Nada resulta diferente si no se hace algo distinto. La conducta del Gobierno nacional de instalar controles y parámetros en obra pública y administración en todos los niveles, puede dar al país la oportunidad de un ciclo beneficioso en el que los pagos indebidos en la administración no sean visto como algo normal.
Los procesos iniciados en el fuero penal federal, sólo en Comodoro Py llegan a 487, e involucran a casi todos los funcionarios de los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner. Esta información surge de la propia Corte Suprema, que ha brindado un detalle inédito del número y estado de estas causas, anunciando un nuevo sitio web que incorpora todas las causas en tiempo real. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, fuertemente cuestionado por Elisa Carrió, busca curarse en salud antes de que salga el primer informe de la auditoría sobre la justicia federal, que, en inicio, es sobre los tribunales de Comodoro Py.
Acciones impensadas llevan a que, por caso, esta semana se inicie el fin de la protección de la que gozaba Daniel Scioli y su equipo más directo. El fiscal del fuero provincial Álvaro Garganta citó a indagatoria a Alberto Pérez, ex todopoderoso jefe de gabinete de Scioli. Señala en su auto de procesamiento el fiscal platense: “existen elementos suficientes para tener por acreditado que, entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y el titular de la Subsecretaría Administrativa sustrajeron por lo menos en 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.
Y este es sólo uno de los capítulos de la corrupción en la provincia de Buenos Aires, sucedidos a lo largo de ocho años de impunidad en los que los órganos de control en manos de la oposición -en particular la UCR, liderada por Ricardo Alfonsín- no vio, no supo, o no quiso hacer nada para parar este latrocinio del dinero de los bonaerenses. Garganta señala que Alberto Pérez y Walter Carbone actuaban de consuno, y precisa: “en su carácter de titular del Ministerio, (Pérez) suscribió todas y cada una de las resoluciones habilitantes del gasto, disponiendo el pago en efectivo en favor de Walter Edgardo Carbone”, y que dichas resoluciones fueron “la piedra angular de la maniobra”, ya que “consagraban una amañada construcción jurídica, consistente en que el monto habilitado para el evento debía ser entregado en efectivo a modo de anticipo para gastos al subsecretario de Administración solicitante, por medio de la Tesorería del propio Ministerio”. En sencillo: tenían un método reiterado de apropiarse del dinero del impuesto pagado por los bonaerenses.
Lo que viene no será simple, será largo y por momentos decepcionante. Es quizá lógico que así sea, ya que es la batalla madre de todas batallas: la batalla por la verdad.