Desamparados

central981

El fuero penal | La ciudad de Mar del Plata y su ineficiencia permanente a la hora de esclarecer delitos. Los robos parecen no haber ocurrido nunca, pero las víctimas terminan como indigentes. Sobrevivir a un robo es ser un desamparado.

El caso sirve de ejemplo para pensar en quiénes pagan los costos cuando el fuero de responsabilidad penal en esta ciudad archiva una causa tras otra, no investiga nada, y ni siquiera les da a las víctimas de los delitos el tratamiento que merecen como tales. La manera cruel en la que los elegidos para ocupar los asientos del palacio de tribunales, para acceder a sus sueldos desmedidos, olvidan que están allí para hacer cierto trabajo que tiene que ver con la ley.

Esta vez se trata de un hombre humilde y trabajador; un constructor que comenzó su largo penar en 2012,  cuando sufrió el primer robo en su vivienda de calle Los Manzanos, y lo denunció en la Comisaría15 de la policía de la provincia.

En la oportunidad, dos desconocidos habían entrado a su casa y le habían robado sus herramientas de trabajo. Patearon la cerradura y se hicieron de su amoladora y del taladro que usaba para trabajar, más el teléfono celular y demás enseres domésticos. Incluso se llevaron un perfil de aluminio con vidrios repartidos que sería para un comercio, y llegaron a pedir una bolsa de consorcio a un vecino para cubrirlo.

En la oportunidad, la víctima -que llamaremos EE- le había dado al oficial principal Víctor Tonso la identidad completa de los autores, porque un vecino que fue testigo del robo le había dicho: “fueron el hijo de Luis y su primo”. Ambos jóvenes viven en su misma calle, y eran bastante fáciles de encontrar.

Pero nunca nadie hizo nada. Esta inacción trajo una consecuencia directa: EE ya no tenía herramientas de trabajo ni fe en el futuro. Era un hombre grande y decidió vender su casa e irse con su mujer e hijo a comprar otra casa en la provincia de Entre Ríos. Incluso sabemos que sufrió otro robo que ni siquiera se ocupó de denunciar, desahuciado como estaba por la falta de presencia del Poder Judicial, que ni siquiera citó a los autores identificados.

De mal en peor

El accionar del Poder Judicial es material público que debe de ser informado, no sólo a las autoridades sino también a la ciudadanía. Este semanario se ha hecho eco en numerosas ocasiones de la necesidad de clarificar la situación por la cual la mayoría de las causas penales resultan archivadas. Pero el fiscal general, Fabián Fernández Garello, sigue sin dar mayores explicaciones, y tampoco llegan datos de la Procuración General, cuando debería darse a conocer el reporte de gestión de la totalidad de las fiscalías de instrucción locales. Nadie dice nada.

El penar de EE no terminó allí. Porque ya en agosto de 2014 había logrado llevar adelante su plan de mudanza. Había logrado vender sus posesiones, y la casa de calle Los Manzanos. Ese día estaba junto a su esposa cargando sus cosas en un camión de mudanza que haría el flete a Entre Ríos, cuando estacionó un coche Clío verde aceituna con los vidrios negros –no hay tatnos vehículos que respondan a esta descripción- y descendieron de él tres hombres armados que le pedían la plata. Lo hacían porque sabían que ese mismo día EE había vendido la casa en 75.00 dólares, y tenía también $30.000, con los que pensaba señar su nueva casa.

No eran muchas las personas que habían sido testigos de esa operación. EE intentó conformar a los asaltantes con los pesos, pero ellos no cedieron, porque evidentemente sabían de la existencia del importe en moneda extranjera. Para persuadirlo le dispararon en la pierna a la esposa: en ese momento estaban todos en el interior de la casa, y precisamente junto al mueble donde el dinero se escondía.

Por supuesto que ante la ocurrencia de los disparos, llegaron nuevamente los funcionarios policiales de la 15, más la ambulancia, que trasladó a la señora; EE prestó declaración testimonial. Los documentos dicen: “No aporta mayores datos para el esclarecimiento”. ¿Debería la víctima aportar más?

Y llegan más policías, y traen los peritos, y hacen un croquis. Y sacan fotos, y registran la sangre que se desparrama en el suelo; un enorme procedimiento que va a parar a la UFI 6 para nada, porque ahí es recibido por el fiscal Eduardo Amavet. Hasta ahí llegamos: guardaron el casquillo y sanseacabó.

Porque todos saben que en esta ciudad, de la totalidad de las instrucciones penales preparatorias, la mayoría son desestimadas o archivadas. Aunque los datos aquí resumidos correspondan a 2010, igualmente son significativos. La Fiscalía 9 de Delitos Económicos -en ese momento a cargo de los fiscales Pablo Poggetto y Eduardo Amavet- recibió ese año 549 IPP. De esa cifra total, sólo se pudo llevar a juicio 2; las demás fueron desestimadas o archivadas. En el caso de la Fiscalía 10 de Delitos Económicos, a cargo de Lorena Hirigoyen y David Bruna, ingresaron durante el mismo año 975 IPP. De ese total, se desestimaron o archivaron un total de 704. Sólo llegaron a juicio unas 14 cuestiones.

Inoperantes

Según datos de la Procuración General, durante 2012 ingresaron al Departamento Judicial Mar del Plata un total de 32.330 instrucciones penales preparatorias, entre los fueros de mayores y menores, y por diferentes delitos. De ese total, sólo en 1.931 causas el Ministerio Fiscal logró llamar al menos a un imputado a prestar declaración indagatoria. Es decir que su índice de efectividad es bajísimo: un 7% del total de causas penales. De ese total, un 50% efectivamente fueron a juicio, lo cual lleva la cifra a un bondadoso 3,5%. La mitad de esos procesos consiguieron una sentencia condenatoria, con lo cual el porcentaje desciende a 1,75% del total. Si se considera, entonces, cuántas de esas condenas que se enumeran fueron de cumplimiento efectivo, es decir de más de tres años, la cifra desciende a un miserable 0,87% de imputados que van a parar a la cárcel. Los demás están libres, y con todas las posibilidades de volver a delinquir.

Es decir que, al menos un sector del Poder Judicial no trabaja lo necesario. El dato más concluyente es que el 52% de los 60.000 detenidos que hay en el país se cuenta cumpliendo prisión preventiva. Es decir que el Poder Judicial ha hecho solamente la mitad del trabajo que debía: no ha condenado a los acusados ni los ha liberado. Además, en este departamento, el ingreso de instrucciones penales se ha incrementado un 54% entre los años 2007 y 2012, lo cual no indica que las cosas hayan mejorado.

La cuestión es que EE quedó en la ruina y a nadie le importó. Después de haber trabajado toda su vida, de la noche a la mañana no tenía casa ni dinero, ni herramientas. Hoy dice que sólo le queda hacer “La gran Alfonsina Storni”. Si bien su esposa sobrevivió, la herida en la pierna le generó una incapacidad por la cual recibe una pensión de $3.000, actualmente el único ingreso de la familia, que tiene además un hijo de 14 años.

EE comenzó a recorrer los diferentes estamentos del Estado durante la gestión anterior para que alguien escuchara su padecimiento y le indicara una ruta por la cual pudiera seguir adelante: tiene ahora 61años, no consigue un nuevo trabajo por su edad, y no tiene forma de hacerse de una nueva vivienda. La gestión de Pulti le prometió una serie de materiales de la construcción que no llegaron nunca, por lo cual en marzo de 2015 decidió presentarse en el Ministerio de Desarrollo Social en Capital Federal, donde fue muy bien atendido, pero nadie le dio una solución: lo devolvieron a Mar del Plata.

En la sede del Ministerio de Desarrollo Social del Unzué le fue peor: “fui maltratado y humillado por un señor de apellido Salas”. Nadie se hizo cargo de responder el pedido que el Ministerio de Desarrollo Social en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales de Capital Federal cursara al Centro de Referencia de Mar del Plata. Nadie le dio una chapa, ni un ladrillo, ni una entrevista siquiera.

“Mi situación es de calle”, dice hoy EE, que -a pesar de haber tenido casa propia- hoy sobrevive de la caridad de los vecinos. Por eso le pide al intendente una casa en comodato por espacio de cinco años, durante los cuales se compromete a pagar los impuestos, a la vez que recomponerse del daño sufrido y poder así acceder a una nueva vivienda propia.

Nadie junta los pedazos de quien ha quedado destrozado en el camino, pero tampoco nadie busca a los culpables del delito. Porque de la fiscalía de Amavet, ni noticias. Ni del Renault Clío verde aceituna con vidrios negros, ni de la pericia de la bala de grueso calibre. Ni de las huellas dactilares. Ni siquiera se hizo el simple rastreo de la chapa patente.

Otra carpeta cerrada que junta polvo en los pasillos de tribunales mientras los funcionarios de calle Brown deslizan sus tarjetas de crédito por los posnet de los mejores restaurantes de la ciudad, donde las conversaciones en las mesas de fiscales están lejos muy lejos de EE y su esposa incapacitada.