Procesamiento a Pulti | La Cámara rechazó el pedido de nulidad presentado por los abogados del ex intendente Gustavo Pulti. Los jueces dijeron que su procesamiento marchará hacia adelante porque los fiscales actuaron correctamente. Va a juicio oral porque en estas arcas falta plata.
Era lo esperable, porque el recurso judicial de nulidad era prácticamente un manotazo de ahogado. Pero nunca se sabe. Lo cierto es que hubo un disparo para el lado de la justicia, que apareció en papel y tinta, cuando la Cámara de Apelaciones, integrada por los magistrados Adrián Angulo, Marcelo Madina y Walter Dominella, decidió confirmar la decisión que ya había tomado el juez de garantías Saúl Errandonea: decidió rechazar la apelación interpuesta por los defensores del exintendente Pulti, Marcelo Savioli Coll y Alejandro Borawsky Chanes.
Los hechos ocurrieron así: tras la citación a indagatoria y el inminente procesamiento del exjefe comunal, los defensores presentaron un recurso de nulidad basado en considerar, en síntesis, que al intendente no había nada que reclamarle, toda vez que de haber cometido alguna falta administrativa, sobre ella debía expedirse el Honorable Tribunal de Cuentas. Y que este organismo provincial aún estaba trabajando.
Técnicamente, la cuestión es un tanto más compleja. La evaluación requiere fundamentaciones jurídicas que los apelantes están esquivando, y más análisis que mencionar artículos de manera general. Por ejemplo, ellos se amparan en decir que el posible proceso estaría violando cuestiones de orden constitucional, tanto en referencia al marco legal nacional como provincial. Exponen que se trata de delitos de orden económico administrativo, que entran en la competencia del Tribunal de Cuentas, y por lo tanto constituyen un tema prejudicial que debe de ser resuelto por un juez no penal. También argumentan que lo establecido por el Tribunal de Cuentas se toma como cosa juzgada, es decir que no vuelve a reverse porque causa estado. Entonces, esta decisión sería vinculante para otro juez: “Se produciría un escándalo jurídico incompatible con el estado de derecho, si el Tribunal de Cuentas no cuestionara los hechos y el juez penal sí”.
Los argumentos
Ahora van entrando en tema. Dicen que no es una cuestión penal sino de revisión administrativa inapelable. Pero además, los abogados agregaron, frente a la ya conocida denuncia de José Cano, que el contador municipal no tiene competencia para calificar el incumplimiento de la ley en cuanto a delito. Es decir que no puede ser el ejecutor que lleve adelante la denuncia. Y encima, que el ministerio fiscal no puede inspeccionar el cumplimiento en materia administrativa. Es decir que a esta gente no la toca nadie: nadie es digno de contarle las costillas al dueño de la corona.
Ahora bien, el juez de garantías – que no se había achicado- ya había argumentado lo suficiente al establecer que no estaba de acuerdo con estas limitaciones, y, por el contrario, consideraba que el proceso debía seguir adelante. Recientemente, el tribunal de apelación, frente al nuevo reclamo, recoge algunos de los párrafos de su resolución fundamentada, que termina de completar.
La Cámara explica, por ejemplo, que la decisión del Tribunal de Cuentas no aparece contemplada en la legislación como una cuestión prejudicial. Y agrega que por esa razón la defensa no dio ningún marco normativo específico sino que se expresó de manera genérica. En efecto, los defensores de Pulti citaron una serie de artículos de la Constitución, pero no es posible inferir de ellas que el posicionamiento que asuma el Tribunal de Cuentas obligue a paralizar la investigación penal. Dice: “en efecto, el fallo del Tribunal de Cuentas no consume todos los aspectos y elementos de la imputación penal, y su competencia, aun de rango constitucional, no constituye un poder de realización penal que restrinja el contenido sustancial de la imputación, que no se reduce, en la especie, a los aspectos contables sometidos al conocimiento del Tribunal de Cuentas”.
Vale decir que los Tribunales de Cuentas son órganos colegiados mixtos integrados por profesionales en ciencias económicas y letrados, que tienen además garantías de independencia para el ejercicio imparcial de sus funciones. En su tratamiento, a estos profesionales se los equipara con magistrados del Poder Judicial, pero esto no significa que ejerzan efectivamente funciones judiciales, porque las decisiones de estos funcionarios no sustituyen la voluntad de nadie, y tampoco actúan en litigios. No son jueces sino supervisores de cuentas.
Por lo tanto, no es cierto que haya que esperar. El Honorable Tribunal puede hacer su tarea, lo cual no es óbice para que la fiscalía empiece a recabar la documentación necesaria para determinar cuánta plata se hizo humo durante los últimos años, y dónde fue a parar el humo.
Puesta en marcha
Por esa razón, terminadas las sucesivas apelaciones, el Poder Judicial se vuelve a poner a trabajar en el caso. Así fue que llegó a la municipalidad de General Pueyrredon la notificación de la Unidad Fiscal en Delitos Económicos n°10, que también se ocupa de los fraudes contra la administración pública. Allí se le pide al intendente Carlos Arroyo haga el favor de conseguir a la brevedad la documentación referida al monto adeudado por la provincia de Buenos Aires durante los años 2012, 2013 y 2014, en concepto de Financiamiento del Sistema Educativo municipal, y también lo que pueda echar luz sobre al resultado de las rendiciones de cuentas de los subsidios otorgados por los decretos 2063 y 2790.
Por otra parte, desde la misma UFI se ha solicitado al Honorable Concejo Deliberante que aporte documentación sobre varios decretos, todos ellos relacionados con la circulación de partidas de dinero. A la Policía Judicial, dependiente de la Procuración de la provincia de Buenos aireas, se le solicita su colaboración en relación con la investigación del BAPRO, más precisamente de los ingresos y egresos de las cuentas de los responsables de las exposiciones industriales en esta ciudad. La Instrucción Penal Preparatoria, en tanto, se prorrogó por espacio de dos meses a partir de octubre de 2016, ya que todos los estamentos mencionados demorarán ciertos días para aportar la documentación necesaria, que permita a la fiscalía especializada en cuestiones económicas verificar si se cometieron o no los delitos que se endilgan a la gestión municipal saliente.
Y desde allí, a la base del iceberg. Porque cada vez que hay que volver a poner en marcha una obra, los funcionarios deben rastrear el recorrido que han hecho los fondos adjudicados para cada una de ellas. El caso más visible por estos tiempos parece ser el de las obras viales vinculadas con el cruce de 9 de Julio y Juncal, la vía que haría posible la agilización de la circulación del tránsito de los colectivos de larga distancia que acceden a la terminal Ferroautomotora desde la ruta.
Como se recordará, la tan prometida vía ocupó el discurso de la gestión saliente, y luego de llevar máquinas y cortar calles, todo quedó sin terminar, aunque a cada rato los funcionarios anunciaban su pronta conclusión.
Después de anunciar la apertura oficial de dicho cruce, el actual titular del EMVIAL, Pablo Simoni, explicó que originariamente había llegado al municipio una cantidad de dinero afectado para la realización de esta obra, y que luego, llamativamente, sólo se había ejecutado la mitad: “Era una obra inconclusa; había llegado parte de los fondos de la obra, el EMVIAL rindió cuenta por ocho millones y desde el municipio sólo se enviaron 4 millones. Es materia de investigación dónde están los 4 millones restantes”.
Sí, cuatro millones. Ahora, el Ente ha anunciado la apertura oficial del cruce en 9 de Julio y Juncal, y Simoni aprovechó la oportunidad para brindar más detalles acerca de las razones por las cuales el cruce no se había podido terminar. Si bien se mostró feliz por dar esta buena noticia, explicó que no se puede soslayar la ausencia de semejante cifra de dinero, que ya había sido adjudicada a las arcas municipales: “no se puede perder un centavo. Entiendo que al Municipio llegaron los fondos, pero lo que se giró al EMVIAL fue la mitad. Se gastó por ocho millones de pesos, cuando tuvimos un fondo afectado de 4 millones. Es la mitad de lo que se había ejecutado, y no se pudo continuar con la obra. Esto sucede con otras zonas también, y lo hemos ido saneando”, denunció.
Y quien debería dar las respuestas del caso sería Santiago Bonifatti, porque era él quien manejaba el área en ese momento, aunque claramente no ha dado ninguna explicación pública de dónde está ese dinero.
Próximamente, cuando el juicio oral y público se lleve a cabo, serán todos y cada uno de aquellos que tuvieron acceso a decidir qué era lo que se hacía con el dinero, los que se sentarán a dar las explicaciones del caso. Que empiecen a llegar las citaciones rápido…