La frase del Presidente de la Nación sonó clara y fuerte: “Quiero decir que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la Justicia en la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó”. Es la primera vez, en democracia, que un primer mandatario decide abordar un tema que el pensamiento garanticida abomina: la defensa de la víctima del crimen.
Su expresión disparó de inmediato la polémica. El corifeo de garanticidas e idiotas que hacen del relato de la pobreza y la exclusión la justificación del crimen, salieron a dar voces por todo lo alto, llegando incluso a la intervención de la ex presidenta Cristina Elisabet Fernández, quien señaló que alguien que quiere una zapatilla o un campera de marca puede recurrir a la fuerza por el sólo deseo de obtenerla. El deseo sin los límites que impone la legalidad, la legitimidad. En esa expresión radica una de las bases del consentimiento del crimen descarnado y vil que somete la vida de los argentinos. El que tiene es culpable, y debe pagar por ello un alto precio -su vida, sus bienes-.
Increíblemente, en la Argentina, la Corte definió que tortura es un término sólo aplicable a los agentes del Estado; ergo, si un criminal o criminales ingresan a un hogar, aplican picana a sus moradores, los golpean o los queman con una plancha, como hemos asistido a tantos de esos casos, no los están torturando, sino que están cometiendo un robo calificado. La sinrazón del sistema penal argentino incoada en los criterios de Eugenio Zaffaroni, les han significado a los argentinos una cifra pavorosa de algo más de treinta mil víctimas reales en todo tipo de casos criminales. Organizaciones como Usina de Justicia están intentando crear una masa crítica que aborde un cambio en las leyes, pero más significativamente un cambio en la entidad de los operadores judiciales y el propio sistema que, la población advierte, cae de hábito en el vicio intelectual de tratar a la víctima como victimario, o al menos como culpable del delito preexistente de poseer algo deseable.
La definición de la gobernadora María Eugenia Vidal en un foro en la UCA abreva en la misma fuente que la del Presidente, y detalla otro aspecto analizable de lo acontecido: “Lo que pasó es responsabilidad de Estado. Nadie tiene un arma en un cantero si se siente cuidado por el Estado“. Va a llevar tiempo cambiarlo, aunque todos reconocemos que es urgente. Tan urgente que requiere de actitudes concretas en el plano de la administración de justicia. Basta de garanticidas, necesitamos jueces que a derecho actúen para proteger al ciudadano, la razón de ser de la comunidad organizada.