Marcela González: “Estamos a kilómetros de una causa de trata de personas”

La abogada Marcela González se refirió en la 99.9 a un nuevo caso donde el juez Inchausti relacionó a personas de nacionalidad boliviana con un delito de trata de personas con fines de explotación laboral que ha sido infundado: “no existes elementos que indiquen esa situación”, remarcó. 

El juez Santiago Inchausti es protagonista de una situación increíble. El magistrado ha resuelto imputar en una causa por trata de personas a un grupo de personas de origen boliviano alegando que los explotan con fines laborales.
La abogada que representa a esta familia es Marcela González quien habló en la 99.9 sobre el tema y destacó que “el tema comenzó en el 2014 y se inició por una denuncia del juzgado de Familia Nº 1 en el marco de una causa de abrigo con una menor institucionalizada y la madre trabajaba en el mismo predio. Investigaron dos años para ver si se estaba cometiendo el delito de trata de personas con fines de explotación laboral”. 
A finales del año pasado, la situación se agravó porque llegaron las detenciones: “en 2016 recién hicieron un procedimiento en el predio de mi cliente y se lo detiene. Ahí se le imputan distintos delitos como trata de personas con fines de explotación laboral agravado por la cantidad de víctimas y en concurso aparente de delito de reducción a servidumbre. Son todos delitos muy graves y sensibles para la sociedad”, aclaró la letrada.
Lo que les ha llamado la atención, más allá de la imputación es que no aparecieron nuevos elementos en la voz de las personas que son supuestamente los damnificados: “les tomaron declaraciones a las supuestas víctimas y en las mismas no surgían de ningún lado elementos que indicaran la presencia del delito. Sabemos con detalle la vida que llevan adelante porque los asistimos en otras cuestiones que no son penales”, destacó.
En consecuencia, conociendo como se presenta la situación, saben que se trata de un grave error: “notamos que se confundía lo que por ahí era vulnerabilidad laboral e infracciones a las normas administrativas o derecho laboral, con derecho penal. Estamos a kilómetros de distancia de lo que se ha investigado”, finalizó González.