Recta final

Un miércoles al mediodía, desde Lebensohn al 500, salió una movilización de obreros ferroviarios y dirigentes políticos que fueron interceptados por una patota organizada de la burocracia sindical y por un cordón de la infantería de las policías federal y bonaerense.

Se veía venir la catástrofe que efectivamente ocurrió. A la altura del Puente Bosch comenzaron los disparos con balas de goma de la policía y la golpiza de la patota sindical, resguardada por patrulleros que actuaron “profesionalmente” en su objetivo de proteger a quienes llevaron la medida al máximo, utilizando armas de fuego cuyos proyectiles se alojaron en la humanidad de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre, Ariel Pintos y el fallecido Mariano Ferreyra.

Comenzaba una larga trama de ocultamientos para eludir responsabilidades en el juicio ulterior. No quedaron exentos en las maniobras funcionarios policiales de primer nivel -algunos de los cuales ni siquiera se presentaron, como el comisario Lompizano-, y también políticos destacados, que tuvieron decidida y pública toma de posición a favor de los culpables, como el caso de Aníbal Fernández o el ministro Carlos Tomada. Así ha quedado al menos comprometido su accionar en las instancias del juicio como lo encontramos hoy, conforme la abogada de la familia de la víctima Dra. Claudia Ferrero que es, además, militante del Partido Obrero (PO) y quien estuvo presente el día de los acontecimientos.

 

Noticias & Protagonistas: ¿En qué estado está la causa y cómo queda el ministro Tomada frente a la escuchas públicas presentadas en el juicio?

Dra. Claudia Ferrero: Comenzamos ya a transitar la etapa final, se cerró el proceso de prueba y comienzan los alegatos de la familia de Mariano Ferreyra; luego vendrán los de los abogados del Partido Obrero, porque además de la muerte de Mariano hubo otros heridos: Elsa Rodríguez recibió un impacto en la cabeza con serias secuelas. Lo que se vio en el proceso de prueba ampliado es lo que determinó el móvil del crimen; que Pedraza y Fernández instigaran a su cuerpo de delegados para actuar y provocar muertes entre trabajadores quedó al desnudo, junto a la cogestión de la Unión Ferroviaria (UF) y la Fraternidad con las empresas y funcionarios del Estado.

N&P: ¿Quiénes estarían más comprometidos?

CF: Juan Pablo Schiavi, como subsecretario de Transporte, y el subsecretario Antonio Luna a la cabeza, también el Ministerio de Trabajo con Tomada, Rial y Ricardo Octavio, que en las escuchas presentadas, entre otras cosas surge que ante el paro provocado por la UF, cuando detienen a Pablo Díaz, uno de los autores y organizadores del crimen, preguntan si conviene que le apliquen la ley, lo que muestra el entramado de cogestión, con prebendas económicas compartidas entre sindicalistas, empresarios y funcionarios. El entramado que provoca el crimen luego sigue y explica la masacre posterior de Once.

 

N&P: ¿Por qué en Argentina las cosas requieren de muertos para que se operen los cambios necesarios? ¿Llevará este caso a que se produzcan algunos de ellos? Porque en Ferrobaires no parece que esto vaya a suceder

CF: Ferrobaires es una cueva de corrupción que a pesar de tener varias causas iniciadas y piezas procesales que deberían ser investigadas por distintos delitos, no hay ninguna acción real de la justicia. Hay un uso del patrimonio de los Ferrocarriles para realizar transacciones poco claras de vivienda, hay personal “ñoqui” en gran cantidad, un 40% de la planta; hay gente armada circulando, hay promotores de negocios en Constitución de venta y compra de dólares, reducidores de mercadería en negro, una serie de cosas que fueron expresadas por testigos en el juicio, que no tiene que ver con el objeto procesal, pero sí con denuncias penales, y sin embargo no hay medidas reales en su contra.

 

N&P: Lo curioso es que estando en un juicio oral y público de esta magnitud, ni el tribunal ni el fiscal piden que se abra otra causa…

CF: Creo que tiene que ver con que todos los que hacen estas referencias suponen en teoría que existen esas causas en manos de un juez u otro fiscal, pero éstas no se desarrollan. De todos modos, no es responsabilidad de este tribunal. Sí es su responsabilidad condenar a Pedraza y los coautores a cadena perpetua, porque lo que sí hay es abundante prueba que determina la participación criminal de la patota de Pedraza y de él mismo, como también de la Policía Federal.

 

N&P: De todos modos, ustedes abogan por la individualización de otros responsables, ¿verdad?

CF: Sí, estamos convencidos de que falta sentar en el juicio para verificar  su participación a varios funcionarios, el jefe de la Policía Federal, el jefe político Aníbal Fernández, y toda la plana mayor de la Subsecretaría de Transporte. Hay que investigarlos, porque en los momentos previos hasta el hecho en sí y en los posteriores, se advierte una relación muy grande con el poder político. Por eso, además de la condena a los imputados, pediremos investigarlos a ellos. Eso quedó claro hasta por la declaración de un imputado de la policía, que dijo que respondían a órdenes políticas.

 

N&P: Fernández acumula estas cosas, hay un escenario que lo debería tener inquieto. ¿Será que se siente impune?

CF: Nosotros esperamos al menos que el tribunal recoja el desafío histórico de que por primera vez en la historia, se acote la impunidad a los autores intelectuales directos del crimen. Es una expectativa, confiamos en el entendimiento de los jueces, y creemos que una movilización popular lo garantizaría.

 

N&P: Lo importante es que juzguen por lo que dice la ley, no por las movilizaciones.

CF: Sí, pero la aplicación de la ley es condenar lo que para la sociedad significa un delito. Por eso a veces deja de aplicarse. La ley escrita pierde vigencia si no es alimentada con lo que la sociedad considera justicia; por eso, y lamentablemente, los jueces están supeditados a una presión política y a los cargos que ocupan en el sistema; son seres humanos. Pero no son ajenos a la presión social; entonces, puede ser ideal lo que ustedes dicen, pero el derecho no es letra muerta sino que está influida por lo que la sociedad espera de la justicia. La presión popular le marcará al tribunal cuál es la interpretación de la ley. La misma ley, en una mirada, puede aplicar distintas cosas: en la mirada de un pibe que roba un pasacasete, al que no se le da una garantía, pero a un ladrón de guante blanco o un sindicalista, se le dan las todas y se extrema la interpretación para favorecerlo.

 

N&P: Es verdad que hay muchos casos impunes, los de IBM, Banco Nación, en fin…

CF: Creo que podemos sumar a la lista el caso Marita Verón, que fue un alerta. Los testimonios, la sociedad, todos pedían la condena. Nadie que siguiera el juicio tenía dudas de que eran tratantes de blancas…

 

N&P: ¿Usted leyó el fallo completo? Porque dicen que no hay pruebas, lo que no quiere decir que esa gente no fuera abominable…

CF: En la codena dicen que no había pruebas; pero el alegato de la querella es que en el lugar de las pruebas hubo testimonios que dijeron que Fulano y Mengano habían secuestrado a Marita Verón. La prueba se produjo, yo no estuve en el juicio aunque leí la querella… Más allá de todo, después de diez años, no hay nadie inculpado. La justicia, en ese sentido, falló. Vuelvo al caso que nos ocupa que sí manejo: tengo todas las pruebas necesarias en las 56 audiencias, que pueden seguirse por la página donde está cada declaración.