En este mismo espacio, el 31 de diciembre de 2017 se señalaba que febrero sería un mes clave para la familia Moyano y su poder acumulado por décadas a fuerza de presión, amenazas y concesiones políticas y judiciales. Así como la diputada Juliana Di Tullio afirmó días pasados que “todos sabían que Cristina está en contra del aborto”, nadie puede alegar de buena fe que no sabe lo que ha venido ocurriendo por años en el Sindicato de Camioneros.
En febrero de 2014 Ramón “Toto” Lorenzo denunciaba en la 99.9 y este medio que Vía Laboral es una empresa que pertenece a Camioneros y está manejada por Pablo Moyano. “Hacen lo que quieren: si no te allanás, llaman a las empresas y te echan”. Los Moyano son dueños de empresas de trabajo eventual —léase precarización laboral—, lo que implica manejo de millones y el apriete basado en el miedo al desempleo como arma esencial de adhesión de voluntades.
En la semana que inicia, Pablo “Bebote” Álvarez declara como testigo ante el juez federal de Quilmes Luis Armella. “Bebote” Álvarez, líder de la barra brava de Independiente, dará su testimonio en la causa que investiga a Hugo Moyano y a su hijo Pablo por presunto lavado de dinero. Álvarez, detenido en el contexto de una causa conexa con prisión preventiva, fue citado luego de la declaración que hizo en contra de los Moyano, a quienes acusó, a fines del pasado enero, de utilizar al club Independiente para lavar dinero. De todos modos, no es la única causa que involucra y complica a los Moyano, ya que la que se procura en Córdoba también tiene movimiento procesal y es por enriquecimiento ilícito.
Retomando los dichos de Lorenzo, ya en 2015 había manifestado que “Bebote” Álvarez había sido quien con un grupo de 200 personas lo había presionado y amenazado para impedirle formar en el Sindicato una lista opositora a los Moyano con vista a las elecciones en el gremio. Como se verá, por fechas y afirmaciones al respecto, no hay nada nuevo en relación al pope sindical y su familia, excepción hecha del cambio de clima que se impulsa desde lo más alto del poder político, que finalmente ha abierto las compuertas a un escenario de fin de época que se explica por la voluntad republicana de cambiar las reglas de juego de la impunidad más escandalosa.
El proyecto para someter a controles públicos los fondos que administran las obras sociales es otra pieza clave. Tal como se ha sostenido, hay un proceso en marcha que los dirigentes llaman de disciplinamiento. Es un modo de decirlo: lo que hay, en verdad, es el fin de la impunidad.