Panorama de la pesca. Fueron condenados por tenencia de armas dos gremialistas de la pesca que habrían participado de los conflictos de 2012. El defensor pretendía que la policía no debía haberlos cacheado, como si no supiera que las armas estaban a la vista. Por una vez, alguien les dice a los dueños del puerto que no pueden hacer todo lo que quieren.
Los hechos son tan evidentes, que se entiende perfectamente la participación de la fiscalía de flagrancia. Sucedieron en julio de 2012, aunque recién ahora el proceso llega a su fin. Los protagonistas son Rodolfo Chávez, secretario general del SIMAPE, y Edgardo Prado, afiliado al SOMU. Ambos fueron interceptados por la policía en posesión de un revólver calibre 32, a la vista en la cintura de Chávez, y una escopeta calibre 16, que estaba en el asiento trasero del Toyota Corolla que conducía Prado.
Parece que en aquel momento, el puerto local estaba envuelto en una atmósfera revuelta, en la que, una vez más, los intereses creados eran los protagonistas, cada vez más lejos de la ancestral actividad, laboriosa tarea que habrá dado de comer a infinitas generaciones.
Estaba en vigencia el operativo invierno de la policía, por lo cual en ese momento había efectivos provenientes de otras jurisdicciones colaborando con los controles de la ciudad. En ese contexto, relatan los testigos funcionarios de la policía que ellos, Federico Ducoli y Pedro Morano, estaban en inmediaciones de la comisaría 3°, en virtud de los conflictos gremiales que se vivían en esos días. Específicamente, los nombrados estaban apostados en la parada de colectivo de 12 de Octubre y Posadas.
En un momento del mediodía pudieron observar cómo un grupo de unas 15 personas marchaba en fila india y a cara descubierta, y doblaba por Posadas hacia Elcano. Les llamó la atención. A los pocos minutos escucharon disturbios, y pudieron observar cómo esas mismas personas arrojaban piedras hacia el frente de la administración de una pesquera, a la vez que rompían el portón del ingreso a ese edificio.
Rápidamente, Ducoli pudo verificar que la falta de señal no le permitía solicitar apoyo policial, por lo cual su compañero Morano salió corriendo a buscar otro móvil para así tener la ayuda suficiente como para intervenir.
El segundo coche policial llegó con sirenas, con el fin de dispersar los manifestantes que agredían el edificio, pero todas esas personas comenzaron a arrojar piedras a la policía hasta que rompieron el parabrisas de uno de los vehículos.
En este contexto, los policías pudieron observar que dos personas armadas se salían del grupo, y subían a un coche oscuro que había frenado a unos treinta metros. Inmediatamente, los policías dieron aviso por handy de la dirección hacia la cual el coche había emprendido la fuga.
Allí es donde interviene el otro efectivo que actúa como testigo de la causa, Jonatan Martín, a quien le habían destinado la vigilancia de la esquina de Edison y Vértiz. Se trata de un subteniente que proviene de otra jurisdicción, que posee doce años de trayectoria en la fuerza, pero que desconocía obviamente no solamente las internas de la zona, sino además la fisonomía de sus personajes más destacados. Estas circunstancias particulares fueron tenidas en cuenta por el magistrado a la hora de tomar en cuenta su testimonio a los fines de dictar sentencia.
Martín fue quien vio venir desde Vértiz un coche que se correspondía con la descripción del alerta que acababa de escuchar por handy, por lo cual le dio la voz de alto, y a simple vista pudo observar no sólo el arma corta en la cintura de Chávez, sino además la escopeta, que estaba a la vista de todos en el asiento de atrás del coche que conducía Prado. Tales fueron las armas secuestradas, además de dos navajas, una de las cuales tenía el dibujo de un ancla.
Arribaron al lugar otros móviles de apoyo en medio de un tránsito vehicular muy profuso, como es tradicional en esa esquina tan concurrida por camiones de gran porte, como consecuencia del comercio de pescado de las plantas. Y llegó además un coche particular, con el personal jerárquico de la comisaría tercera, que estaba participando de un operativo en otra planta, a escasas seis cuadras del lugar, donde también se habían producido disturbios. Para ese momento, los aprehendidos ya se encontraban de pie con las manos apoyadas en el capot del auto, pero rápidamente apareció otro grupo de personas, que pretendían agredir a los detenidos, lo cual terminó de confundir la escena un poco más.
¿De dónde viene?
Los hechos ocurridos revelan de alguna manera los extremos de corrupción a los que se ha llegado en el puerto. Sus dirigentes pueden circular armados sin que a nadie parezca sorprenderle demasiado. Pero, ¿dónde ancla el poder del SIMAPE? Ancla en su calidad de garante del conjunto de operaciones ilegales como la subfacturación, la elusión de declaración de especies y el manejo de la pesca en gomones, que supo tomar un volumen muy importante. Todo ello es manejado por el sindicato, tal como quedó expuesto en una charla mantenida en 2007 entre la 99.9 y Rodolfo “Fito” Chávez, el mencionado secretario gremial del agrupamiento de Juan Domingo Novero.
En aquella ocasión, Chávez señalaba: “¿Quién dice que se hace pesca ilegal? Se compran un gomón y hacen pesca deportiva. Si no es así, den nombres y apellidos, y que se diga qué pescaron indebidamente. Acá tiene que haber una mesa en la que se sienten todas las partes: Prefectura, los sindicatos, los patrones, la Asociación, todos. Nadie se puede hacer el distraído: todo el mundo sabe lo que pasa”.
Este pensamiento mostraba al hombre de quien se dice que ha amenazado de muerte a cuanto menos cuatro personas, el mismo que fuera detenido por algunas horas en la UP 44, porque llevaba a bordo del auto en el que se desplazaba un revólver calibre 32 y una escopeta calibre 16, sin registro de adquisición ni permiso de portación.
Pero también se dijo ya en el 2007, que el prefecto Walter Guido tenía una relación completamente aceitada con Novero, Trueba y Chávez. Y que no había protegido a los marineros que efectivamente se presentaban a trabajar, ni tampoco a los armadores. Pero sí había protegido la conducta de los capos del SIMAPE, llevándolos en amigable tour por las dársenas para que vieran que no había embarcados a bordo de los pesqueros. Así y sólo así fue levantado el piquete de aquellos años, el que habían montado para impedir el ingreso de los trabajadores.
Pero hay que recordar que en esta historia de poder permanece un crimen impune: el de Jorge Humberto Andrade, quien fuera tesorero del SIMAPE y representante del sector obrero ante el consorcio portuario. Pablo Trueba señaló en su momento que esperaba que se hubiera tratado de una tentativa de robo que terminó mal, aunque destacó que “llamaba la atención” que no le hubieran robado el dinero que llevaba. Curiosamente, el sillón de Andrade en el consorcio portuario pasó a ocuparlo “Fito” Chávez, el mismo que desde hace tiempo amenaza de muerte a cualquiera que se le enfrente.
Proceso
Claro que cuando hubo que ir a tribunales, Chávez consiguió un defensor que urgara en la letra para tratar de eximirlo de cualquier sanción que le cupiera por andar rondando el puerto con escopeta y revólver. Quizá porque es a su juicio la conducta más normal del mundo en su territorio minado.
Llamativamente, lo primero que dijo el letrado fue que a sus defendidos se les habían violado sus derechos y garantías, ya que no hubo una previa orden de detención, ni un motivo previo que justificara la intervención policial. Tampoco – dijo- hubo una orden de requisa.
Obviamente que no la hubo: el magistrado tiene que perder tiempo en responder que la situación flagrante de que un ciudadano ande por la ciudad con una escopeta en el asiento de atrás cuando se está fugando de un desorden público es lo suficientemente evidente como para que la policía pueda actuar por sí y sin la orden previa de un juez. No lo requisaron por capricho, sino porque la culata del revólver asomaba descaradamente de la cintura de Chávez.
También dijo el defensor que el acta del procedimiento debía declararse nula porque le faltaba una firma, y que no podía tenerse en cuenta la situación conflictiva de la que los detenidos venían, porque estos hechos no habían sido investigados por la fiscalía.
Una vez más, el magistrado debe responder casi con un criterio pedagógico: le explica que la situación caótica en la que se sucedían los hechos hace comprender que se omita una de las firmas en un procedimiento completamente legal, y que los hechos gremiales que precedieron a la detención están acreditados materialmente, y forman parte de lo que se llama un acto de investigación.
El arma estaba apta para el disparo, aunque los cartuchos fueran inútiles, así que no hay mentira que valga. Estaban armados y venían de intimidar a alguien en un contexto sindical sumamente conflictivo.
Por esa razón, el juez decide dictar prisión en suspenso de 6 y 8 meses en suspenso, más multas que van desde $1.000 para Prado, y $6.000 para Chávez, ya que su condición de dirigente gremial actúa como agravante, en virtud de que le cabe una responsabilidad social superior por su cargo de representación.
Nada más. Por una vez alguien les dice a los sindicalistas del puerto que esto no es La Ponderosa de Bonanza, y que no pueden andar haciendo de patrones de estancia por la avenida Edison. Que hay un par de leyes que valen para todos, porque esta no es su plantación. Aunque a veces parezca.