Descontrolados

Liberación de detenidos | Tras una serie de medidas desatinadas, la sociedad hace saber su descontento por la liberación indiscriminada de presos. Se dice que hay que evitar un brote masivo de Coronavirus, pero lo cierto es que hubo firmas que otorgaron domiciliaria en cualquier expediente. A río revuelto…

Es el tema del momento, y nadie habla de otra cosa después del motín del penal de Devoto. Como si todo el poder judicial hubiera enloquecido de repente, los medios muestran uno tras otro los testimonios de víctimas que denuncian la liberación de sus agresores. ¿Quién firmó los expedientes?

Ya el 20 de diciembre de 2019 se había producido una reunión fundacional de la llamada «Mesa de Diálogo», convocada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para buscar una solución a lo que consideraba una grave crisis humanitaria que se vivía en las cárceles bonaerenses. Entonces, la Comisión Provincial por la Memoria reclamaba medidas de acción inmediatas, como que el procurador general de la Suprema Corte —Julio Conte Grand—  derogara ciertas resoluciones que habían conducido a la sobrepoblación record en las prisiones. De la reunión convocada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, habían participado el Premio Nobel de la Paz y presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, y el titular de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo de Lázzari.

En su informe anual, la Comisión Provincial por la Memoria volvía a denunciar un sistema de crueldad en las cárceles y comisarías bonaerenses, partiendo de que durante 2018, 469 personas denunciaron 2428 casos de tortura y malos tratos. Hechos similares habrían ocurrido en cárceles federales, en 6300 casos. Estas situaciones habrían dado lugar a la protesta en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que se replicó en otras unidades penitenciarias, desde Villa Devoto a Córdoba. Todos aseguraban que durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos se había aplicado un criterio de abusar de las prisiones preventivas con un objetivo ejemplificador, que ahora devenía en superpoblación y malestar general.

Sobre llovido, mojado. Ante este estado de cosas vino a decantar la pandemia mundial, el confinamiento obligatorio y un equipo de jueces que firman expedientes por peso, sin leer una hoja.  O, peor aún, que eligen muy cuidadosamente cuál es el que leen, motivados quién sabe por qué universo de casualidades que preferimos no desagregar. En tal pandemónium de cosas, firmaron más o menos lo que les parecía más conveniente, y como si fuera poco, la Cámara Federal de casación Penal aprobó la acordada 9/20, que vino a beneficiar al propio y al entenado. El que debía salir porque había cometido un delito menor, sin ejercicio de la violencia, el que ya estaba en condiciones de salidas transitorias, y el que no debía pisar la calle ni de causalidad. ¿Por qué pasó? ¿Quién fue el autor del despropósito?

Inconstitucional

En medio de las protestas, el juez federal Germán Castelli se plantó y criticó la resolución de sus superiores: habló de “impertinencia constitucional” y de paternalismo jurídico. Afirmó que el documento en cuestión atenta contra el principio de independencia de los jueces, que es un pilar indiscutible para garantizar la resolución de conflictos.El juez decidió declarar la inconstitucionalidad de la acordada de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país, que el 14 de abril pasado había impulsado a los jueces de primera y segunda instancia, y a los tribunales orales a avanzar con las excarcelaciones o prisiones domiciliarias para presos de grupos de riesgo, detenidos por delitos leves y los que puedan acceder a salidas transitorias, mientras que abrió la puerta a considerar ese beneficio para los arrestados por delitos graves.

“Cada magistrado y magistrada, tras el estudio del caso, continuará haciéndose cargo frente a la sociedad y la historia, de las consecuencias de sus decisiones, como lo manda la Constitución Nacional”, dijo el juez Germán Castelli en su fallo, justo cuando la tensión crecía en la cárcel de Devoto y otros penales: los presos estaban reclamando más libertades y la presencia de los jueces de Casación ya que se consideraban expuestos al contagio de COVID-19. “Más allá de las buenas intenciones de los magistrados, la impertinencia constitucional de la Acordada 9/20, aparece a simple vista, afectando, por ende, el principio de independencia de los jueces”, escribió.

Los planteos de defensores para obtener excarcelaciones, libertades y arrestos domiciliarios son perfectamente naturales, como así también lo es que se generen tensiones en el ambiente judicial. La cuestión es que las concedan. No pasa sólo en el fuero federal, ya que hubo una acordada similar de la Casación Nacional y recibió severas críticas el fallo inicial de Casación bonaerense con un habeas corpus en favor de cientos de presos de cárceles de la provincia, que fue apelado ante la Corte provincial.

Castelli, en su condición de juez del TOF 7, negó el arresto domiciliario a una mujer condenada —por tráfico de estupefacientes— a cuatro años y medio de prisión. Ella tenía antecedentes oncológicos, diabetes e inmunosupresión. El juez explicó que —aunque se encuentre transitando la ejecución de una pena privativa de la libertad— eso no implica el menoscabar sus derechos, sino el estricto cumplimiento de una sentencia condenatoria.

En esa lógica, el juez afirmó que aunque la interna integra un grupo vulnerable por sus patologías de base, no encaja en los parámetros establecidos para otorgar domiciliaria: no se trata de un adulto mayor, no está embarazada, ni tampoco tiene hijos lactantes. Tampoco se encuentra en condiciones inminentes de libertades anticipadas: salidas transitorias, libertad condicional y ni libertad asistida. El sólo hecho de cumplir la pena bajo el régimen domiciliario no representaría una garantía para resguardar su salud. El magistrado cuestionó también las recomendaciones que la Corte da a los tribunales inferiores porque ello implica avanzar sobre la independencia que establece la Carta Magna.

La gran excusa

En el ámbito provincial el escándalo parecía partir del fallo del juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, que permitió la liberación de muchos presos en la provincia, y generó una alarma generalizada en el sistema judicial en plena feria. En Quilmes, mientras tanto, la jueza Julia Márquez —de Ejecución Penal N°1— fue muy clara en sus conceptos, y mostró que la medida va en contra de los intereses de todos los argentinos.

Dijo en su entrevista para la 99.9: “uno se queda con la sensación de que las soluciones están en eludir la ley, no podemos pensar otras medidas con apego a la ley. La impunidad no puede ser la salida a cualquier problema. Hoy la excusa es el coronavirus, más adelante puede ser cualquier otra”.

Excusa dijo la jueza, y destacó que hay una ideología detrás de este tipo de determinaciones: “hay toda una doctrina que se instaló fuertemente con muchos adeptos en la justicia. Es algo dogmático porque no se puede pensar y contrastar con la realidad”.

La magistrada Márquez consideró que no se puede paralizar la justicia en el contexto que está viviendo el país: “creo que en momentos de crisis, hay que fortalecer la institucionalidad. No podemos funcionar así, proponiendo medidas a tontas y locas. No puede ser peor el remedio que la enfermedad”, explicó.

La jueza dijo que hay distintos aspectos que deben ser parte del análisis antes de la liberación, aun teniendo en cuenta el riesgo de contagio, porque hay cárceles que no tuvieron un sólo caso. Dijo: “si los liberamos,¿quién nos asegura que no se van a contagiar?No puede ser una definición de carácter general. Acá la única resolución concreta es sacar gente de las cárceles”. Márquez exponía que se debía pensar otra forma de mejorar la situación dentro de las penitenciarías: “dentro de todas las medidas que se piden tomar, no hay ninguna que indique construir nuevas cárceles. Si tenemos personas presas es porque cometieron delitos, las últimas estadísticas del 2018 en Buenos Aires, indican que por lo menos hubo 200.000 investigaciones penales que comenzaron. A menos que creamos que la gente está loca y sale a denunciar cualquier cosa, es un número importante… Es una locura que una persona que ingresó a la cárcel por un hecho de violencia, egrese por otro hecho de violencia como un motín”. Con estas ideas, la jueza representa el punto de vista de un sector importante de la sociedad que está reclamando que nadie ceda a las presiones, y que los detenidos permanezcan cumpliendo sus condenas para proteger a las personas de bien. Y los señores jueces, a leer la letra chica.