Surge clara y cada vez más nítida la última operación de inteligencia de los servicios de la dictadura: copar cargos en la justicia y asegurar caminos de impunidad para aquellos que derrotaron a las organizaciones armadas empleando las políticas de noche y niebla que han marcado a la Argentina hasta hoy.
En 2011, el voto para la aplicación del 2×1 de María Laura Garrigós de Rébori, presidenta actual de Justicia Legítima, benefició a Raúl Guglieminetti, conocido en el mundo de los servicios de inteligencia de la época por su alias “mayor Guastavino”. Y fue precisamente el mayor Guastavino quien, según el camarista federal Jorge Ferro, se llegó hasta Mar del Plata a pagar los cincuenta mil dólares que cobró Roberto Atilio Falcone -hoy juez del TOF- por la defensa de Juan Martín Ciga Correa, quien había sido detenido aquí en el restaurant cantina La Romana. Ciga Correa fincaba bajo el seudónimo de “mayor Santa María”, y fue, según distintas fuentes, jefe de los pelotones criminales que actuaron bajo comando de la CIA en El Salvador en la década de los ochenta.
No hay casualidades. Así como no es fruto casual que lo convocaran a la defensa de Ciga Correa a Falcone, los servicios de inteligencia no recurren a la guía de abogados para hacer la defensa de los suyos. El voto de Garrigós de Rébori no fue casual. No fue casual que haya votado en minoría buscando aliviar la condena de un feroz integrante de los grupos que operaban en la clandestinidad, como tampoco es casual que sea presidenta de Justicia Legítima, ni que Roberto Atilio Falcone -insisto, el abogado de Ciga Correa, al que Guglieminetti le pagó sus honorarios- sea el central impulsor de Justicia Legítima en Mar del Plata. Todo tiene que ver con todo.
El 20 de junio de 2015, en la sede de ADUM, se lanzaba Justicia Legítima en nuestra ciudad. Roberto Atilio Falcone llevaba la palabra cantante, y glosó su discurso mencionando -aunque sin citar específicamente- a aquellos que, a su decir, fueron cómplices de la dictadura. Allí y entonces lanzó el nombramiento del fiscal general de cámaras Daniel Adler como presidente de la facción local de los legítimos justiciadores.
Abogados que formaron parte de la cobertura de superficie del Batallón de Inteligencia 601, agentes de inteligencia de Ramón Genaro Camps como Fabián Uriel Fernández Garello -hoy expuesto por su actuación de entonces por la Comisión Provincial de la Memoria- ocupan cargos relevantes en la administración de justicia y llevan la marcha de los procesos que, en el caso de Mar del Plata, han cubierto eficazmente a aquellos que integraban las patotas operativas de la represión.
Su rol es de tal dimensión, que han puesto en la picota pública a quienes han elegido para pagar los crímenes que aquellos que han sido sus pares o sus contratantes cometieron. No hay casualidades en estos comportamientos, sino que forman parte de un todo: la operación de inteligencia de largo término más exitosa de aquellos que fueron y son cómplices de la dictadura militar, cuyo objetivo es proteger del modo más efectivo a los asesinos y colaboradores de la política criminal de la época, desarrollada como instrumento de Estado.