Los europeos tienen la sensación de vivir en un ambiente de corrupción generalizada. Tres de cada cuatro suscriben esa apreciación, según un amplio estudio publicado este lunes por la Comisión Europea, basado en una encuesta ciudadana y en análisis propios. Esa opinión es prácticamente universal en Grecia (99%), Italia (97%) y España (95%), pero también alcanza niveles preocupantes en países con reputación de seriedad como Alemania, donde el 59% de la población cree que las corruptelas están muy extendidas.
Buscando la legitimidad en esas cifras, el Ejecutivo comunitario ha elaborado su primer informe sobre la corrupción en la Unión Europea, un asunto delicado para los Estados miembros, a los que les cuesta aceptar el escrutinio externo. Bruselas no se ha atrevido a realizar su propia clasificación de países más o menos corruptos, pero sí analizó la situación de cada uno con casos concretos de debilidades y malas prácticas en la lucha contra este fenómeno. “La corrupción mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y los Estados de derecho”, advierte la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, en la presentación de los resultados. Y anima a los gobernantes a atajar este problema, pues “los resultados muestran que no se está haciendo lo suficiente”.
Bruselas se ha decidido a hacer público este informe -con varios meses de retraso- con el convencimiento de que el nivel de corrupción reinante en los Estados miembros debe atajarse. Para ilustrar sobre la magnitud del problema, el Ejecutivo comunitario cifra en 120.000 millones de euros el dinero que cuestan las corruptelas cada año en toda la UE. “Algunos indicadores muestran que la corrupción ha crecido con la crisis. Pero precisamente la crisis demuestra la necesidad de luchar contra ella, aunque solo sea por razones económicas“, agrega Malmström.
Pese a todo, hacer descansar todo el análisis comunitario en una encuesta tiene sus riesgos. Porque si la percepción de los ciudadanos se correspondiera absolutamente con la realidad, el nivel de corrupción en la UE igualaría a los de Estados dictatoriales o con escasa tradición de democracia. Probablemente, la multiplicación de casos que han salido a la luz pública y la menor tolerancia que se les otorga ahora crea esa imagen de problema generalizado. Solo los escandinavos parecen escapar de ese pesimismo sobre la honradez de sus poderes públicos.
Acertada o no, los ciudadanos tienen la convicción de que el problema se agrava. Más de la mitad de los europeos creen que esas prácticas han emporado en los últimos tres años, con España a la cabeza (77%). El punto débil de estas aseveraciones llega al preguntarles por su propia experiencia. Solo un 8% de los interrogados asegura haber experimentado o haber sido testigo de un caso de corrupción en el último año, una cifra que casa mal con la impresión abrumadora de entorno corrupto. Y de ellos, apenas un 12% lo denunció.
El otro punto débil es que prácticamente solo se evalúa la corrupción en el sector público. El Eurobarómetro, que recoge las respuestas de los ciudadanos, dedica también un pequeño apartado a las prácticas ilícitas en el ámbito empresarial, que tampoco sale muy bien parado. El 67% de los encuestados considera que la corrupción es parte de la cultura empresarial en el país, aunque en buena medida las preguntas se centran en las conexiones entre el mundo político y económico y las oportunidades que ofrecen para comportamientos irregulares.
Más allá de las cifras, Bruselas ofrece un diagnóstico del problema y una serie de recomendaciones. El informe divulgado este lunes subraya la falta de rendición de cuentas de los políticos y los problemas en la financiación de partidos. También, la falta de controles que facilita esos comportamientos contrarios a la norma. “En muchos Estados miembros, los controles internos en el país (principalmente en el ámbito local) son débiles y descoordinados. Hay que reforzarlos”, concluye el texto.
Fuentes de la Comisión subrayan también la falta de eficacia de las agencias e instituciones que deben perseguir las conductas erróneas en los 28 países comunitarios. Bruselas detecta “falta de voluntad política” para dotar a esos organismos de la independencia necesaria o para establecer una duración de sus mandatos que les permita sancionarlas.
La falta de controles afecta principalmente a los ámbitos autonómico y local, con análisis que “tienden a ser más débiles que en el nivel central [de la Administración]”, reza el informe. A falta de competencias para imponer medidas, la Comisión lanza una serie de recomendaciones a los Estados, entre las que figuran mejorar la rendición de cuentas ante los ciudadanos, reforzar los mecanismos de control y elevar las sanciones para los casos detectados, especialmente en la contratación pública.
Lo que el Ejecutivo comunitario deja en el tintero es una evaluación de este fenómeno en el seno de las instituciones europeas. Preguntada al respecto, la comisaria Malmström alegó en conferencia de prensa que una autoevaluación corría el riesgo de resultar poco independiente y que por eso encargarán este ejercicio en el futuro al grupo que se encarga de medir la corrupción en el Consejo de Europa, el órgano que vela por los derechos humanos en el continente, más allá de la UE. Tras este primer ejercicio presentado este lunes, el próximo examen a la corrupción en el club comunitario llegará dentro de dos años.