Estalló como una bomba neutrónica al corazón del Gobierno: por las redes sociales, la ex presidente Cristina Elizabet Fernández viuda de Kirchner manifestó que el Presidente de la Nación estaría favoreciendo a su padre Franco Macri con una condonación de deuda de setenta mil millones de pesos.
Al ritmo de teclados enfurecidos, militantes “K” y cientos de militantes de variada cepa aseveraban que estábamos ante un escándalo mayúsculo; que en realidad nada está cambiando, y que sentían vergüenza de haber votado a este Gobierno. El ex vicepresidente de la nación de Cristina Fernández, Julio Cobos, señaló que el acuerdo podría ser abusivo y que debe revisarse. A su vez, el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina, Alberto Fernández, apuntó que “esto es la consecuencia de votar empresarios para conducir el Gobierno”, en tanto que los ex funcionarios del gobierno kirchnerista Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella denunciaron penalmente al Presidente y sus funcionarios por un acuerdo que aún no se firmó, lo que hace inviable entender que haya delito constituido alguno.
Según explicó el economista Martín Tetaz, legalmente no corren intereses en deuda consolidada de concurso de quiebras, ni por la ley anterior (convertibilidad) ni por la actual. En su opinión, el hecho de que los doce años de gobierno kirchnerista hayan pasado sin acción del Estado es el auténtico factor de dilución de esa deuda, que hoy equivaldría a 3.818 millones de pesos. Tetaz afirma que la dilación del Estado provocó la licuación del noventa por ciento del capital.
Quien inició esta blitz política con armado jurídico es la fiscal Gabriela Boquín. De perfil bajo y académico, es especialista en concursos y quiebras, pero también dirige el Programa de Defensa de los Derechos del Consumidor, que asiste a los fiscales de su fuero en las investigaciones. En su entorno la definen como una descreída de la clase política.
El juramento para el cargo se lo tomó la fiscal general Alejandra Gils Carbó, quien es su jefa directa. Su historia indica claramente que, pertenezca o no a Justicia Legítima, actúa como instrumento de una puja de poder que no concede tregua y no descansa en su obsesión de dañar de muerte al actual Gobierno.