Un letrado local reclama apoyo al Colegio de Abogados para denunciar la inoperancia del Ministerio Fiscal en la ciudad. Mientras los funcionarios proclaman que “Mar del Plata está blindada frente al delito”, las fiscalías no pueden llevar a juicio ni a un porcentaje mínimo de las instrucciones. ¿Qué hacen cuando no están de feria?
La situación de la ciudad parece ser desesperante. Se ha convertido en un reino de proliferación del delito impune, por la confluencia de más factores de los que sería deseable tener que enumerar. Por una parte, las fuerzas de seguridad y su evidente compromiso con graves actividades criminales, de las cuales este semanario ya ha dado detalles, y que indudablemente constituyen una parte importante del problema. Por otra, la situación social deteriorada, el entramado ético desbalanceado en la década anterior, una serie de normas que facilitan encontrar resquicios para el gran negocio de los sacapresos, y un Poder Judicial que está entre lo propiamente ignorante y lo cómodamente inútil.
Pero en esta ocasión sería oportuno destacar a aquellos policías que realmente desean cumplir con su imprescindible labor en toda la superficie de la ciudad. Ellos encuentran que un número importante de los agentes de la Bonaerense se encuentran afectados al Operativo Sol, con lo cual el personal siempre es insuficiente y hay barrios enteros que ni siquiera pueden ser patrullados. La injusticia parece extenderse a una suerte de discriminación geográfica: quienes se encuentran en la zona costera vacacionando merecen ser defendidos de las balas, un tanto más que quienes se están bajando del colectivo para concurrir a sus empleos. Por ejemplo en la esquina del Hospital Regional, donde ya han atacado a más de dos empleados con armas de fuego.
La duda de la ciudadanía continúa siendo por qué los delincuentes no están presos. Así de simple. Cuál es la razón de la impunidad. Por qué razón esta ciudad parece ser el reino de la delincuencia más enraizada, sin que nadie lo reconozca, mientras algunos creen que traer efectivos de las fuerzas nacionales cambiará algo.
Una respuesta posible estará en analizar el accionar de los integrantes del Poder Judicial, trabajadores privilegiados de esta Nación, que en algunos casos, poco hacen para ganarse el sueldo.
Algo así quiso expresar en su informe un abogado local, Martín Ferrá, quien en varias oportunidades anteriores se había ocupado de rastrear datos estadísticos, y plantear que una de las claves importantes para la clarificación de la situación de la ciudad frente al delito se encontraba en la inoperancia del Ministerio Fiscal de Mar del Palta. A juzgar por los números que expone, las fiscalías poco hacen -o casi nada- para que aquellas cuestiones que llegan a sus manos se eleven cuando corresponda a juicio, y menos aun para que los culpables obtengan una condena.
Ineficacia silenciada
Efectivamente, a través de la elevación de este documento, Ferrá invoca al Colegio de Abogados local, y le solicita que avale su pedido de informes, ya que –aclara- en este sistema republicano, el accionar del Poder Judicial es material público que debe de ser informado, no sólo a las autoridades sino también a la ciudadanía.
En este marco, su pedido es que, a través de ese colegio, se exija no solamente al fiscal general, Fabián Fernández Garello, sino también a la Procuraduría General, el reporte de gestión de la totalidad de las fiscalías de instrucción locales, información que él mismo requirió en los últimos años y no le fue remitida.
La cuestión se remonta al año 2010, cuando el mismo abogado había procurado denunciar la ineficacia de las fiscalías, cuestión que había implicado en primer lugar la recusación de numerosos agentes fiscales que no aceptaron investigar a sus pares, evidenciando lo que para Ferrá es una cuestión puramente corporativa. De aquí que el denunciante, tras años de gestión, solamente obtuvo una lista con los datos estadísticos de las causas que ingresaron a las fiscalías 9 y 10 del fuero local, que evidencian la bajísima efectividad de su accionar: no pudieron llevar a juicio ni siquiera una mínima parte de las causas que instruyeron.
De la totalidad de las instrucciones preparatorias, la mayoría fueron desestimadas o archivadas. De aquí se deduce que hay dos posibilidades: o estos empleados del Estado no trabajan, o a sus manos sólo llegan acusaciones malintencionadas que intentan involucrar a buenas personas en delitos sucesivos. ¿Puede haber semejante coincidencia? Es lo que surge de comparar el listado de ingresos con el reporte de gestión.
Pero aunque los datos obtenidos correspondan a 2010, son significativos. La Fiscalía 9 de Delitos Económicos, en ese momento a cargo de los fiscales Pablo Poggetto y Eduardo Amavet, recibió ese año 549 IPP. De esa cifra total, sólo se pudo llevar a juicio 2; las demás fueron desestimadas o archivadas.
En el caso de la Fiscalía 10 de Delitos Económicos, a cargo hoy de Lorena Hirigoyen y David Bruna, ingresaron durante el mismo año 975 IPP. De esas se desestimaron o archivaron un total de 704. Sólo llegaron a juicio unas 14 cuestiones. A partir de lo expuesto, la conclusión de Ferrá es simple: cuanto más ineficiente es el Ministerio Público Fiscal -que se supone que debe llevar adelante la parte acusatoria en el delito-, más cantidad de delincuentes quedarán en la calle, libres de culpa y cargo por aquello que hayan hecho. Por lo tanto, más delitos quedarán impunes, mayores serán los riesgos ciudadanos.
Según datos de la Procuraduría General, se indica que durante 2012 ingresaron al Departamento Judicial Mar del Plata un total de 32.330 instrucciones penales preparatorias, entre los fueros de mayores y menores, y por diferentes delitos. De ese total, sólo en 1.931 causas el Ministerio Fiscal logró llamar al menos a un imputado a prestar declaración indagatoria. Es decir que su índice de efectividad es bajísimo: un 7% del total de causas penales. De ese total, un 50% efectivamente fueron a juicio, lo cual lleva la cifra a un bondadoso 3,5%. La mitad de esos procesos consiguieron una sentencia condenatoria, con lo cual el porcentaje desciende a 1,75% del total.
Si se considera, entonces, cuántas de esas condenas que se enumeran fueron de cumplimiento efectivo, es decir de más de tres años, la cifra desciende a un miserable 0,87% de imputados que van a parar a la cárcel. Los demás están libres, y con todas las posibilidades de volver a delinquir. ¿Se explica así por qué no se puede vivir en Mar del Plata?
Inoperancia probada
Parece que al menos un sector del Poder Judicial no trabaja lo necesario. El dato más concluyente es que el 52% de los 60.000 detenidos que hay en el país se cuenta cumpliendo prisión preventiva. Es decir que el Poder Judicial ha hecho solamente la mitad del trabajo que debía: no ha condenado a los acusados ni los ha liberado. Además, en este departamento, el ingreso de instrucciones penales se ha incrementado un 54% entre los años 2007 y 2012, lo cual no indica que las cosas hayan mejorado.
De aquí que el abogado denunciante considere que es imprescindible que el Colegio de Abogados tome cartas en el asunto, participe de manera “enérgica y efectiva”, para velar por el correcto funcionamiento de la administración de justicia, simplemente porque es su deber.
Considera Ferrá que es imprescindible realizar una auditoría general interna, no solamente a la Fiscalía General a cargo de Fabián Fernández Garello, sino además a todas las unidades fiscales. Y sería interesante, porque la auditoría, además de la supervisión de la administración de justicia, permitiría saber qué es lo que están haciendo los judiciales en su tiempo de trabajo. Porque la ley prevé estas instancias de supervisión, y también las posibilidades de considerar “faltas” al mal desempeño de sus funciones. Las faltas no son sólo la negligencia y la incompetencia, sino además el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, y dejar transcurrir en exceso los tiempos legales sin expedirse acerca de la cuestión que se está tratando. Según la Ley 5177, dar a conocer estas cuestiones del mal funcionamiento de un estamento del Poder Judicial forma parte de las funciones, deberes y atribuciones de los colegios de abogados.
Como dice Ferrá, una causa mal instruida, mal desestimada o mal archivada genera que un delincuente quede en la calle. Indudablemente. El problema es que las cifras indican por qué no hay delincuentes presos: la inoperancia frecuente es consecuencia de una actitud corporativa, que termina siendo corrupta si se considera que impide el derecho de todo ciudadano a acceder a datos de la vida pública.
La copia del informe está firmada. Es decir que el Colegio de Abogados, a través de la figura de su presidente, debe ahora darse por notificado de las cifras que han sido registradas en el presente resumen. Resta ahora saber si en esta ocasión, consideran estas autoridades que la ley los involucra, si de hecho deberán cumplir con la obligatoriedad de dar a conocer la ineficiencia de uno de los estamentos del Estado. Sobre todo porque no es uno cualquiera, porque hace a la diferencia entre la vida y la muerte de cientos de personas.
Habrá que ver si los implicados consideran que es suficiente la normativa impuesta por un artículo del Código para separarse de sus amigos y salir de la zona de confort, para decir de una vez por todas que hay alguien que no está trabajando. Y que su desidia no afecta a la producción de pulóveres o la limpieza de un pasillo. Quien es en la justicia inequívocamente ineficiente, suelta delincuentes a la calle. Y la situación no cambiará por más que pongan un policía en la puerta de cada casa.