¿Nos odian?

En lo que debe de haber pensado era un dechado de intelectualidad, el titular de la seguridad comunal, César Ventimiglia, señaló: “Donde hay policía 24 horas, el delito disminuye”. De ser así, es obvio que nuestra vida no vale nada. Menos que nada.

Contrariamente a lo que suele afirmarse, la pena de muerte sí rige en la Argentina, y no la aplican los jueces sino los criminales, a diario. Éste ha sido el caso del asesinato de Rafael González, de 82 años, quien fue ultimado por uno de tres delincuentes que ingresaron en su casa haciéndose pasar por policías. González, militar retirado, había resistido un asalto días atrás. La llegada de tres hombres que bajaron de un Peugeot 206 vestidos como si pertenecieran al cuerpo de Policía Científica, llevó a que les franqueara el paso. Lo dominaron junto a su esposa de 79 años, y se dedicaron a desvalijar la vivienda. Al momento de partir, uno de ellos sentenció: “Matalo al viejo”.

Repugnante. Pero hay que considerar, si los detienen, que toda una constelación de actores del sistema público se ocupará de los asesinos. El Estado parece cada día más alejado de ser capaz de actuar conforme a sus responsabilidades, y cada día más, actúa creando un universo que se retroalimenta a sí mismo y succiona fondos públicos de manera perversa, cruel, grotesca.

La vida de los ciudadanos está a disposición de una criminalidad viciosa que mata por matar. Arropados por un discurso jurídico/político que los exculpa hasta de lo más horripilante, accionan a su aire en cualquier lugar, hora y escenario.

Esta semana, legisladores provinciales del FPV-PJ elevaron un pedido de juicio político contra la jueza Mirta Ravera Godoy, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de San Isidro.  Los diputados bonaerenses Guido Lorenzino, Iván Budassi, Martín Cosentino y Rodolfo Iriart, junto al senador provincial Alberto De Fazio, presentaron el pedido de juicio político ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, solicitando que se investigue si el comportamiento de la jueza puede ser encuadrado dentro de la causal de remoción de magistrados calificada legalmente como “incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones”, tal como lo señala el inciso D del artículo 21 de la Ley 13.661.

La petición deviene del asesinato de Graciela García, de 47 años. Cuando la mujer llegaba a la casa de sus padres en Vicente López el viernes pasado a la noche, fue abordada por dos sujetos y asesinada de un disparo en la cara por uno de los delincuentes, que escaparon sin llegar a robar nada. A través de testigos y de imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, se pudo determinar que quien le disparó a García fue Federico Dorado, de 20 años, a quien la jueza Mirta Ravera Godoy le había concedido la libertad condicional en mayo, contraviniendo el informe negativo del Servicio Penitenciario Bonaerense. Las autoridades penitenciarias habían consignado una evidente falta de interés del detenido en integrarse al sistema educativo y su mala conducta general durante su detención, lo cual llevó incluso a la aplicación de nueve sanciones disciplinarias. Dorado fue detenido y condenado por portación ilegítima de armas de fuego, abuso de armas y privación ilegítima de la libertad.

Los legisladores expresaron que debe investigarse en profundidad la labor de la funcionaria judicial interviniente, dado que si ese menor no hubiera sido liberado, tal como lo aconsejó fundadamente el Servicio Penitenciario, hoy no estaríamos lamentando la muerte de esta vecina de Vicente López.

Sin datos ciertos aún, no sería extraño enterarnos en breve que en la muerte de Rafael González también participaron ex reclusos o reclusos con permiso de salida, que matan por matar y se jactan de ello en las redes sociales. Por eso creo que la pregunta es válida: ¿nos odian? No los criminales, que va de suyo que efectivamente nos odian. No, digo, los recitadores del mantra de la cuestión social como justificadora del crimen. Esos, los discípulos del illuminado garanticida Eugenio Zaffaroni, ¿nos odian?