Una sentencia del Tribunal Nº 4 condenó a prisión a integrantes de una familia de narcotraficantes del Barrio Libertad. Usaban niñas para la atención de los clientes, pero ellos no son los únicos que se ligan por lazos de sangre para ejercer mejor el oficio. La policía busca estrategias de intervención.
El relato es propio de una escena cinematográfica, y revive hoy, una vez que los integrantes del Tribunal en lo Criminal Nº 4, Gustavo Fissore, Jorge Peralta y Alfredo Deleonardis, dictaron sentencia en la causa. Los allanamientos se habían producido sobre finales de 2010, aunque estos detalles de un escenario florido no se habían conocido por completo.
La investigación rondaba entonces en torno al Barrio Libertad, cuando varios indicios llevaban a pensar que en una casa ubicada en la vereda impar de la calle Bolivia entre Necochea e Ituzaingó se comercializaba droga. En rigor, sería difícil hablar de una casa. Se trataba de una construcción cerrada en el fondo del lote, un cuadrado sin baño. Y al decir “cerrada”, la palaba es utilizada en sentido literal: no había ventanas, ni ninguna forma de abertura. La única comunicación con el exterior era una puerta blindada, por lo tanto inexpugnable, y dos pequeños agujeros en la mampostería a través de los cuales se llevaban a cabo las operaciones de venta de cocaína. A punto tal que en ocasión de los allanamientos, la policía debió ingresar destruyendo parte de la pared misma, y en el orificio de la pared aún había un envoltorio.
La sorpresa fue lo que se encontró en el interior del búnker: una joven de 13 años se encontraba allí, vinculada con los ahora condenados por el delito de comercialización de drogas, agravado por el hecho de involucrar en ello a menores de edad. En las inmediaciones había una segunda niña de la misma edad, se sabe, también relacionada con las acciones que aquí se denuncian, y fue vista por los investigadores dialogando con los eventuales clientes, a quienes habría guiado a su punto de venta. Se trata de la pequeña hija de Oscar Ordóñez, uno de los condenados, y nieta de Clara Alicia Chávez, supuesta líder de la banda, hoy en la misma situación.
Dentro de la finca se incautaron trece envoltorios de cocaína que incluían cantidades que iban entre los 0,3 y los 0,7 gramos, de una pureza y concentración iguales a los envoltorios que fueron encontrados en poder de los clientes. La policía los encontró en flagrante acto de comercialización, por lo cual resultó imposible que el defensor Sergio Fernández pudiera sostener su posición: afirmaba que no estaba probado que las drogas tuvieran como fin la venta.
Cuando la policía se dirigió a la casa de la abuela Chávez, pudo verificar que su moradora intentaba deshacerse de un paquete que contenía más de 127 gramos de cocaína, una parte en envoltorios fraccionados, y otra compactada: trataba de arrojarlos por fuera de los límites de su casa. Se trataba de la casa familiar de Maipú al 8600.
Algo similar sucedió cuando el padre de la pequeña, Oscar Alejandro Ordóñez, fue detenido por personal policial a bordo del coche EcoSport que solía conducir, en el cual verificaba el curso de sus negocios de la calle Bolivia. Las cantidades de cocaína que había en su interior fueron a parar al bolsillo de la puerta del acompañante, al freno de mano y otros escondites de la carrocería. Se trataba de 163 gramos de cocaína de idéntica concentración, clase y pureza que las incautadas en los allanamientos de las casas. De esta manera todo comenzaba a cerrar, ya que las voces y denuncias informales aseguraban que el punto de venta del Barrio Libertad pertenecía al Chavo Ordóñez, tal el alias con el que Oscar era conocido. Junto a él estaba la tercera coimputada, a quien le cupo la figura de “duda razonable”. Se trata de Carla Daiana Chapa, pareja de Ordóñez y madre de sus hijos, que habitaba en Bolivia al 300. No fue posible vincularla de manera inequívoca con los delitos, ni asegurar que ella dispusiera de alguna manera del material incautado, o pudiera decidir sobre su comercialización. Por lo tanto fue inmediatamente liberada por orden de los jueces, en momentos de lectura de la sentencia.
Lo cierto es que por esta vez, por una vez, esta ciudad sitiada por el narcotráfico que se mueve por las calles con absoluta comodidad, recibió un gesto mínimo de justicia: gracias a la intervención de los jueces del Tribunal Nº 4, Ordóñez fue condenado a seis años y seis meses de prisión, y Clara Alicia Chávez, a seis años. Las menores fueron puestas a disposición del fuero penal juvenil. Y lo primero es la familia.
Todos unidos
El narcotráfico aparece como especialmente vinculado a contextos delictivos de tipo familiar. Y de hecho, el Barrio Libertad parece ser un sector de la ciudad permanentemente asediado por este tipo de flagelo, y por la modalidad de los motochorros, tal como lo explicó en reportaje para este semanario el comisario Pablo Bianchi, de la Comisaría Sexta. Expuso que la policía hará intentos para rentablar un vínculo con los vecinos del barrio que permita trabajar de manera conjunta contra la inseguridad, ya que desde hace un tiempo, al decir del policía, “la gente estaba muy peleada”.
Su propósito es reinstalar en esta zona candente de la ciudad un foro de seguridad plural que permita generar nuevas estrategias de trabajo, y así mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes de la zona.
Precisamente el fiscal Marcelo Blanco explicó en entrevista exclusiva con la emisora 99.9., el procedimiento por el cual fue desbaratada otra banda comandada por una mujer, que operaba en el mismo Barrio Libertad, y desplegaba un radio de acción en el curso de tres domicilios de la zona.
Una importante tarea de inteligencia terminó por descubrir que se trataba de dos viviendas en las cuales se realizaba la operación de venta, más otro sitio en el cual se guardaba un vehículo, utilizado como improvisado depósito de drogas. Las sustancias eran así protegidas de la mirada de vecinos y policías. La curiosidad es que, además, se ocultaba la cocaína en cestos de basura de la propiedad, y en un hueco producido en el paredón del vecino, quien desconocía absolutamente que se realizaban tales tareas en los límites de su casa.
A la mujer se le secuestraron 150 envoltorios de cocaína, más el correspondiente material de corte. La detenida es la esposa de un famoso traficante de apellido Casco, que se encuentra detenido por el mismo delito.
Se trata de grupos familiares organizados en torno del delito, con estrategias propias, que permitieron que –por ejemplo- la propiedad mencionada hubiera sido allanada dos semanas antes, y el resultado del procedimiento hubiera sido negativo. De alguna manera se había logrado ocultar todo rastro de las tareas que allí se llevaban a cabo.
Dijo el fiscal: “Los grandes distribuidores nunca cambian, no se modifican. Sí los vendedores, son los que cortan las sustancias con otros elementos, generalmente de baja calidad, como éter, acetona y carbonato. Ahora hasta se utiliza un antiparasitario para animales, además del tradicional polvo de vidrio de tubo fluorescente. De allí -dijo el fiscal- que las dogas generen en el cerebro semejante locura, que después vemos en asaltos con gran violencia, ensañamiento y torturas”.
Blanco se refirió además a la necesidad de reactivar las becas para personas en situación de recuperación de las adicciones, como una estrategia que permita una salida para las personas más humildes que son adictas, que en la actualidad el SEDRONAR ya no tiene este tipo de becas, y el CPA las ha retirado, o al menos reducido al mínimo. “Así– dijo– se perjudica a los sectores más bajos de la sociedad, que quedan abandonados a la buena de Dios. Porque los demás tienen sus propios recursos para recuperarse de las drogas. Los ricos se pagan la curación ellos mismos”.
El fiscal Juan Pablo Lódola se refirió al llamado “crimen de Pili”, que aconteció en uno de los patios interiores del Complejo Centenario, en lo que se supone fue un ajuste de cuentas entre individuos vinculados al delito. La víctima, de 39 años, estaba armada, y tenía en su poder cocaína y una suma de dinero en efectivo cercana a los $3.500.
Sucedió que a pocos metros del lugar del hecho –Alvarado y Tierra del Fuego- hay un destacamento dependiente de la Comisaría Cuarta. Por esa razón fue que un efectivo de la policía pudo escuchar un disparo, y al acercarse vio que un hombre adulto huía del sitio mencionado, instantes después de que se hubiera escuchado la detonación del arma de fuego. Por esa razón, y porque vio que intentaba esconder algo entre sus ropas, decidió perseguirlo, y al llegar a la esquina perdió el contacto visual porque el hombre ya había doblado. A los pocos segundos fue prácticamente atropellado por una camioneta blanca que el responsable de los hechos acababa de abordar.
La víctima era Alberto Martín Pili, un hombre con antecedentes penales, cargado de sustancias prohibidas, cuya familia rodeaba ahora a la policía, e insultaba a los gritos a todas las autoridades presentes. Lo mismo le sucedió al fiscal Lódola, que trataba de minimizar el hecho diciendo que también forma parte de su trabajo resistir estas formas de maltrato. Lo cierto es que basta la anécdota para pintar de cuerpo entero la manera en que las familias ligadas al delito reclaman una justicia ejemplar, cuando les ha tocado ser víctimas. Una forma de justicia de la cual ellos y los suyos no son respetuosos. Una forma de justicia que parece tener rigor y presencia cuando la lente los enfoca. Cuando los daños afectan a su “point”.