Con el último mensaje al Parlamento en representación del pueblo argentino, Cristina Fernández viuda de Kirchner introdujo el párrafo final a un tramo de la historia nacional signado por la esperanza colectiva de dejar atrás la decadencia que como sociedad, entre retazos de progreso y avances sociales, hemos sabido conseguir.
Quienes pujan por suceder a Cristina ven amenazas diversas en el horizonte. Un ejemplo: algunas de las leyes recientemente votadas -como la Ley de Inteligencia- que la oposición anunció en solemne compromiso que vetará y reemplazará de inmediato al asumir en diciembre. El interrogante para el ciudadano de a pie es: ¿entonces para qué las vota el FPV? Carlos Reutemann enfocó la cuestión el fin de semana en declaraciones a medios capitalinos: “el Gobierno dejará el problema de los hold outs para que el próximo pague el precio político de resolver el tema”. Inquirido acerca de cómo sería ese costo, apuntó: “Al resolver el conflicto, vendrán las acusaciones de vender la patria, de cipayos, etc.”, que provendrá de un segmento de alrededor de un treinta por ciento de la población, que es lo que hoy define y abarca el universo oficialista.
La actitud comunicacional del futuro gobierno será clave para el desafío que implica corregir variables económicas sensibles tales como subsidios, energía, deuda externa, valor de equilibrio del dólar para superar la tablita que la sociedad conoce como cepo cambiario, y en particular un marco que permita salir de la inflación, que ha distorsionado todo el set de precios relativos a niveles pocas veces visto. La crisis en la zona euro y el fortalecimiento del dólar implica también desafíos en el esquema económico, así como la relación con China y Rusia.
Pocos meses nos separan de un final de ciclo en mejores condiciones que los transcurridos en etapas anteriores de la vida democrática, si de términos macro y sensación de la sociedad frente al momento se trata. Obvio es que la muerte de Alberto Nisman marca un punto de inflexión que debiera llevar al impulso de cambios consensuados por las fuerzas políticas triunfantes, para dar al próximo gobierno los instrumentos que cambien el paradigma gravoso que implica el reclamo de justicia frente a un sistema judicial cortesano.
A treinta años de retornada la democracia, la oportunidad aparece nítida: sólo el quince por ciento de la población es mayor de sesenta años, por lo que en dos elecciones, prácticamente la masa completa de votantes será nacida y criada en democracia. Quizá sea éste sea el dato más significativo de estos años imperfectamente ganados en la construcción de la República.