Il capo

Detención de Ullúa | Detuvieron a un criminal con pedido de captura internacional por su participación en numerosos crímenes. No sólo le caben delitos de lesa humanidad en Argentina, sino que ha estado vinculado activamente en fuerzas de la derecha latinoamericana. Acá tiene amigos poderosos: lo defendió el mismísimo juez Falcone.

La foto de los carteles con la que se lo buscaba no era de él. Nunca lo fue, aunque durante 8 años ofrecieron una recompensa por su captura. Se llama Eduardo Ullúa y tiene bigotes, pero no los tenía en el momento de su detención, y resulta que ni es parecido al de la foto.

El cartel dice que se ofrece una recompensa de 200.000 pesos a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan la detención de Eduardo Salvador Ullúa. Especifica que la información suministrada tendrá carácter de secreta, y que los datos de quienes la aporten tendrán la más absoluta reserva. Pero todo fue inútil para encontrar a semejante personaje, porque tal es su influencia que pudo esconderse a su gusto durante ocho años.

Además, el cartel indicaba que podían ser denunciantes los miembros de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, pero nada de esto sucedió. Firmaba esta publicación poco exitosa la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas. Nadie se hizo acreedor hasta la fecha de la suculenta suma.

Ahora, la Prefectura Naval Argentina lo detuvo, cuando estaba prófugo por una causa de crímenes de lesa humanidad, ocurridos poco antes del comienzo la última dictadura militar. Pesaba sobre él un pedido de captura nacional e internacional desde 2010, aunque estaba involucrado además en varias cuestiones delictivas más modernas. Se lo acusa de ser miembro de la Concentración Nacional Universitaria, y de los delitos cometidos por ella entre 1975 y 1976.

El reciente procedimiento fue encomendado al Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos, a raíz de información que precisaba su paradero: personal de la Prefectura Naval Argentina procedió a la detención. Es en el marco de la causa 13.793, donde se investiga a miembros de la CNU por el hecho de haber conformado una asociación ilícita en el período que abarca desde el 20 de febrero de 1975 hasta el 15 de marzo de 1976, durante el cual cometió distintos delitos. Según reza la investigación, Ullúa habría cometido esos crímenes “en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de Estado”. Se habla de las muertes de Enrique Pacho Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg, Daniel Gasparri, Jorge Stoppani y María del Carmen Maggi, además de privaciones ilegales de la libertad, robos, amenazas para la persecución y eliminación de personas.

Sorpresa

Ullúa se encontraba con pedido de captura nacional e internacional emanada del Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata, donde se investigan los hechos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cueva”. Fue atrapado en Buenos Aires cuando estaba por ingresar a un departamento, y luego trasladado a Mar del Plata, para ser indagado por el magistrado. Pero nada resulta demasiado claro.

La cuestión es que la aparición de Eduardo Ullúa fue una sorpresa para todos. Para empezar, para todos los que están involucrados en la llamada causa CNU, donde seguramente Ullúa tendrá bastante que aportar. Precisamente el abogado Horacio Insanti -que participó en la causa- expuso al respecto ante la 99.9, y remarcó: “Nadie esperaba la presencia de Ullúa, y mucho menos la justicia marplatense. Algo ha descarrilado, ha salido de eje. No creo la historia de que lo entregó una tía que él habría ido a ver estando enferma”.

En este marco, puede haber revelaciones muy importantes, porque Ullúa es quien conoce datos que hasta ahora no han sido revelados: “es una presencia inquietante. Para mí bienvenido sea, porque puede echar una luz de esclarecimiento sobre la situación. No puedo desconocer que las cuestiones de fondo no fueron tocadas, y la presencia de Ullúa puede revelarlas”.
Para quienes han estado cerca de las causas, todo huele raro. Como si fuera poco, hubo otro dato inquietante al momento de realizar la declaración de Eduardo Ullúa ante el juez: la presencia del fiscal de cámaras en la indagatoria. Dijo el abogado Insanti: “Nunca lo he visto en este tipo de acciones. Es grave el tema. Si es cierto lo que a mí me ha llegado, la razón invocada por el Dr. Adler es que todos los fiscales estaban de licencia. Habría que investigar que esto es así, porque sería algo delicado”, agregó.
Recorriendo el frondoso caudal de antecedentes del hoy detenido, es posible pensar que el aporte no se limite sólo a esta causa, sino que hay otras donde puede clarificar distintas cuestiones: “Ullúa es sólo una parte de la causa CNU. En la causa de La Cueva, fue citado por muchos testigos. Pero tiene imputaciones muy serias por hechos posteriores en el GADA 601. No creo que haya espacio hoy para negociar con Ullúa”, finalizó.

Pero para comprender por completo el contexto de la detención, es necesario citar que en el 2000, la Policía Federal había detenido en el barrio porteño de Belgrano a un presunto agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por su eventual vinculación con el asesinato del general chileno Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert, en un atentado ocurrido el 30 de septiembre de 1974. Se trataba de Juan Martín Ciga Correa, y lo habían encontrado miembros del Departamento Defraudaciones y Estafas de la Federal.

La mencionada detención había sido ordenada por la jueza María Servini de Cubría, que investigaba el asesinato de Prats, estrecho colaborador de Salvador Allende. Ante ella había declarado ya un tal Michael Townley -un ex agente norteamericano de la temida policía secreta chilena de la dictadura militar- y había confesado la autoría de volar con un artefacto explosivo el automóvil en el que Prats y su esposa regresaban a su domicilio. En su confesión, Townley aseguró que el atentado habría sido ordenado por el general Manuel Contreras, jefe de la desaparecida DINA. Justamente, Ciga Correa habría sido el eventual contacto argentino de inteligencia ante la policía secreta chilena, que dependía directamente de Pinochet. Entre las pertenencias de Ciga Correa se halló una credencial que lo identificaba como agente de la SIDE, y tenía pedidos de captura que databan de 1995 y 1996, por secuestro y homicidio. Pero Ciga Correa es, además, cercano a Eduardo Ullúa, quien lo habría vinculado con su primer abogado defensor, el presidente del TOF Roberto Falcone.

Olla a presión

Por eso es tal el impacto de la detención de Ullúa, porque su relato puede implicar a muchos, incluso a los hoy defensores y adalides de las causas de derechos humanos, antes afectos a la defensa de sus amigos represores.

Ullúa se había fugado hace nueve años, y hoy, detenido, se dio el gusto de declarar ante el juez federal Santiago Inchausti. Sólo señaló que no daría detalles de su vida en estos años, porque prefería no comprometer a quienes lo cobijaron en este tiempo. Es posible que quienes lo protegieron sean verdaderamente innombrables.

Él, de todos modos, sabe exactamente qué hacer. Se recibió de abogado en prisión junto a Sergio Schoklender, cuando permanecía condenado por su participación en la que por años fuera considerada la más importante operación de narcotráfico desbaratada en la ciudad.

Sus inicios en la carrera de la violencia datan de los años previos a la dictadura militar, y particularmente se lo vinculó con el asesinato de Silvia Filler, un crimen del que hubo juicio y condenas, luego conmutadas en la amnistía de Héctor Cámpora.

Pero quizá para comprender extensamente quién es Ullúa haya que remontarse a la primera detención de Martín Ciga Correa, en Mar del Plata, en 1984, para verlos actuar juntos. Ciga Correa conducía un vehículo robado en Miramar, en el que ahora paseaba con una ametralladora Uzi israelí y granadas MK5 en el baúl.

Se sabía que estaba vinculado extensamente a grupos de la muerte de los que operaron en varios países de Latinoamérica. Luego del alzamiento campesino en Chiapas, quien fue a asesorar a los militares mexicanos fue el Mayor Santamaría, alias de Ciga Correa. Descaradamente, quien había sido mano de obra de la CIA, invocó su condición de militar ante su detención, para impresionar a los policías bonaerenses, aunque sin éxito. Para ese entonces, el juez criminal de turno, Pedro Federico Hooft, ya había decidido la detención. Desesperado, Ciga Correa pidió entonces un favor: ser conducido a una dirección que tenía apuntada por si había problemas en Mar del Plata.

Aún tenía amigos aquí, y, perdido por perdido, los iba a contactar. Es necesario aclarar el contexto histórico en el que se produce el relato: transitábamos los primeros tiempos de la democracia, y en ese momento, un militar aún era un superior directo para cualquier miembro de la policía. El domicilio al que lo condujeron era la casa del ahora detenido Eduardo Ullúa. Lo que le entregó a Ciga Correa fue un mensaje tranquilizador: “los amigos se van a ocupar”. 

En pocos minutos había llegado el primero de esos amigos, el abogado Jorge De La Canale, un penalista local profundamente vinculado al poder militar y que había sido abogado de la intervención de la UOM durante la dictadura por pedido de Lorenzo Miguel. Él fue quien tomó el primer contacto con Ciga Correa, para luego llevarlo con Roberto Atilio Falcone, quien intervino activamente a su favor: le quitó la causa a Hooft y la llevó al fuero federal, que le convenía mucho más, porque allí tenía otro amigo: el juez Julio Pettigiani, que se ocupó de su sobreseimiento.

Todos felicitaban a Falcone por lo ingenioso que había sido su argumento en el escrito que solicitaba la liberación de Ciga Correa, quien partió de Mar del Plata para nunca más ser visto. Muchos dicen que se trató de un pacto entre camaradas de las fuerzas del grupo de extrema derecha denominado Tacuara. Quizá sea mucho más grave que eso, y sea un activo pacto de protección mutua y eterna para integrantes de la misma familia.