El edificio del terror

Central 904

En un edificio de departamentos, la administración comete tantas irregularidades como quiere, y nadie puede quejarse. Los propietarios están aterrados: son, muchos de ellos, adultos mayores que padecen amenazas, golpes y cortes arbitrarios de los servicios elementales.
Mar del Plata se ha convertido en una ciudad de edificios de propiedad horizontal desde hace décadas. La ciudad moderna tomó el sitio de la antigua villa de veraneantes exclusivos, y de esta manera se optimizó el espacio y la comodidad para disponerse a recibir turismo masivo que ocuparía unidades habitacionales pequeñas, con pocas necesidades de mantenimiento durante el invierno.
Paralelamente, las cuestiones del dinamismo de la vida moderna hicieron que muchos habitantes de distintos puntos del país decidieran trasladarse a estas costas en las últimas etapas de la vida: la ciudad balnearia se vendía como un paraíso benigno donde muchos mayores se refugiaban a cumplir el sueño de vivir junto al mar, terminados ya los avatares de la vida activa en lo laboral. Miles de jubilados vendían sus propiedades y las cambiaban por departamentos en Mar del Plata.
De esa manera surgió también un nuevo inconveniente. Los propietarios integrantes de un consorcio comenzaron a lidiar también con las administradoras de edificios: un nuevo rubro empresarial, donde las posibilidades de control por parte de los actores se debilitaron cada vez más, los gastos se multiplicaron, y en muchos casos los costos centralizados se volvieron exorbitantes, sin que cada propietario tuviera mejores posibilidades de evaluar aquello que pagaba que contratar un profesional de la ciencia contable que revisara las liquidaciones, siempre escuetas y ambiguas.
De esta manera, muchos propietarios –aun más los inquilinos que pagan expensas pero no participan del consorcio- quedan presos de poderes que no pueden intervenir ni cuestionar, y su única alternativa es pagar, bajo amenaza de juicio, embargo y remate de su propiedad.
El caso que nos ocupa es quizá paradigmático: una administración demencial y violenta que lleva años, sin que el grupo de propietarios pueda cuestionar una oleada de gastos que permiten intuir la estafa y la mala fe, además de verificar los actos violentos y las amenazas directas. Se trata de la administración Salminci SRL, que rige el destino del edificio Semar XI, de la calle Arenales al 2300 de esta ciudad desde hace siete años, en la figura de su titular, Adolfo Salvador Salminci. Los propietarios del consorcio han decidido llamar a una asamblea extraordinaria, único mecanismo de defensa que les cabe ante el silencio por los reclamos.
De manera sistemática, esa administración realiza asambleas ordinarias de carácter irregular, de las cuales, por ejemplo, no notifica a la totalidad de los propietarios, de la misma manera que no les envía la liquidación de los gastos comunes. Pero no es casual: el administrador demora el envío de la liquidación porque inmediatamente hace juicio por falta de pago, y le conviene el rédito que obtiene.
Pero también hace juicio a quienes sí pagaron las expensas. Y lo hace por dos razones: por una parte los declara morosos y de esa forma les impide tener uso de la palabra en las asambleas, también irregulares. Por otra, aunque el juicio se pierda, el consorcio tiene que pagar las costas, es decir los honorarios profesionales que cobra, precisamente, su hijo Marcelo, abogado de la administración.
En esas asambleas parciales, la administración usualmente hace aprobar liquidaciones de gastos demenciales: cuando los propietarios solicitan la documentación respaldatoria para los gastos que se acusan, la administración responde con el más sostenido de los silencios. En tales liquidaciones constan gastos profesionales y administrativos escandalosos, y hasta un ítem por seguro del edificio, respecto del cual los propietarios pueden verificar que no coincide ni por asomo con el que consta en la póliza.
Pero la administración no expone razones. Los integrantes del consorcio cuentan que en las liquidaciones de gastos se incluye como ítem “compra de materiales”, y el importe correspondiente, sin que la administración mencionada explique qué compró, ni cuál es el número de factura correspondiente. De la misma manera se incluye el tópico “honorarios por tareas de mantenimiento”, sin que jamás los consorcistas puedan verificar si tales tareas se hicieron o no, y en tal caso, quiénes fueron los operarios o la empresa a quien esos trabajos se adjudicaron, de manera tal que existiera la posibilidad de reclamar acerca de la calidad de los trabajos realizados, y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de partes.

Más grave
Dicen los propietarios: “Este caos consorcial que nosotros hemos advertido se ha agravado con el transcurso del tiempo, dando la sensación de que, al no poder controlar el accionar de la administración, esta se ha transformado en impune”.
Pero no se debe de caer en el error de que se habla aquí de nimiedades, ni de ajustes de centavos. Lo más grave acontece cuando se examinan las deudas escandalosas que esta administración ha contraído por el tratamiento ineficiente de los juicios laborales que diversos empleados han iniciado contra el consorcio por las más variadas razones, desde haber sido despedido en uso de licencia médica (cualquiera sabe de la ilegalidad de semejante operatoria) hasta no haberse realizado los aportes previsionales de una trabajadora de limpieza.
Resulta que quien se desempeña como asesor letrado del consorcio en nombre de los propietarios, el abogado Marcelo Salminci, hijo de de Don Adolfo, comete errores imperdonables permanentemente, que por supuesto paga el consorcio: no responde los reclamos, no presenta documentos, retira expedientes que no devuelve, y más.
En su informe, los propietarios detallan cada uno de los procesos que el consorcio ha perdido, en cuyos casos la administración no ha pagado las sentencias establecidas por los tribunales, aun sabiendo que se aplica una mora diaria por el carácter de una deuda impaga que en algunos casos lleva años. La administración obviamente debería haber resuelto ya tales cuestiones, porque las demoras no están haciendo más que generar nuevas deudas que el consorcio deberá abonar.
Además, en una ocasión el tribunal sancionó al abogado mismo por su conducta con una multa en dinero: el letrado no accedió a una audiencia, y luego se dirigió al tribunal con expresiones agraviantes y acusaciones falsas. Otras dos veces, los tribunales acusaron al consorcio de actitud maliciosa por la manera en la que se había conducido durante el juicio, por supuesto a través de su negligente representante legal: llegó a negar que una trabajadora se desempeñaba en el edificio, cuando figuraba en la documentación pertinente, en una maniobra casi infantil.
Cualquiera podría preguntar si la gente no se queja. Sí, se queja. Lo ha intentado todo. Los propietarios han iniciado juicios numerosos en lo civil, pero no han tenido resultado y las presentaciones están cajoneadas desde hace años.
Pero los propietarios, la mayoría de ellos personas mayores, le tienen miedo al titular de la administración. Mucho miedo. Parece que el titular de la administración ha llegado a pegarle a un propietario de 90 años, amenaza a las mujeres que intentan hablar con él, y hasta aplica multas en dinero a quienes intenten comunicarse con otros propietarios o hablar dentro del edificio para ponerse de acuerdo: es un ex policía que ejerce el terror.

De rodillas
Una de las propietarias del edificio, Virginia, se comunicó con la 99.9 recientemente y pintó un panorama de terror. Relató que ellos ya no saben qué hacer, porque intentaron llevar las cosas a la justicia penal, pero desde la Fiscalía General, Fabián Fernández Garello les respondió que no le daría espacio a la denuncia hasta que no se hubieran terminado todas las causas civiles, es decir un callejón sin salida.
Virginia está asustada, teme por su vida y la de las otras personas de su edificio, convencida de que están en manos de personas capaces de cualquier cosa: “Al que se confronta con él le hace la vida imposible, les ha sacado la electricidad y el gas”, relata. Y agrega que su hijo abogado, Marcelo, les hace juicio a propietarios que han muerto, caso que se detalla en el informe: inició juicio a un propietario fallecido luego de haber verificado la situación.
Afirma que en varios casos, los administradores se aseguran de que las notificaciones judiciales a propietarios deudores lleguen a un domicilio que les pertenece a personas de la familia del mismo administrador, es decir que los deudores supuestos y sus familias nunca se enteran de que están siendo cuestionados ni pueden responder a los requerimientos. Llegado el momento de la subasta, tiene al otro hijo, que es martillero. Y son ellos mismos, o personas allegadas a la familia, quienes compran en una subasta amañada las propiedades rematadas.
Virginia relata con dolor el caso de una pareja de ancianos que lleva muchísimo tiempo sin servicio de gas por capricho o venganza del administrador. Como la señora estaba enferma, el abuelo concurrió a la oficina a ver a Salminci y le pidió que lo conectara al gas. La respuesta fue lapidaria: “Te vas a tener que poner de rodillas y pedirme perdón para que te dé gas”. No es una película: es la más cruda realidad de un grupo de personas, muchos ancianos, que están en manos de la crueldad más vil, sin que nadie los defienda.
Relata Virginia que hubo una gran obra de gas por la cual debieron pagar casi tres millones de pesos, que supuestamente se realizaba por orden de Camuzzi Gas Pampeana, pero que ellos jamás pudieron verificar la veracidad de las exigencias ni el costo de las inversiones. Lo cierto es que la mayoría no tiene gas, y que el año pasado un departamento completo del piso 13 explotó por una pérdida evitable.
Así están las cosas. Es dable pensar que en una sociedad de derecho, un fiscal actuará de oficio ante el simple conocimiento de estos hechos. O que al menos la municipalidad se hará presente, a través de tanto funcionario que cobra salario por defender quién sabe a quién. O que será la Defensoría del Pueblo la que salte a ver si éste no es pueblo al que haya que defender.
Alguien deberá decir algo para convencer a los propietarios del edifico de Arenales y Brown de que no viven en un campo de refugiados que han pagado ellos mismos.