Tras los muros, sordos ruidos

edi982

No es el convento histórico que marcó el inicio de la gloria del general José de San Martín, ni siquiera es ciertamente un convento; todo va señalando que es la tapadera de una estructura económica manejada por un sector de la Iglesia cuyas acciones estuvieron lejos del escrutinio público hasta que José López llegó al lugar con sus bolsos llenos de millones de dólares.

Según reveló en entrevista concedida a la 99.9 el abogado Jorge Vítale, denunciante de los negociados de Hebe de Bonafini a través de la fundación Sueños Compartidos, la organización creada por el fallecido obispo Di Monte reporta directamente al Vaticano. Vitale, experto en derecho canónico, católico practicante, señala que no se puede decir, como sí lo hizo el obispo José María Arancedo, que los laicos no pertenecen a la Iglesia. Muy por el contrario, subrayó Vitale que ante la caída brutal de las vocaciones, los laicos son la Iglesia.

La organización que lideraba el obispo Rubén Di Monte manejó cuantiosos dineros por medio de ocho cuentas corrientes y cajas de ahorro en diversos bancos. Publica Infobae que según Ana Pronesti, la colaboradora del monasterio que se presentó a sí misma como gestora pero que se descubrió que es prestamista y que mejoró su nivel de vida luego de su relación con el obispo-, todos los gastos del convento, incluidas las remodelaciones de la gran vivienda y la construcción de las bóvedas, la compra e instalación de las cámaras de seguridad, el nuevo alambrado que rodea la manzana que ocupa el monasterio y hasta el “Fatimóvil” -la camioneta que usaban para peregrinaciones de la virgen de Fátima- habían sido provistos por “la familia misionera”, un grupo de fieles autoconvocados que realizan retiros espirituales y actividades religiosas en esta orden semi oficial creada y comandada por Di Monte y la madre Alba. Sin embargo, en dichos gastos estuvieron detrás las manos de De Vido y de López, a través del ministerio de Infraestructura. Esta semana se conocieron documentos que muestran que, en 2007, el kirchnerismo gestionó recursos para financiar la vivienda en la que pasó sus últimos años el obispo y donde aún habitan las religiosas –laicas consagradas- que recibieron a López en la madrugada del 14 de junio.

El actual obispo Agustín Radrizzani mantiene un discurso políticamente correcto, pero no se ve que haya cambiado nada desde que asumió la diócesis. Básicamente, mantuvo la estructura de poder que Di Monte creó en connivencia con el poder político los pasados doce años. Sobre el convento, Radrizzani señaló que el lugar no es un “aguantadero” en lo más mínimo; lo llamó convento, aunque no está claro si lo es de alguna manera.

Las declaraciones de las colaboradoras María Antonia Casas (74) y Marcela Estefanía Albín (38), a quienes los medios coinciden el denominarlas “monjas” cuando claramente no lo son, han dejado saber que la compañera de Di Monte por más de treinta años, Alba Martínez, hoy de 94 años, estaba completamente al tanto de la llegada de José López, y fue quien dio las órdenes para permitirle ingresar al complejo.

Nada parece ser lo que se dice que es: monjas que no lo son, laicos negados y obispos que buscan cambiar el eje de atención de acontecimientos donde el delito resuena en la superficie. Demasiado ruido tras los muros, nada sordos, como para que todo quede en la nada.