Artillería pesada

Central 987
Enfrentamiento judicial | El juez Alfredo López investiga las agresiones contra el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. Se enfrenta con el fiscal general Daniel Adler y lo trata de mentiroso consuetudinario. El magistrado pidió el apoyo de la gente, y dijo que el escrache que sufrió fue un atropello a la justicia.

Quizá la agresión contra el presidente Macri y la gobernadora Vidal haya sido el detonante para que las miradas se vuelvan hacia irregularidades que ya venían sucediendo dentro de la justicia federal. Precisamente, el juez federal Alfredo López es quien está tratando de llevar adelante la causa, y en entrevista con la 99.9 se ocupó de evaluar el desempeño de la fiscal Laura Mazzaferri. Ella, no sólo comenzó por no querer tomar la denuncia, sino que ahora –afirma- estaría tratando de obstaculizar la investigación. “Lódola lo aceptó de oficio, e inmediatamente comenzó a hacer investigaciones, hay un claro contraste”, dijo el magistrado. Refiriéndose a los documentos de apoyo para el inicio de las investigaciones, señaló: “hay filmaciones e informes que se van a elevar, con distintos nombres de funcionarios del anterior gobierno en la gestión municipal y nacional, en el lugar de los hechos”.
Claro que las voces políticas se alzaron, y mientras unos minimizaban los hechos, los otros subrayaban su importancia. Frente a esto, el juez manifestaba que era necesario que no se cambiara el eje de la discusión: “no se está haciendo foco en la gravedad de los hechos ocurridos y en que constituyen delito. Ahora es materia de investigación, con una repercusión nacional e incluso internacional, por el ataque a una comitiva presidencial”. 

El primer informe fue presentado por el jefe regional de la Policía Federal, el comisario Goldar, y en él se basó el inicio de la investigación. A propósito del funcionario, el juez afirmaba: “tengo el mayor respeto por él. Recuerdo que en otra etapa de su gestión, como delegado de la Federal, actuó muy bien en un desalojo donde el prefecto Fortini se negó a prestar la fuerza pública a pesar de estar notificado”.

Además, explicó que en aquel momento, las fuerzas de la Prefectura tenían orden directa de Aníbal Fernández para no colaborar con la justicia: “me dijo que estaba cumpliendo órdenes del ministro Aníbal Fernández, pero el jefe de la Prefectura no quiso informarlo por escrito. En otro conflicto por un desalojo en el puerto, el prefecto de aquel momento me informó que la orden se la había dado el ministro Fernández, y yo le elevé la intimación porque era el responsable de esa situación”, destacaba López.
La denuncia apunta ahora a la fiscal federal que pertenece a la agrupación Justicia Legítima, porque podría estar actuando en contra de la investigación: “Estoy resolviendo un pedido de la fiscal Mazzaferri, por obstaculizar pruebas que estoy ordenando. Resulta insólito, porque todavía no tenemos ni siquiera individualizados a los responsables, y la fiscal está impulsando la obstrucción de los pedidos de prueba”, remarcó.

El cínico

El juez federal Alfredo López hoy pasó a primera plana y levantó su voz contra Adler, a quien le exige intervención, pero el fiscal general respondió con firmeza a sus acusaciones. Una parte de la ciudad se manifestó en apoyo al juez, pero las  agrupaciones de izquierda organizaron un escrache en la puerta del juzgado donde desarrolla su tarea. En el micrófono de la 99.9, el magistrado respondió ubicando a los actores en su escenario definitivo: “la actitud de Adler es de un cinismo que nunca vi en mi vida en 30 años dentro del Poder Judicial. Me acusa a mí, que estoy durmiendo 2 o 3 horas por día trabajando en esta causa, de una investigación injustificada y demorada (…); públicamente dijo que estaba preocupado en investigar, y cuando le planteo el pedido de apartamiento de Mazzaferri, me dijo en la madrugada del sábado que él no tenía facultades, pero yo sí”.

Acerca de la delimitación de las funciones judiciales explicaba: “si conoce el Derecho, debe saber que el Ministerio Público es un órgano extrapoder; el juez no puede remover a un fiscal, porque no está bajo su órbita. Mazzaferri está bajo la órbita de Adler. A mí me criticaba el accionar de Mazzaferri personalmente, y luego la sostenía en el expediente, rechazando mi pedido de apartamiento, cuando él mismo ha firmado resoluciones que lo habilitan a hacerlo. Es un mentiroso consuetudinario y recalcitrante”, definió.
López le respondió al Fiscal general punto por punto, en cada una de sus afirmaciones: “me acusó de tomar actitudes ilegales en la investigación, circunstancia que desmiento absolutamente. He sido sumamente cauteloso, y se me criticó por eso. Ordené a la policía que hiciera un exhaustivo análisis de las imágenes para identificar a las personas y no cometer el error y la injusticia de imputar a alguien que estuvo en el lugar pero no formó parte del ataque”.

El juez aclaró que después del escrache no hubo una respuesta contundente de la justicia, que lo avalara: “si no tengo apoyo ciudadano en Mar del Plata, voy a renunciar al cargo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estoy absolutamente solo, no tengo apoyo dentro de la justicia federal”. Consideraba que hubo una pasividad absoluta de la ciudadanía cuando un juez era atacado por el sólo hecho de investigar: “Mi persona no tiene relevancia, acá está en riesgo que la justicia investigue”, sentenció; “el triunfo de los malos es producto de la inacción de los buenos”.

Lo que sucede en Mar del Plata, sin duda, ha generado un debate dentro de la justicia misma, con fiscales federales que se niegan a investigar la agresión al presidente Mauricio Macri, y hasta tratan de obstaculizar la investigación del juez Alfredo López.

Los apoyos reclamados

Miembro de Usina de Justicia, el fiscal Marcelo Romero brindó su opinión en la 99.9: “la creación del partido político Justicia Legítima es una mancha negra para la historia judicial argentina () cualquier magistrado tiene derecho a tener su ideología y postura, pero quien elige la carrera judicial no puede hacer política dentro de esta institución, porque la justicia debe ser independiente del poder político”. En cuanto a los hechos de Mar del Plata, agregó: “es algo escandaloso, porque dos fiscales federales y el fiscal general se están negando a investigar el ataque al presidente de la Nación. Ni siquiera hay que esperar las pericias, porque se vio en vivo por la televisión. Le brindo mi apoyo al magistrado, que no conozco, y espero que los marplatenses hagan lo mismo”.
Abundaba respecto del reclamo de modificación de las normas: “lo más preocupante es la interpretación que se hace de las leyes. El Código Penal es severo, no es Disneylandia, pero hay una interpretación absurda basado en el abolicionismo zaffaronista”. Aún más: “es lógico, pero a la vez terrible, que existan fallos absurdos contrarios a la lógica. Lo jóvenes estudiantes tienen que leer a Zaffaroni, pero confrontarlo con otras teorías. Es simplemente el pensamiento de una persona, no una Biblia. Tienen que leer a autores clásicos para luego confrontarlos”, agregaba el fiscal. Y adentrándose en las ideas de Zaffaroni agregó: “van a pasar muchos años para revertir esto. No es sólo por los jóvenes estudiantes de Derecho, porque esto ha llegado a la Magistratura Superior, es decir jueces de Cámara y de Casación Federal que toman la doctrina de Zaffaroni como si fuera un oráculo”.

Desde el arco político y las fuerzas que integran Cambiemos, el diputado provincial de la Coalición Cívica, Guillermo Castello, también ponía su palabra para destacar la tarea del juez López: “Tiene que saberse que (López) tuvo un problema con su auto porque se lo chocaron. Todo es por querer acabar con 12 años de impunidad en el kirchnerismo“. A propósito de la posición opositora explicó: “Justicia Legítima se ha convertido en una organización que le aseguró la impunidad al kirchnerismo, y eso debe terminar. La investigación del juez López va por el camino correcto, como su denuncia contra los fiscales que se niegan a investigar”. El diputado expuso su definición política como representante de la fuerza que encabeza Elisa Carrió, y subrayó que el magistrado tiene todo el apoyo de la referente de la Coalición Cívica: “estamos estudiando con ella la presentación de una denuncia por obstaculización de la justicia contra estos tres fiscales. Eso nos consta en lo que hemos podido recoger”.

Castello se refirió específicamente a quienes serán objeto de la investigación prometida dentro del ámbito mismo de la administración de justicia, y dijo: “Esto se debería terminar porque no tenemos un gobierno que persigue a los jueces. Hay defensores del kirchnerismo que deberían dejar de hacer esto y ponerse a investigar; caso contrario, seremos una republiqueta durante mucho tiempo más”, sentenció.

Recientemente, se ha presentado una denuncia contra Alejandra Gils Carbó y Daniel Adler por distintos posibles delitos dentro de Justicia Legítima. La presentación la realizó el abogado Damián de Ángeli, quien en entrevista con esta emisora especificó que apunta a probar la asociación ilícita, malversación de caudales públicos y otros delitos concatenados con la intervención de una organización parajudicial. Así se refiere a Justicia Legítima, cuyas dos figuras destacadas son Gils Carbó y el fiscal de Cámara Daniel Adler, y por eso recae en ellos la denuncia. A propósito de su presentación, de Ángeli narraba así los hechos: “nos maltrataron bastante cuando fuimos a hacer la presentación, pero la hicimos igual. Fue en Independencia 3179, quinto piso, mesa de entradas; la Fiscalía General. Nos tuvieron más de media hora para tomarnos la presentación porque tenían que leerlo primero para ver si lo aceptaban”. Y en un arranque de humor, agregaba: “lo vamos a seguir hasta la Corte intergaláctica, no vamos a permitir que lo metan en un cajón. Estamos seguros de que esta gente participó de la elección irregular de funcionarios judiciales. Fue un claro intento de colonización de la justicia por parte de un partido político”.

Justicia Legítima está integrada por jueces y camaristas cuya ideología responde al Frente para la Victoria en oposición al actual gobierno del Pro, y de esta manera, quien sería su fundadora -Gils Carbó- viola la Ley Fundamental que le prohíbe injerencia política. Además, ha creado una estructura ilegal paralela al Ministerio Público Fiscal existente, lo cual representa un peligro para la validez del proceso de juzgamiento.

El juez López considera que no es casualidad, que existe un plan sistemático de desestabilización que se relaciona con las agresiones contra el presidente de la Nación Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal que acontecieron en esta ciudad. Agregó que la fiscal Laura Mazzaferri no sólo se negó a recibir el informe de la violencia contra las autoridades y de las fuerzas de seguridad que actuaron, sino que obstaculiza la investigación antes de que se produzcan las pruebas y haya imputados.

El juez Alfredo López ha reclamado compañía cívica desde que comenzó a investigar los incidentes contra el Presidente y la Gobernadora. Aludió sentirse solo en la cruzada, que, asegura, llevará hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, la concentración de más de 2.500 personas frente a su juzgado en la fría tarde del viernes 26 próximo pasado, estaría indicando que aunque él firme las resoluciones en soledad, en su escritorio y con su lapicera personal, no está solo: muchas voluntades ciudadanas lo acompañan en la sombra y el anonimato, en el entendimiento de que su éxito será el de toda una sociedad, que desde hace décadas reclama una palabra con contenido: justicia.