El 24 de marzo de 2018 transcurrió sin mayores situaciones de impacto público, más signado por la abulia colectiva que por el entusiasmo en la conmemoración del aniversario del último golpe militar.
Una nota distinta la ofreció la gobernadora María Eugenia Vidal, quien entregó a Abuelas un bien público, la seccional quinta de Quilmes, que operó como centro clandestino de secuestro y tortura en los años de noche y niebla, para recrear allí la memoria colectiva de esa tragedia nacional.
Vidal dio a la entrega alto predicamento público en un acto con Estela de Carlotto, y tal como era de estimar, los medios apuntaron a la distancia que implica este acto en la relación política con el presidente Mauricio Macri. Macri mantiene una política alejada de personajes tales como Estela de Carlotto u otros referentes de un sector que marcó a fuego a la Argentina desde la lucha por los desaparecidos o el recupero de los niños apropiados en ese tiempo.
La derrota de Malvinas es la partera de la democracia. Esa derrota alumbró un cambio en las condiciones políticas que culminaron en el juicio a las juntas y su posterior condena. Sobre ese desarrollo se dio un impulso a la búsqueda de verdad por medio de los juicios de lesa humanidad, que han sido posibles por la debilidad de algunos gobiernos y la utilización de otros de una temática sensible para la población en general.
Pero no habrá verdad y reconciliación hasta que el conocimiento de ese pasado sea completo. Ese pasado completo está comenzando a salir a la luz en el juicio que lleva adelante la familia Larrabure para que se juzgue el secuestro y asesinato del coronel Argentino de Valle Larrabure. En Rosario, constituido el plenario, los magistrados federales escucharon los argumentos del abogado Javier Vigo Leguizamón apuntando a la naturaleza criminal obvia de esos actos hasta hoy fuera de la mirada pública.
Es indudable el uso político que la administración kirchnerista hizo de las causas de derechos humanos. Néstor Kirchner las utilizó para sumar masa crítica a su flaco resultado electoral, que lo condujo, en circunstancias excepcionales, a integrar su gobierno con cargos, dinero y facilidades políticas extraordinarias, lo cual culminó en situaciones delictivas como el programa Sueños Compartidos, en teoría un objetivo superlativo, y en la práctica una auténtica vergüenza. El punto máximo en este rubro lo produjo Cristina Fernández, quien impuso como jefe del Ejército a un militar investigado por violaciones a los derechos humanos, contando para ello con el silencio ominoso de Estela de Carlotto, de Hebe de Bonafini o de Nora Cortiñas, presente en el alegato de Rosario al lado de la defensa de Luis Mattini, ex integrante del ERP e integrante del grupo que asesinó a Larrabure.
El otro impacto es el debate por las libertades de aquellos que, conforme a derecho por edad o por situación de salud, deben estar en detención domiciliaria. La voz de Graciela Fernández Meijide fue de una probidad absoluta al señalar que “si corresponde, Alfredo Astiz tendrá que estar en domiciliaria”. La respuesta intolerante de otros referentes deja en claro que el tránsito en democracia tiene aún un camino muy extenso por recorrer, y que los denominados derechos humanos son un tema en debate que todavía está a años luz de ser un tótum que abarque toda la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad.