El gremio judicial | Persiguen laboralmente a Hooft hijo. No sólo por haber defendido exitosamente a su padre, sino además por haber desenmascarado el ardid que otros funcionarios judiciales habían tramado para acusar al juez. El gremio pone un freno al acoso.
Se trata de una presentación actual, que está firmada por el mismísimo Julio Piumato, secretario de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, y se refiere precisamente al presente laboral de uno de los afiliados a la entidad: Pedro Federico Guillermo Hooft, a la vez secretario del Juzgado Federal n°1. El mencionado está siendo víctima de lo que el dirigente gremial considera un serio caso de persecución laboral, que ya se había iniciado en el 2013, pero llega en la actualidad a límites extremos.
En aquel momento en que se hacía cargo de la defensa de su padre, Hooft hijo había denunciado hechos de corrupción en contra de los fiscales de este departamento judicial, cuando tomó conocimiento de las verdaderas razones que daban lugar a las acusaciones de las cuales era objeto su padre, hoy sobreseído de los cargos imputados. La acusación decía que el fiscal general Daniel Adler había actuado por animosidad contra el exjuez imputado, como lo comprobaba la grabación de los dichos de Claudio Kishimoto, que se decía obligado a llevar adelante la acusación infundada.
Pero en la actualidad, Hooft hijo viene siendo objeto de una persecución laboral de semejante importancia que amerita la intervención de la organización sindical que regula los derechos laborales de quienes se desempeñan en el Poder Judicial. No realizó la denuncia en el convencimiento de que hacerlo agravaría su situación, pero ha sido dejado sin tareas, aislado del contacto con sus compañeros, y recluido por aproximadamente seis meses en el Juzgado Federal n°1 durante el 2013.
Por eso, la Unión de Empleados habla de mobbing, una forma de acoso laboral que suele manifestarse en dirigirse al empleado de manera descalificatoria, minimizando su labor, asignándole objetivos de difícil cumplimiento, quitándole los recursos necesarios para desempeñarse, amenazándolo de manera explícita o solapada, desplazándolo del área de responsabilidad a su cargo, o incluso dejándolo sin ningún trabajo que realizar, o tratándolo de una manera diferente que a los demás, aun usando medidas exclusivas contra él para estigmatizarlo ante los otros compañeros. También incluye medidas como ignorarlo simulando su no existencia, retener la información esencial para su trabajo u ocultar actuaciones instruidas en su contra, difamar a la víctima, generando rumores maliciosos contra su imagen profesional, bloquear su carrera profesional, hasta invadir su privacidad monitoreando sus expresiones en las redes sociales, para lograr su desplazamiento laboral.
El acoso
Ya es aceptado en todos los foros que el mobbing existe: genera una serie de consecuencias para la víctima que exceden lo puramente laboral. Por el contrario, el maltrato y el acoso en el trabajo atentan contra la persona, tanto en el orden físico, ya que generan consecuencias en patologías devenidas del estrés laboral, como en el orden simbólico, cuando dañan la subjetividad. El mobbing genera deterioro de la confianza en sí mismo y en sus capacidades profesionales, desarrollo de la culpabilidad, insomnio, ansiedad, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga, cambios de humor, depresión, inseguridad, torpeza, conflictos con otras personas, y finalmente ausencias al trabajo, que se aprovecharán luego contra el trabajador, que será nuevamente estigmatizado por esa razón.
Y en el caso de Hooft, muchos de los ítems del acoso se hicieron efectivos, no solo por el aislamiento que padeció en el 2013, sino además porque se produjo una presentación en su contra, de la cual no fue oportunamente notificado, de manera tal que se le negó la oportunidad de contrarrestar sus dichos con la palabra del denunciante, en este caso el fiscal Adler.
En aquel momento, y sin que Hooft lo supiera, más precisamente en febrero de 2015, Daniel Adler había presentado su informe ante Alejandro Tazza, quien se desempeña como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. El escrito decía que los fiscales Larriera y Mazzaferri le habían referido una serie de cosas, que él tenía que contar. Como por ejemplo, que Hooft trabajaba para un juez de primera instancia, Castellanos, que tomaba decisiones contrarias al criterio de la Cámara. Un chusmerío.
Pero no solo eso: Adler aclaró que Hooft había defendido a su padre en un juicio en el cual se le pertendían adjudicar delitos de lesa humanidad, y que había basado su defensa en una grabación obtenida a través de un engaño. Semejante maniobra era para él suficiente para descalificar a Hooft hijo en su ética laboral, y por eso lo refiere. Y lo decidía él, por más que la justicia hubiera aceptado la grabación, y comprendido la artimaña ejecutada por los entonces denunciantes del juez.
No conforme con esto, lo que Adler viene a decir a la Cámara es que a todos ellos les resulta incómodo trabajar con el secretario, porque en aquel juicio, Hooft dijo que los fiscales constituían una asociación ilícita. Terminado el proceso, su presencia les resulta incómoda.
Pero el tiempo pasó, y dos años después, cuando no había prosperado el pedido y las aguas estaban tranquilas, la Cámara sacó los papeles del cajón y respondió diciendo que Hooft debía ser trasladado “por las razones esgrimidas por el fiscal general Daniel Adler”. Así, se le deberían asignar funciones transitoriamente en otras dependencias a este secretario de juzgado, sin que nadie haya evaluado ni dictaminado si aquellas razones que esgrime Adler son finalmente ciertas o no, porque en última instancia, no hay una sanción administrativa que así lo determine. Es decir, un chusmerío.
Basta ya
Es por esto que las acciones gremiales se inician, ya que la institución tiene la responsabilidad de velar por los derechos laborales de los empleados judiciales. El titular sale al ruedo a decir que la resolución de Tazza no tiene sustento, y que no hay razón para que Hooft sea trasladado. Exige de esta manera que cesen las acciones de mobbing contra su afiliado, que ha recorrido ya todas las formas posibles.
Dice Piumato: ”ninguna injustificada ni arbitraria modificación de la situación laboral del Dr Hooft será consentida por la UEJN, mucho menos cuando su origen sería el pedido persecutorio por razones personales y no funcionales, de un miembro ajeno al Poder Judicial de la Nación”. Además, califica el pedido de la Cámara diciendo que se trata de una clara petición ilegítima, ya que vulnera la garantía constitucional del debido proceso legal adjetivo, y consecuentemente, el derecho a la defensa de Hooft: “dicha solicitud se elabora en el marco de una supuesta denuncia envuelta en el ropaje de supuestas faltas administrativas (que no existen), sin aplicarse la normativa sumarial correspondiente, y por supuestos hechos de terceros, que asimismo están prescriptos”. A su criterio, en la denuncia contra Hooft hay una connivencia que tiene como fin “mortificar” a su afiliado, y aprovecha la oportunidad para recordar que no hay razón para discutir la estrategia utilizada por el secretario para obtener la grabación, ya que el Tribunal de Casación la avaló: no sólo aceptó la grabación de los dichos del fiscal Kishimoto, sino de que además investigó los delitos denunciados y apartó a los magistrados intervinientes.
Dice Piumato: “El fiscal Adler califica de enemigo del MPF al secretario Hooft, pero dicha descalificante aseveración no ha sido formulada por los restantes fiscales federales de la ciudad…”. Por todo lo expuesto, solicita el dirigente gremial que de manera urgente se rechace la petición efectuada por Adler por arbitraria, ilegítima e infundada, y no se adopten medidas contra Hooft: ni un traslado, ni una reasignación de funciones. Menos aún, una disolución de la Secretaría de actuación del Juzgado Federal n °1 a su cargo. También solicita que se le haga saber al denunciante que en el futuro se va a tener que abstener de hacer presentaciones del tenor de la presente.
Por el contario, a su criterio es necesario que a Hooft se le vuelvan a asignar los recursos necesarios para llevar adelante su trabajo de forma eficiente, en paridad con los colegas del mismo cargo y función, se le debe respetar un horario razonable de trabajo considerando la vida, descanso y familia, y se le debe respetar también el derecho constitucional a la libre expresión. Si no cumplen, el gremio se reserva el derecho de seguir avanzando con la denuncia ante las autoridades superiores, porque esto que están haciendo no se puede hacer.
Por primera vez, las aseveraciones de un dirigente gremial ponen límite a las ya conocidas medidas personales, tan comunes en el Poder Judicial. Un límite a la manipulación, al abuso de poder y al obvio incumplimiento de quienes sólo les permiten trabajar en paz a sus amigos, y ponen todas las fichas en incomodar a quienes no son sus adeptos. “Hasta que se aburra y se vaya”, como suelen decir. Bueno, no se va.