Como una noria que gira siempre en un mismo sentido hasta completar cada vuelta sobre sí misma, la sociedad argentina -o por decirlo más ajustadamente, su dirigencia- va hacia la reinterpretación de las garantías públicas a un ritmo intenso. Como suele suceder en la Argentina.
Primero fue la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien señaló: “Hay un discurso drogadicto que justifica que un cigarrillo de marihuana no hace nada”, dijo la jefa de fiscales, en tiempos en los que se discute si agilizar el acceso a las drogas sirve para combatir al narcotráfico.
Ahora se sumó a la cuestión el secretario de Seguridad Interior, Sergio Berni, quien no dudó en criticar lo que llamó “el híper garantismo”. En declaraciones a medios metropolitanos, señaló al fiscal de San Isidro Fabián Céliz porque “sigue encaprichado” en imputarlo de la detención sin orden judicial en 2012 de 68 piqueteros que cortaban la Panamericana. Berni dio su interpretación de los hechos indicando: “Nosotros tenemos la obligación de ejecutar la ley y hacerla cumplir”, expresó, y dijo que no hacen “esas interpretaciones raras que hacen ahora con ese híper-garantismo que hay, donde parece ser que el derecho a manifestarse está por encima del derecho a transitar”.
En referencia a ello, dejó claro que en su opinión, la insistencia en procesarlo se debe a la conducta política del fiscal citado. Aclaró que la acción de detención se produjo porque “estaban interrumpiendo por más de una hora la autopista Panamericana con todas las consecuencias que eso trae, y además era por una cuestión política; eran de Libres del Sur, estrechamente vinculados a (Hermes) Binner”.
Estas expresiones son nuevas y van a contramano de lo que ha sido hasta el presente la actitud permisiva del Gobierno, anche la Justicia, para todo lo que tenga que ver con la interrupción de la libre circulación. En estas mismas semanas, en tanto se debate esta cuestión judicial en torno al secretario de Seguridad Berni, quienes por años justificaron la inacción judicial y política -tal ha sido el notorio caso del senador Aníbal Fernández, uno de los arietes del discurso despenalizador y garantista extremo- se mantienen lejos de los medios y la mirada de la opinión publica.
Estos pilares de la acción política del Gobierno son un registro de cambios aún más bruscos que los que llevaron a la expulsión del secretario Guillermo Moreno. La sociedad dejó en claro en octubre su hartazgo ante la impudicia de quienes hicieron de someter a la ciudadanía a su arbitrio con cortes, quemas de gomas, en muchos casos con rostros cubiertos y portando palos a modo de armas de disuasión o batalla urbana, no sólo un estilo sino toda una declaración de poder. Advertidos del giro completo de la noria, los escribas que habitualmente hacen de corifeos de estas posturas “híper garantistas” o de la promoción del consumo de la marihuana, hoy están callados.
Aquí hay un desafío para las autoridades, y es el de profesionalizar la acción de las fuerzas de seguridad; en particular cuando se trata de situaciones de calle que pueden llevar a eventos de sangre. Casos como el del docente Fuentealba u otros similares no deben repetirse. Lo que no significa dejar hacer y tolerar lo que socialmente es intolerable: que algunos, en nombre de sus propias necesidades, tomen el derecho para sí, negándolo al conjunto de la sociedad.
Eva Perón dijo -o le atribuyen haber dicho-: “donde hay una necesidad hay un derecho”. Fue bandera extrema de organizaciones armadas para justificar su relato de violencia con secuestros, robos a mano armada y asesinatos. Ese criterio ha subsistido hasta hoy. La noria gira, da otra vuelta: ¿habrá llegado la era del derecho?