Una docena de casas inconclusas pertenecientes al Plan Dignidad fueron ocupadas por habitantes de Villa Evita, seriamente damnificados por el último temporal. Dicen que la medida es provisoria, hasta que reciban ayuda para recomponer sus viviendas. La comuna, ausente.
“No vine con la secretaria de Desarrollo Social, con Alejandra Urdampilleta, porque la mataban”, dijo el subsecretario de Gobierno Martín Aiello cuando llegó al predio del Plan Dignidad, ubicado en la calle Údine y Gutemberg, del barrio El Martillo. Esto sucede ahora, cuando ya nadie ignora que la secretaria ha sido denunciada en varias oportunidades por actitudes de desprecio y discriminación hacia los pobres de Villa Evita, porque ellos no responden a sus punteros políticos, y se organizan en forma individual para mejorar sus condiciones de vida. Ellos son quienes se han instalado provisoriamente en las casas del Plan Dignidad, para ampararse del temporal.
Sucede que las viviendas ocupadas se encuentran inconclusas, y las obras paralizadas desde hace más de un año debido al conflicto que se presentó entre la empresa constructora y el Estado, ausente como siempre de su responsabilidad frente a los compromisos asumidos.
Ante la emergencia de la ocupación, Aiello acudió al lugar, con miras a abrir una instancia de diálogo, y dijo que “la urbanización de Villa Evita es una deuda pendiente que tenemos la obligación de hacer”. Para aquietar las aguas, llamó a la primera reunión de una mesa de trabajo para analizar las demandas de los ocupantes.
Por supuesto que, por más que fue hasta allí, no se hizo cargo en ningún momento de que fue la gestión comunal la que no actuó como hubiera debido para que los habitantes de la villa no llegaran a la situación extrema de ocupar un predio que saben que no les pertenece, ante la desesperante situación que los apremiaba cuando el temporal de viento y lluvia destruyó las precarias viviendas. La comuna había prometido la urbanización de Villa Evita en 2010, pero nunca cumplió con lo que se esperaba.
Aiello deslindó las responsabilidades diciendo que, si bien las obras habían sido aprobadas por el Honorable Concejo Deliberante, los fondos debían ser enviados por la Nación, que jamás había cumplido. “Necesitamos que el Estado nacional lo financie de una vez”, dijo el funcionario.
Por su parte, Martín García, del Movimiento 15 de Enero, que asistió a los damnificados en el momento del temporal y continúa recabando los materiales para arreglar esas casas y abrigar a las personas, dijo: “Además de lo que pedimos para Villa Evita, al municipio le estamos exigiendo que se haga cargo del estado de abandono en que se encuentran estas casas, ya que seguramente los habitantes de la Villa de Paso a los que fueron adjudicadas, están esperando que se terminen para poder ocuparlas”.
Por la mitad
Como se recordará, allá por 2011, la relocalización de los habitantes de la villa de Paso era la noticia inminente. El entonces secretario de Planeamiento Urbano de la Municipalidad, José Luis Castorina, estimaba que el traslado definitivo estaría terminado antes de ese fin de año. Y eso declaraba con mucha bambolla, ante los más variados medios de prensa.
El funcionario decía además que se estaban construyendo 84 viviendas en el barrio Belisario Roldán, donde la comuna había comprado terrenos para concretar el traslado, y que se encontraba en la etapa preliminar la construcción de las últimas 47 casas en El Martillo: “El compromiso del Gobierno bonaerense y del intendente Pulti es terminar con la relocalización de la villa para fines de este año”.
Claro que esto nunca pasó, y una cantidad de viviendas del plan fueron literalmente abandonadas, cuando la construcción se encontraba a medias: una verdadera afrenta para quienes esperan la adjudicación de su casa propia, y aun para quienes están capeando el temporal entre cuatro chapas, donde se mojan los colchones y las frazadas. Pero así fue.
La paralización atañe a cuestiones políticas y económicas entre la empresa afectada a la construcción, la comuna y el Gobierno provincial. Efectivamente, el Plan Dignidad fue construido por la Asociación Civil Trabajar, cuyo presidente es César Trujillo, histórico dirigente de la UOCRA, quien se encuentra procesado por los delitos de administración fraudulenta y utilización de documento público adulterado en el marco de la construcción de un plan de viviendas en Miramar. Él representa entonces la organización intermediaria entre el municipio y la empresa constructora para la realización de este predio de viviendas, que lleva paralizado un año y medio. Trujillo también se desligó del abandono de las obras, y responsabilizó al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) porque no habría enviado las partidas presupuestarias correspondientes para terminar: “No se terminan porque la Provincia no tiene plata”, declaró a la prensa.
No obstante, no realizó ninguna denuncia penal contra la Provincia y sí lo hizo contra los damnificados del temporal, acusándolos por la ocupación. Los integrantes del Movimiento 15 de Enero consideran que, de esta manera, el sindicalista está intentando judicializar este conflicto social que, como tal, no necesita sanciones penales, sino soluciones políticas.
Los autoevacuados
Hace unos tres años, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobaba por unanimidad un paquete de proyectos de ordenanza y comunicación del concejal Marcelo Artime, cuyo objetivo era poner en marcha un programa de urbanización, regulación dominial, mejoramiento habitacional y de desarrollo social en el asentamiento conocido como Villa Evita.
La propuesta contemplaba, en primer lugar, la realización de un relevamiento para definir la composición actual del asentamiento, que según datos preliminares contaba con 250 familias, se extendía entre las calles Soler, San Salvador, Udine y Magnasco, e involucraba parte de los barrios Fortunato de la Plaza y Santa Rita.
El proyecto en cuestión también declaraba de interés social las tareas que debían realizarse para la ejecución del programa, y calificaría a los inmuebles involucrados como de utilidad pública y sujetos a expropiación.
Para cumplir con lo programado, se encomendaba al Departamento Ejecutivo local a que realizara las gestiones necesarias ante el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires para la sanción de la correspondiente ley, así como para que realizara las previsiones presupuestarias correspondientes.
Eran los tiempos de Artime, quien precisó en la oportunidad que el proyecto se encuadraría en el Programa de Urbanización de Villas y Asentamientos que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires había puesto en marcha ese año, con el objetivo de atender las necesidades de pobladores de bajos recursos mediante la ejecución de obras públicas y servicios sociales.
Dijo también que el primer paso para concretar el programa era que las familias involucradas pasaran a ser propietarias de sus viviendas. El caso más sencillo, para él, era el de aquellas personas cuyas viviendas estuvieran asentadas sobre terrenos fiscales; luego estarían las familias radicadas en terrenos privados y allí se procedería a la expropiación, para lo cual necesitaban la intervención de la Provincia. Quizá un tanto más compleja sería, según calificó, la situación de aquellos cuyas casas estuvieran asentadas en las inmediaciones de las vías del ferrocarril.
Pero nada sucedió como esperaban. Según dicen las malas lenguas, los habitantes de Villa Evita resultaron ser muy decididos e independientes, y malos receptores de los punteros políticos, que suelen aparecer por algunos sectores periféricos con un par de ofertas tentadoras. Los de Villa Evita no negociaban votos ni apretones de manos frente a las cámaras. Y la ayuda se retrasó.
El plan de urbanización prometido quedó en la nada, y empezaron a pasar los años, a la vez que las deterioradas casas de chapa resistían aun menos el viento y la lluvia.
En estas condiciones llegaron al presente, convulsionado y maltrecho, cuando uno de los peores temporales de lluvia de los últimos tiempos azotó la ciudad. Cuando el agua se hizo sentir, cuando se mojó todo lo que podía mojarse, los cansados habitantes de la villa alzaron sus sesenta niños y bebés y marcharon a las casas inconclusas del Plan Dignidad, que estaban a pocas cuadras del chaperío disperso. Y ahora conversamos, dijeron. Porque la idea no es apropiarse. Las demandas son claras:
1) Formación de un equipo de trabajo para actualizar y recuperar el proyecto de urbanización de Villa Evita aprobado por ordenanza municipal el 28 de octubre de 2010, bajo el nombre de Programa de Urbanización, Regularización Dominial, Mejoramiento Habitacional y Desarrollo Social del asentamiento denominado Villa Evita. Este proyecto se encuentra cajoneado desde hace tres años. En este equipo de trabajo deben estar presentes representantes del Poder Ejecutivo, del Concejo Deliberante, personal del Instituto Provincial de la Vivienda, técnicos y profesionales aportados por el Movimiento 15 de Enero y familias representantes del barrio Villa Evita.
2) Materiales para recuperar las viviendas arruinadas por las lluvias para que las 22 familias evacuadas puedan regresar a sus casas.
3) Los arreglos de las viviendas que fueron destrozadas por el temporal serán realizados por los propios vecinos de Villa Evita.
En sólo un día pudieron conectar la luz en las 12 viviendas, hacer cerramientos provisorios en todas las ventanas y puertas para poder pasar la noche sin frío, cortar el pasto del predio y coordinar todas las tareas organizativas que esta medida necesitaba. Además, se formaron grupos de trabajo para organizar la cocina, limpieza, seguridad, contención, organización, mantenimiento, atención a la prensa, diálogo con funcionarios, recorrido por los bloques de concejales y relevamiento técnico. En ese primer día realizaron tres asambleas, en las que aunaron información y decisiones. Ojalá que Aiello no esté pensando en que la famosa mesa de negociación pueda ser una estrategia para dilatar el tiempo, porque esta gente está llovida, mojada y cansada. Cansada de escucharlos a ellos.