Varios municipios vigilan las estaciones de tren para evitar el desembarco del ‘top manta’.
Evitar que lleguen a extender las mantas y que el paseo marítimo de turno se convierta en territorio top manta. Ese es el objetivo de las poblaciones costeras más turísticas. Algunas, especialmente en la Costa Daurada, están reforzando la vigilancia en las estaciones para evitar que los vendedores ambulantes bajen del tren en su municipio y lo hagan en otro. La presión policial en los paseos también se refuerza y, en algunos casos como en Roses o El Vendrell, han contratado vigilancia privada para mantener la tensión policial y no hipotecar tanto unas plantillas de policía local que no dan al abasto durante el verano. Estos esfuerzos empujan a muchos vendedores ambulantes a Barcelona, donde la presión policial es mucho menor.
En poblaciones como Platja d’Aro la coacción policial es constante. La política de tolerancia cero empezó a aplicarse hace una década y la unidad de bicicleta peina constantemente el paseo desde mayo. “El objetivo es que los manteros no se sientan cómodos”, dice el jefe de la policía de Platja d’Aro, David Puertas, quien explica que cuando localizan a un vendedor ilegal le confiscan el material y le multan. La sanción oscila entre los 150 y los 300 euros. La mayoría no se cobran porque los vendedores no tiene domicilio fijo. Tampoco en Calonge hay manteros. La policía local explica que cuando localizan a uno le exigen la justificación con facturas de la procedencia del material que tiene a la venta y si no las tiene se lo incautan.
También activan sus unidades policiales de playa, que incluyen patrullas en bicicleta, en las poblaciones más turísticas del norte del Maresme, como Calella, Santa Susanna o incluso Mataró. La constante presencia policial y la identificación inmediata de cualquier vendedor ambulante ha impedido que el fenómeno top manta se instale en este territorio.
En la estación de tren de Sant Vicenç de Calders, que da acceso a la playa de Coma-ruga (El Vendrell), también se ha reforzado la vigilancia policial para evitar el desembarco de vendedores ilegales. Hace unos años se contabilizaban unos 300 en este paseo, una cifra que se ha reducido a menos de medio centenar. Desde el Ayuntamiento asumen que es imposible erradicar un problema que es de competencia municipal pero que sobrepasa los límites de cada pueblo. Hace años se intentó organizar y concentrar a los manteros en una sola zona para establecer un mercado, pero la fórmula no funcionó. El año pasado contrataron a dos agentes de seguridad privada que recorrían toda la tarde el paseo y avisaban a la policía local si detectaban alguna incidencia. Este año han repetido la experiencia. “Funciona como fórmula disuasoria”, dicen fuentes municipales.
En Sitges la presión policial que se ejerce desde el año 2010 empieza a dar sus frutos según explica el Consistorio, que asegura que la venta ambulante es la prioridad número uno durante el verano. El número de vendedores se había reducido del centenar del año pasado a unos setenta esta temporada, pero con el inicio del mes de agosto “se ha notado un repunte”. Uno de los objetivos de la policía es evitar que se produzcan altercados y persecuciones cuando se identifica a un mantero o se procede a requisar los productos falsificados. Han constatado que si antes, cuando se acercaba un policía, los vendedores se iban corriendo, ahora se limitan a tapar los productos.
Pero pese a todos los esfuerzos y las operaciones para incautarse de material falsificado que las policías locales llevan a cabo conjuntamente con los Mossos d’Esquadra y en ocasiones con la Policía Nacional –y que en muchos casos no están exentas de tensión– en algunos municipios del litoral la venta ambulante sigue siendo un gran quebradero de cabeza. Roses, en la Costa Brava, es uno de estos casos. El Ayuntamiento ha contratado este año a seis vigilantes de seguridad y ha incrementado en diez agentes la plantilla de la policía local durante seis meses para vigilar el paseo marítimo de Santa Margarida, donde se instalan los manteros. El año pasado se llegaron a contabilizar hasta 400 vendedores ilegales en un tramo de tres kilómetros. Según los comerciantes, a principios de este mes ya eran unos 500.
La alcaldesa de Roses, Montse Mindan, insiste en que el problema del top manta sobrepasa el ámbito municipal y que más allá del efecto disuasorio que ejercen los agentes en determinados momentos, el problema no se resuelve: “Juegan al gato y al ratón. Cuando ven a los agentes recogen la mercancía y luego la vuelven a poner”, dice. En algunas ocasiones cuando los policías se disponen a incautarse del género o les instan a irse, se han producido situaciones tensas. Incluso en alguna ocasión, una pareja de agentes y el vigilante se han quedado rodeados por 15 o 20 manteros. Los comerciantes aseguran que cinco tiendas del paseo han tenido que cerrar por esta competencia desleal.
Y la tensión ante la presión policial va en aumento. Los manteros se sitúan en grupo para hacer frente común y defender su mercancía –valorada en una media de unos 500 euros– y a los municipios turísticos no les interesa crear tensión en la calle y dañar así su imagen. La semana pasada en Cambrils unos manteros plantaron cara a los agentes, aunque la situación pudo reconducirse. Sin embargo en Salou, por ejemplo, una patrulla de los Mossos d’Esquadra que se disponía a identificar a dos posibles vendedores y requisar todo el material falsificado que llevaban, tuvieron que salir a toda prisa, porque en unos minutos se vieron rodeados por un grupo de una docena de manteros que empezaron a tirar objetos como sillas y cadenas al coche policial.