Uno de los instrumentos de la liberalización financiera global que, unido a la Internet se ha dado en llamar “el proceso de globalización”, son las calificadoras de riesgo.
Las consecuencias de la crisis europea y los constantes cambios de calificación de la deuda de países europeos han llevado a la Unión Europea a plantearse la investigación de los métodos usados por las tres agencias.
Las agencias de calificación Standard & Poor’s y Moody’s mantienen su atención sobre la calificación de la Unión Europea y advierten sobre una posible rebaja de ésta debido al descenso en la calificación de algunos los países miembros y la amenaza de reducción en países más fuertes como Francia y Alemania.
Las medidas tomadas por la Unión Europea en la cumbre que culminó el 9 de diciembre de 2011 no son consideradas por los analistas como suficientes para evitar estos riesgos, entendiendo que la crisis se encuentra en una etapa crítica. No sólo en la vieja y hoy devastada Europa llegó la hora de investigar: en Australia, la Corte Federal de Justicia (FCJ) responsabiliza a la agencia Standard & Poor’s (S&P) de las pérdidas sufridas por los demandantes, y condena a la firma, junto a otras dos entidades de inversión de capital, a pagar a 13 ayuntamientos por asignar a un producto financiero tóxico la máxima calificación crediticia y recomendar su compra.
Los 13 ayuntamientos -todos ellos del estado de Nueva Gales del Sur- han demandado a S&P, al banco de inversión ABN AMRO y al Servicio Financiero de los Gobiernos Locales (LGFS) argumentando que los engañaron para comprar Obligaciones de Proporción Constante (CDPO), lo que les llevó a perder 30 millones de dólares (23,40 millones de euros). La situación es crítica; la magistrada de la FCJ Jayne Jagot ha calificado de “engañosa” y “falaz” la información sobre las CDPO, en la que se aseguraba que solamente existía un 1% de probabilidades de impago, a pesar de que en los primeros seis meses de crisis la cifra alcanzó el 90%, lo que equivale a pérdidas de 16 millones de dólares (12,47 millones de euros).
Así, Jagot ha condenado a S&P al considerar que engañó a los inversores -en este caso a los 13 demandantes- al calificar las CDPO con una triple ‘A’, cuando en realidad se trata de un producto financiero altamente complejo. Además, condena a ABN AMRO, emisor de los CDPO, por “forzar la calificación crediticia”, y a los LGSF por incumplir su obligación legal de investigar los productos financieros ofrecidos a los gobiernos locales.
A esta saga jurídico-política se suma ahora el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que inició una demanda civil contra Standard & Poor’s por su responsabilidad en el estallido de la burbuja inmobiliaria que llevó a la crisis financiera del 2008, según ha postulado el diario The Wall Street Journal.
Según fuentes próximas a la investigación citadas por el diario financiero, se espera que los fiscales generales de varios estados del país se unan a la denuncia. Se trata de la primera acción legal del Gobierno federal contra una agencia de calificación de riesgo, tras la crisis financiera del 2008. Por el momento, el Departamento de Justicia no ha confirmado ni desmentido que esta demanda esté en preparación.
Otro aspecto que no está claro es si la demanda se concentrará en Standard & Poor’s o también se extenderá a otras compañías como Fitch Ratings o Moody’s, que realizaron trabajos similares. La presidenta Cristina Fernández, vía Twitter, reclamó que directamente se suspenda a Standard & Poor’s y otras agencias por igual.