La Municipalidad de General Pueyrredon no entrega comprobantes de lo que gasta. El Tribunal de Cuentas ya se hartó de reclamar y multar, pero el intendente parece sordo. Es que él no cree que deba responder a nadie: siempre se ha manejado groseramente, como quien durará para siempre en las alturas.
Así ha sido. Desde siempre, la gestión de Acción Marplatense al frente de la comuna se ha conducido en el pleno ejercicio de la subestimación de cualquier instancia superior. No han existido para ellos aquellos estamentos a quienes uno debe necesariamente rendir cuentas de aquello que hace. La gente, por ejemplo, o el Tribunal de Cuentas, organismo provincial encargado de auditar la precisión en la documentación de respaldo de la inversión de recursos, que no puede ser caprichosa.
Con una única excepción: se han ocupado de prestar suma atención y dedicar sonrisas a las administraciones provinciales y los organismos nacionales, a la hora de obtener fondos y respaldo para un accionar político que no tiene pies, y menos aun cabeza. Cada una de las medidas de gobierno e inversión ha estado más cerca de la arbitrariedad que de la decisión con acuerdo a un plan, y es indudable a estas alturas que –valga la paradoja- Acción Marplatense no ha sido marplatense y no ha tenido plan. O lo ha tenido, pero nadie lo ha visto, lo cual es casi lo mismo que no existir.
Hoy el panorama político se modifica, toda vez que cambiará la constitución del Honorable Concejo Deliberante, y habrá que blanquear las cuentas que el tribunal reclama desde hace años sin resultado.
El concejal electo de la Agrupación Atlántica, José Cano ya criticó al intendente por incumplir con lo normado por el Tribunal de Cuentas. Y dijo: “He denunciado en muchísimas oportunidades que el intendente Pulti malversaba los fondos públicos del municipio, entendiendo por malversación utilizar los mismos para una finalidad diferente a la establecida cuando ingresaron. También he denunciado el ocultamiento y no suministro de información económica-financiera”.
Cano enumeró: “El Honorable Tribunal de Cuentas le hace a Pulti las mismas imputaciones. El 2 de agosto de 2010, este organismo le observó al intendente que ha usado indebidamente fondos que eran para mejora de la infraestructura educativa, y que ha malversado fondos afectados para pagar deudas ordinarias. Es decir que usó fondos que provenían de las retenciones a la soja, y que eran para mejorar la estructura de las escuelas, y las destinó al pago de deudas ordinarias. Ese mismo día le observaron que derivaba déficit de la administración central a los entes municipales”.
Desde lejos
Por supuesto que no es nuevo. Ya el 16 de mayo de 2011, el 29 de marzo de 2012 y el 11 de julio de 2013, el Tribunal de Cuentas le impuso multas al intendente por falta de suministro de información por $ 4.950, $ 10.000 y $4.000, respectivamente.
A él no le importó. No modificó su práctica. Y lo que es peor, no hubo un acceso público a la información que permitiera a la población saber que el intendente no daba cuentas de lo que hacía con el dinero. Toda la información de las denuncias que ahora se hacen públicas se encuentra respaldada por resoluciones del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. De lo que se deduce que Pulti es un infractor a las normas de administración, a las disposiciones del Tribunal de Cuentas, y un coleccionista de multas por falta de información y por no suministrar prueba documental respaldatoria de sus gastos.
Pero para cerrar una carrera de infracciones groseras, el intendente ya dejó saber que pretende aprobar el presupuesto 2014 antes de que asuman los nuevos concejales, con el fin de no tener obstáculos para seguir adelante con la administración sui generis que le gusta ejecutar. “Pareciera que lo quiere tener aprobado con la actual composición del Concejo Deliberante, por eso llamó a audiencia pública para el 28 de noviembre. Le diría al Sr. Intendente que reconozca que hay una nueva composición en el Concejo y que no oculte la información. Desde marzo no tenemos un estado de ejecución serio”, señaló Cano. Y advirtió: “Lo primero que debemos hacer es tener una noción concreta en materia económica, no sabemos cuál es la cobrabilidad. La Municipalidad no debe tener un dueño sino un representante del pueblo”.
El cambio en las mayorías del Concejo Deliberante se contrapondrá con el desorden de las cuentas públicas que Cano viene denunciando hace tiempo: “la información de la Municipalidad es muy oscura, no hay conducta democrática alguna. No se puede saber cuántos empleados hay en el municipio, a pesar de que se lo ha pedido el Tribunal de Cuentas. Le vamos a pedir explicaciones”.
Como Pulti lo sabe, quiere hacer la gran jugada: cerrar el presupuesto antes del recambio legislativo, y aquí no ha pasado nada. ¿Habrá algún límite para tanta desprolijidad? Nadie lo sabe. No ha habido límites para la forma en la que ha ejercido la gestión, convencido como estaba de que lo bueno duraría para siempre, y de que -como había alcanzado el lugar de privilegio con las promesas del concejal que fue- ya no debía darle cuentas a nadie.
Todos los incumplimientos detectados implican su falta de acuerdo con lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, y con las Disposiciones Administrativas de los Recursos Financieros Reales para los Municipios, aprobadas por decreto. Ahora bien, ¿qué implicarán los incumplimientos? ¿Cuáles serán las sanciones? ¿Afectarán a la persona o al partido? ¿Alguien responderá al posible fraude con su propio patrimonio? ¿Será eso posible alguna vez en Argentina?
Los datos
Una rápida revisión sobre el informe del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires permite saber cuáles son algunos de los puntos de reclamo. Por ejemplo, respecto del ejercicio de 2010, el Tribunal sigue reclamando la rendición del Fondo Federal Solidario: “… se solicita a los funcionarios brinden las aclaraciones pertinentes dejando constancia del uso indebido de los fondos ingresados…”.
También hay servicios de filmación, sobre los cuales se apunta que no se realizaron los necesarios concursos de precios. Y se señala la manera en la cual el Ejecutivo solucionó indebidamente el déficit de los entes descentralizados con fondos que no correspondían.
Durante el 2012 se reclamó la inexistencia de contratos de alquiler del edificio que ocupa la Defensoría de los Derechos del Niño, así como del Jardín de Infantes n° 24. Especialmente se atiende a que la locación acordada por los locales del Centro Cultural de la Plaza en Capital Federal, se prorrogó de manera imprevista y sin celebrar un nuevo contrato, a pesar de que los montos económicos implicados se modificaron. Solamente en ese concepto se invierten $12.000 mensuales.
Durante el año 2012 no se aportó siquiera la Memoria del Departamento Ejecutivo que el intendente debe firmar en tiempo y forma, ni las constancias de publicación de la reseña económica financiera. Se desconoce el estado de la planta de personal aprobada y ocupada a la fecha, y ni siquiera se aportó información fehaciente sobre el estado de las causas judiciales pendientes.
Un capítulo aparte merece el misterio sobre los comprobantes de lo hecho con el programa de inversión de nación, PRIS, de los cuales -después de 12 meses de ejecución- solamente han invertido el 16% de los materiales, cuando deberían haberlo hecho con más del 80%. Respecto de este punto, no hay constancia de la rendición de fondos ni de devolución de lo no invertido, según el convenio suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Se destaca también la oscura operatoria que rodeó la adquisición de la Casa del Puente, respecto de lo cual se indica que la compra estuvo desdoblada para ocultar el monto total de la compra, por supuesto no aprobado.
¿Cómo es posible? Hablamos de una comuna donde ni siquiera es posible saber cuántos empleados hay, ni si existen vacantes en la planta funcional prevista. No se puede saber qué es lo que se compro ni a qué precio. Ni siquiera cuáles son los bienes que se alquilan, ni cuánto se paga por el servicio.
Pero lo preocupante no es sólo la falta de documentación, sino que tenemos un intendente que no considera necesario informar a nadie de lo que hace con la plata que administra. Como si se tratara de un capricho de los demás el simple hecho de pretender saber dónde están los papeles que blanquean las cuentas. Por eso se puede hablar de grosería, la grosería que muestra aquel que no considera necesario atenerse a ninguna instancia superior a él. Aunque lleguen los nuevos concejales y pretendan saber. En su gran nube de ego, Pulti aprueba el presupuesto cuando quiere y sanseacabó. ¿No es grosero?