipotecas. Erdoes fue apuntada como una de las responsables de que JP Morgan operara para llevar a la quiebra a Lehman Brothers, sacándoles sus propios clientes bajo un alerta de crisis.
Arbizu, en su rol de banquero privado, pasaba tres semanas en Nueva York y una en Argentina. Sus funciones tenían que ver con la captación y administración de activos argentinos depositados en el exterior. Daba servicios de banca privada a clientes individuales en lo que internamente se denominaba “JP Morgan Latin America Private Bank” en la región Cono Sur. Un 90% en Argentina y un 10% en Uruguay. En pocas palabras, y según consta en la causa, ayudaba a los clientes “en la constitución de estructuras con las cuales ocultar la verdadera titularidad de los activos, esto se debe a que en muchos casos los activos no son declarados en el país donde residen los clientes“. Pero no estaba solo en semejante empresa: había por lo menos otros seis banqueros con su mismo rol en el país y la región. Alexandra Preite, estadounidense, trabajaba con clientes en la Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay; al igual que la colombiana María Elena Vergara. Adrián Garate, argentino residente en Estados Unidos, compartía cartera con Arbizu. Roberto Zorgno se encargaba en Buenos Aires del servicio financiero para los clientes, es decir, mientras los banqueros como Arbizu estaban fuera del país, llevaba el día a día de las cuentas. El caso de Zorgno es particular: hasta el año 2001 fue gerente de Inversiones Financieras del Grupo Clarín, de allí pasó al Morgan. Zorgno manejaba, junto a Garate y otros banqueros, un contacto fluido con los gerentes de Clarín, empresa con innumerables cuentas en el Morgan, todas investigadas por presunto lavado de activos. Mantenía reuniones con Alejandro Urricelqui y Alejandro Scanavino, los hombres fuertes del plano económico del holding de Noble-Magnetto.
Capítulo aparte merecen los colaboradores de banqueros como Arbizu y los antes nombrados. En la jerga del Morgan los llaman “hunters”, cazadores que rastrean posibles nuevos negocios de clientes deseosos de fugar y evadir impuestos, que luego derivan a los grandes banqueros. Entre ellos figuran Hernán Agote, Agustín de Estrada, María Laura Tramezzani y Ernesto Grijalba. Todos operaban desde la Argentina. Cuando Arbizu se autodenunció, Tramezzani se fue a trabajar para el Morgan en Chile. De Estrada era el encargado de prometerles a los nuevos clientes futuras visitas de banqueros “que vendrán de Nueva York“, como Arbizu. Es decir, hacía el trabajo sucio de seducir con promesas de futuro estatus. Grijalba, ecuatoriano, era una especie de pasante: buscaba en diarios e Internet los anuncios de ventas de empresas, chequeaba quiénes eran los dueños y pasaba la información. Por su parte, Carolina Sánchez Rivas era la secretaria de la oficina de Buenos Aires y llevaba la agenda de visitas de los banqueros como Arbizu cuando venían al país, reservaba los restaurantes de lujo y pedía taxis y remises.
Si bien no trabajaban en la Argentina, Arbizu también dijo haber conocido en su labor a Jeanette Bueno y Norma Caba, administrativas de operaciones en Nueva York (aparece como vinculada y contacto en la cuenta off shore de Juan Navarro Castex, ex Exxel Group). Además de Javier Gallego (español) y Federico Rousillón (argentino), que cumplían la misma tarea que Arbizu pero en Ginebra; ciudad que, como Nueva York, era para el banco un booking center, plaza a la que había que derivar el dinero de los clientes.
Futuros nuevos imputados
“Se trata, además, de un caso de criminalidad organizada donde existe una división y profesionalización del trabajo, una vocación de permanencia de sus miembros, una internacionalización de las actividades, una conexidad entre sus redes criminales y una actuación en los confines de la legalidad”, apuntó la Unidad de Información Financiera (UIF) en su reciente pedido de ser querellante en la causa que lleva Casanello, señalando a buena parte de los nombres que hoy publica este diario. Y agrega: “a estos directivos se les deben imputar los siguientes episodios: haber integrado una asociación ilícita destinada al lavado de activos de procedencia delictiva e infringir el régimen penal cambiario. En consecuencia, se deben imputar, al menos, los delitos previstos en los artículos 210 y 278 inc. B del Código Penal.” El primero establece penas de entre tres y diez años por asociación ilícita. El segundo estipula cinco años de prisión “cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”. La imputación de Arbizu, en este orden de cosas, sería la punta del iceberg de una serie de citaciones a declaratoria, ya que en la causa consta un esquema de responsabilidades políticas de las maniobras de lavado que pone al descubierto una acción conjunta con órdenes claras desde los Estados Unidos hasta la Argentina, sin escalas.