Lo ocurrido con el último papelón al respecto de la política educativa en la provincia de Buenos Aires deja al desnudo la orfandad de escenario que padece y hace padecer a los bonaerenses la Gobernación de Daniel Scioli.
Esta semana cierra con un debate feroz por la ausencia del Gobernador en un tema crucial. A la noticia por la eliminación de los aplazos en la escuela primaria se le suma que un día antes, la Legislatura bonaerense había sancionado un proyecto que permite que militantes sociales sean considerados docentes aunque no tengan título habilitante ni formación pedagógica oficial, cosa que hasta hoy no había trascendido.
La denominada Ley de Incorporación de la Modalidad de Escuela Comunitaria al Sistema de Educación Formal beneficia a a los centros comunitarios y a quienes allí colaboran con el cuidado de chicos vulnerables de entre 45 días y 5 años. Cuando la norma sea promulgada, los establecimientos mencionados alcanzarán la jerarquía de “escuelas de nivel inicial” y quienes están al frente de los cursos con los chicos serán considerados maestros, adquiriendo todos sus derechos legales.
La iniciativa fue de la diputada kirchnerista Alicia Sánchez (pareja de Luis D’Elía), quien argumentó que era necesario “reconocer el valor y la dignidad del trabajo que mujeres y hombres sostienen cotidianamente en las instituciones comunitarias, motivadas con el único objetivo de promover la inclusión social a través de la educación”. La diputada Sánchez forma parte del Frente para la Victoria y el espacio MILES, y su proyecto surgió -según se explicó- para “dar una respuesta colectiva ante las necesidades formativas insatisfechas que, por ausencia de un Estado que aplicaba políticas neoliberales, obligaron a que muchas amas de casa, vecinos y militantes hicieran de maestros y trabajaran en el territorio provincial”.
“La educación comunitaria se ocupa de todo, es una caja de resonancia porque es un lugar donde los vecinos van a pedir lo que les falta, ya sea vacunación, campañas de documentación; está en todo. Con la ley, las maestras van a tener un reconocimiento como trabajadoras de la educación”, destacó Sánchez. El proyecto de ley aprobado sostiene que “la Dirección General de Cultura y Educación tendrá como objetivo garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas comunitarias de nivel inicial, proporcionando a tal fin, la infraestructura necesaria para su funcionamiento”, y además indica que “el Poder Ejecutivo garantizará anualmente en la partida presupuestaria de la Dirección General de Cultura y Educación una partida específica destinada a las Instituciones Comunitarias de Nivel Inicial”.
Esto ocurre en una provincia en la que el presupuesto público está devastado, y en la que la composición real del gasto educativo, y teniendo en cuenta sus dimensiones, representa solamente el 1,67% del Producto Interno Bruto (a escala nacional, la Ley de Financiamiento Educativo ha logrado subir la inversión del área más allá del 6% del PBI), lo cual conduce, entre otras inequidades, a que se produzcan situaciones tan graves como las que llevaron este año al recorte de presupuesto en comedores escolares.
En relación al tema de la inclusión en la matrícula de personas no formadas en la docencia, Gustavo Sánchez Ibáñez, secretario general de SUTEBA MDP, señaló recientemente en la 99.9 que si bien la problemática de los jardines comunitarios existe, no es la aprobada la manera de solucionar el problema. “Hay una situación que es importante y que agrupa a una gran cantidad de personas que están trabajando y tienen una matrícula alta. Esto no legitima que se nombre personal como docente cuando no tienen la formación necesaria; en ese caso, no tendría sentido el nivel inicial”. También apuntó: “Todos estos jardines deberían ser controlados por el Gobierno y es lo que nosotros reclamamos: que el Estado esté presente en la educación formal e informal. Hay una grave responsabilidad del Estado en su ausencia. Esto sale a la luz ahora, pero hace tiempo que se venía debatiendo; incluso teníamos conocimiento de este proyecto de ley pero no pensamos que saldría tan rápido”.
Es decir, claramente, un Estado ausente, y un Gobernador en la misma situación.