De crímenes e interrogantes I. El crimen de Lucía Pérez subsumió otros crímenes ocurridos en MDP. Por caso el de Juana Gladys Peralta, de 83 años, torturada y vejada en su casa en la misma semana, o la no menos criminal muerte de Yazmín Milagros, beba de once meses, a manos de sus progenitores. La muerte de Yazmín podría haberse evitado si los poderes judiciales hubieran actuado debidamente. La sociedad marchó por Lucía y está bien que lo haya hecho, pero la responsabilidad de la dirigencia es establecer el marco para minimizar estos hechos, cuestión que no parece estar aconteciendo o siquiera estar rozando un debate real y concreto con miras a una acción específica.
De crímenes e interrogantes II. Los hechos que rodean a la muerte de Yazmín dicen a las claras que el fallecimiento de Candela Milagros en 2013, su hermanita, no sirvieron para tomar decisiones de fondo en relación a la pareja de Lucía Sosa y Javier Picart. Estos dos, respaldados por la psicóloga Patricia Gordon, la organización La Alameda y un grupo que actúa bajo la denominación de “En red”, hicieron campaña en los medios entonces, como padres doloridos y atravesados por una tragedia familiar insoportable. En Qué digital publicaban sobre la historia: “Lucía Sosa y Javier Picart viven un calvario desde agosto de 2013: no sólo tuvieron que afrontar la muerte de su beba de 5 meses, sino que a raíz de eso perdieron la tenencia de sus otros tres hijos de entre 3 y 6 años. Denuncian violencia institucional y exigen que sus chicos estén ellos antes de las fiestas. “Pedimos que nos devuelvan a nuestros hijos”, dice Lucía, y asegura que no hay motivos para que sus hijos Lucas, de 6 años, Micaela, de 4 y Claudio, de 3, estén en hogares transitorios lejos de ella y su pareja, lejos de los padres de los chicos. “Tenemos una casa, trabajo y no les falta nada“. Liderados por Gordon acusaron a médicos, al juez interviniente y hablaron de “conspiración para apoderarse de los niños”. Hoy ante este nuevo hecho aberrante, lo que no se hizo por la presión mediática ejercida en ese momento (2013), debe hacerse sin demora ni excusa: someterlos a proceso penal por estos crímenes, que lastiman hondamente la sensibilidad social.
De Cambiemos y otras preocupaciones. Fue clara la gobernadora Vidal: “No hay espacio para la crítica fuera de Cambiemos”. Lo dijo en la reunión distrital de esta agrupación política en el hotel Costa Galana, donde se mostró junto al intendente Carlos Fernando Arroyo y todo su gabinete. Su llegada estuvo envuelta en una maraña de rumores que sugerían que Vidal se alojaría en el Hotel Provincial. El ministro de Economía Hernán Lacunza, por su parte, manifestó que de los fondos tomados en préstamos a nivel internacional por la provincia, habrá derrame hacia los municipios. Enhorabuena: estas palabras traen alivio a la comuna, así como el reconocimiento de Federico Salvai, ministro de Gobierno provincial, de ha reconocido que esta gestión recibió una administración quebrada, y eso condiciona la situación operativa y financiera de la misma.
De charlas y alcahuetes. La Facultad de Derecho de la UNMdP organizó una charla a cargo del ministro de Justicia provincial Gustavo Ferrari, quien fue introducido por la decana de esa unidad académica María del Carmen Ortega. Asistieron, entre otros, el juez Marcelo Madina, el mismo al que se le “perdieron” de la bóveda del TOF unos 40 mil dólares, un Rolex y otros elementos de secuestro de drogas en la década del 90. Presente también Roberto Atilio Falcone, quien desplegó su histrionismo ante el ministro para hablar de su complacencia con la idea de dar poder a la víctima en el derecho penal. No pensaba lo mismo en 1998, cuando defendía a mujeres policías torturadoras quejándose de lo nefasta que era “la muletilla de los derechos humanos”. Es que al igual que Groucho Marx, Falcone tiene unos principios, pero si hace falta, tiene otros.