La designación de Marcelo Lacedonia como defensor oficial significó, en los hechos, la ratificación de la sociedad política entre Maximiliano Abad y Guillermo Montenegro.
La reforma de la Constitución en 1994 incorporó figuras del derecho europeo, fuertemente influído por el carácter monárquico de la mayoría de sus naciones. Una de esas figuras, es la del Defensor del Pueblo.
Allanaron el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Buscaban veinte monedas de oro que estaban en custodia judicial en la causa conocida como «el señor de los cielos», otra investigación en la que se hacen tropelías que nadie parece saber controlar.
La puja entre el Municipio y el Sindicato de los Conejos Negros —porque ni un mago los puede hacer laburar— empieza a tomar un cariz que no se veía en la ciudad desde la época previa a la caida de Blas Aurelio Primo Aprile.
La llamada «Megacausa ANSES», centrada alrededor de la actividad de la Organización Jurídico Previsional SRL de la avenida Paso está a sólo un tris de hundirse en el más espeso y oscuro barro judicial.
En el inicio de su gestión —aún más, antes de iniciarla incluso— Guillermo Montenegro firmó un acuerdo con las organizaciones que representan a taxistas y remiseros en el que se comprometía a evitar la instalación y combatir el avance de las aplicaciones de transporte de pasajeros en la ciudad.