El intendente municipal Carlos Fernando Arroyo fue determinante con sus declaraciones en la 99.9 anticipando que iniciarán acciones legales contra el juez de Garantías, Daniel De Marco, por su accionar en el corte del predio de disposición final de residuos. “El fallo es un desarrollo falaz de imputaciones con un contenido ideológico clarísimo”, agregó.
Si bien el conflicto en el predio de disposición final de residuos ha terminado, el accionar del Juez de Garantías Daniel De Marco ante el pedido de la fiscal Lorena Irigoyen, ha dejado sus secuelas. El municipio, ante una argumentación de mero sentido político, se presentará ante la propia justicia pidiendo el juicio político.
Así lo confirmó en la 99.9 el intendente municipal Carlos Fernando Arroyo: “vamos a ir por las acciones legales correspondientes. El fallo es un desarrollo falaz de imputaciones que son directamente falsas, falta la verdad directamente. Atribuye a mi gestión el haber recurrido a la justicia cuando tanto la fiscal como la policía actuaron de oficio”, remarcó.
Incluso dentro de la propia explicación que brindó el magistrado, hay elementos políticos pero pocos que apuntan al real problema: “la solución finalmente no vino por el fallo sino por la negociación que es lo que niega. Sin investigar anda, sabía que esta gente comía basura o elementos vencidos, llama la atención. Hay un contenido ideológico clarísimo y el fondo de la cuestión radica en que se estaba violando abiertamente el artículo 194 del Código Penal porque se impedía la prestación de un servicio público que además es esencial”, dijo el intendente.
Este tipo de manifestaciones, terminan afectando a muchas personas en un tema muy sensible ante el reclamo de un grupo que hasta el propio De Marco definió como “grupo reducido”: “han hecho un atentado al medio ambiente, además de una violación abierta a las disposiciones constitucionales. Aunque siempre respetamos el derecho a protestar, no se puede llegar al límite de que un grupo de 10 personas ponga en peligro la salud de toda la ciudad”.
Incluso, ante tantos hechos irregulares que sucedieron en las últimas horas, Arroyo relató un punto destacado e incomprensible: “por negociaciones de Leitao, se había llegado a un acuerdo para levantar la medida y aparecieron 3 personas en un taxi que nadie sabe quienes son ni de donde vienen. Se presentaron como representantes del CEAMSE e instaron a que continuara la medida, algo insólito. No se puede concebir que una ciudad de un millón de habitantes esté sometida a un mero chantaje de un grupo que ni siquiera representa a una entidad”, señaló.
Para el Dr. Arroyo se deben terminar este tipo de expresiones de la justicia que no tienen demasiado que ver con la tarea que deben asumir los jueces y, por el contrario, tienen un indisimulable contenido político. Por eso, admitió que “irán hasta las últimas instancias para que se analice el accionar de De Marco”. Luego finalizó: “Mar del Plata tiene un estado de anomia judicial hace tiempo. La policía no quiere actuar si no tiene órdenes judiciales expresas, aunque pueden actuar de oficio, lo que pasa que está permitido partirle la cabeza a un policía pero prohibido tocar a un manifestante”.