El cierre de Donnelley sólo sorprendió a los no avisados: el Gobierno sabía exactamente qué estaba ocurriendo con la imprenta de capitales estadounidenses. Desde la imposición del cepo cambiario, la situación de las empresas de capital extranjero se ha visto complicada por no poder girar ganancias a su casa matrices. En el caso de Donnelley, la complicación ha sido también que la importación ha estado sujeta a imposiciones del poder político en función de la disponibilidad de dólares que cuenta el BCRA.
No hay nada extraño como pretendió el gobernador Scioli en su expresión pública de apoyo a la movida de la Rosada de vincular a la imprenta con los fondos buitres. Las políticas gubernamentales traen consecuencias, y en este caso, es el cierre de una planta impresora de alto nivel. El anuncio del ministro de Trabajo Carlos Tomada, en el que anticipó una posible expropiación que luego devendría en la formación de una cooperativa, es sólo eso por ahora, un anuncio. Otro más.
Pero hay una novedad positiva y que por cierto es una sorpresa: la Corte de Nueva York aceptó la apelación y dio tratamiento urgente al pedido del Citibank contra un fallo del juez estadounidense Thomas Griesa, quien a fines de julio había autorizado “por única vez” el pago de bonos del canje en dólares bajo ley argentina, exceptuando los del bloqueo que trabó al país por la falta de acuerdo con holdouts. El tratamiento del planteo comenzará el 29 de agosto, y el 18 de septiembre se resolverá al respecto en una audiencia, fecha que queda muy cerca del 30 de septiembre, día en que la Argentina debería pagar u$s186 millones de los bonos Par en moneda extranjera. De no concretarse el pago del vencimiento, Argentina ampliará su cesación de pagos.
El planteo surgió tras una autorización del juez Griesa, dada el 28 de julio al Citigroup, a hacer por única vez el pago de los intereses de los bonos Descuento emitidos bajo legislación argentina, pero denominados en dólares, parte de los cuales están en manos de acreedores que participaron en canjes de 2005 y 2010.
La autorización de Griesa pareció una solución en el momento, pero luego el Citibank volvió a hacer un reclamo en el mismo sentido. La entidad sigue argumentando que no puede distinguir entre los bonos emitidos como parte de los canjes de deuda y los mismos Descuento que la Argentina emitió este año para saldar su deuda con el grupo español Repsol por la estatización de YPF.
Hace menos de un mes, el juez desestimó el reclamo de bloqueo de fondos del buitre NML alegando que “la Corte no desea afectar el acuerdo con Repsol”. Sin embargo, Griesa aclaró que a partir de ahora el Citi debería discriminar entre los bonos del canje con ley local en dólares y los destinados a saldar la deuda con Repsol, porque no podrá pagar los primeros.
Ya en un escrito anterior, los abogados del Citi le habían manifestado a Griesa que “muchos bonos con ley argentina no son, en realidad, títulos reestructurados, incluyendo los u$s 1250 millones en Descuento que fueron emitidos para el arreglo con Repsol”, y que “como ambos bonos son idénticos, son fungibles”. Con lo cual el banco no estaba “en condiciones de determinar qué clase de bonos tiene o cuáles son bonos reestructurados”.
La aceptación por parte de la Corte ha puesto en alerta a los abogados de los fondos buitres, que señalan que la Corte podría impedir que la sentencia de Griesa se cumpla, una interpretación curiosa de quienes hacen el papel de adustos ejecutores de la ley. Si la cámara revoca disposiciones de Griesa, lo hace cumpliendo con su rol de actor judicial superior de este curioso juez de primera instancia.
De darse el caso de que la Corte revoque total o parcialmente los dictados de Griesa, los fondos irían seguramente a la Corte y el esquema del Gobierno de Cristina Fernández de dejar este tema espinoso en manos del próximo gobierno, sería ciertamente un deseo cumplido.