En Florida, la empresa bananera fue declarada responsable de los asesinatos cometidos por un grupo paramilitar que estaba en su nómina; el jurado impuso el pago de una millonaria indemnización a los familiares.
Un jurado de Florida del Sur ha dictaminado que Chiquita Brands es responsable de ocho asesinatos llevados a cabo por un grupo paramilitar de derecha que la empresa ayudó a financiar en una fértil región bananera de Colombia durante el conflicto interno que asedió al país durante décadas.
El lunes, el jurado ordenó a la multinacional productora de plátanos pagar 38,3 millones de dólares a 16 familiares de agricultores, además de otros civiles, que fueron asesinados en incidentes separados por las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de derecha que Chiquita financió de 1997 a 2004.
La compañía ha enfrentado cientos de demandas similares presentadas en tribunales de EE. UU. por las familias de miles de víctimas de la violencia generada por el grupo paramilitar en Colombia. Sin embargo, el veredicto en Florida destaca por ser la primera ocasión en que Chiquita es declarada culpable.
De acuerdo con expertos legales, esta decisión, que la compañía aseguró que apelaría, podría influir los resultados de otras demandas.
Este veredicto a favor de las víctimas es un caso poco común —dentro y fuera de Colombia— en el que una corporación privada es declarada responsable ante las víctimas resultantes de sus operaciones en regiones con violencia generalizada o agitación social, dijeron los expertos.
“Estamos muy satisfechos con el veredicto del jurado, pero no podemos olvidar que hablamos de abusos terribles”, afirmó Marco Simons, abogado del grupo ambientalista y de derechos humanos EarthRights International, quien representó a una de las familias que presentaron la demanda.
“El veredicto no traerá de vuelta a los esposos y a los hijos asesinados, pero aclara los hechos y pone la responsabilidad de financiar el terrorismo donde corresponde: en manos de Chiquita”, señaló la abogada Agnieszka Fryszman, quien también representó a los demandantes.
Los miembros del jurado llegaron a esa decisión después de dos días de deliberación y seis semanas de un juicio llevado a cabo en el tribunal de distrito de EE. UU. de West Palm Beach, en el que los abogados argumentaron acerca de la motivación detrás de los pagos que los ejecutivos admitieron haber realizado al grupo paramilitar.
El Departamento de Estado designó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como organización terrorista extranjera en 2001.
Chiquita, como parte de un acuerdo al que llegó con el Departamento de Justicia para resolver acusaciones de hacer negocios con un grupo terrorista, admitió en 2007 haber pagado 1,7 millones de dólares a los paramilitares, según reveló una investigación.
Las AUC surgieron como resultado de la brutal guerra civil colombiana que estalló en la década de 1960 y acabó con la vida de al menos 220.000 personas.
Se formaron en 1997 como una coalición de grupos de extrema derecha fuertemente armados a los que los narcotraficantes y empresarios acudían en busca de protección frente a los grupos guerrilleros de izquierda.
La guerra terminó en 2016, cuando el gobierno y el principal grupo político de izquierda, que también era responsable de la matanza de civiles, firmaron un acuerdo de paz.
Los abogados que representan a las familias en el juicio del sur de Florida argumentaron que las operaciones de Chiquita se beneficiaron de la relación de la compañía con el grupo paramilitar, el cual sembró el miedo en una fértil región agrícola de más de 18.000 kilómetros cuadrados que conecta Panamá y Colombia hasta su disolución en 2006.
Afirmaron que el grupo asesinó o expulsó a agricultores, lo que le permitió a Chiquita comprar tierras a precios bajos y ampliar sus operaciones, convirtiendo plantaciones de plátano macho en plantaciones bananeras, que son más rentables.
Los abogados que representan a Chiquita cuestionaron si las víctimas habían sido asesinadas por los paramilitares o por otros grupos armados, y señalaron que los empleados de la empresa también habían sido amenazados por los paramilitares. Los ejecutivos y empleados, afirmaron los abogados defensores, estaban siendo extorsionados por las autodefensas y debían hacer pagos para garantizar su seguridad.
“La situación en Colombia fue trágica para muchísimos”, afirmó Chiquita a través de un comunicado tras el veredicto. “Sin embargo, eso no cambia el hecho de que no creemos que haya un fundamento jurídico para estas reclamaciones”.
Los abogados de los demandantes afirmaron que algunas de las víctimas que formaban parte de la demanda habían sido asesinadas frente a sus familiares.
Uno de los casos fue el de una niña no identificada que se dirigía en taxi a una plantación con su madre y su padrastro cuando fueron detenidos por hombres armados, relataron los abogados durante el juicio. Los hombres ejecutaron al padrastro y le dispararon mortalmente a la madre mientras intentaba huir. Luego le dieron a la niña el equivalente a 65 centavos de dólar para que tomara un autobús de vuelta a la ciudad.
Chiquita, anteriormente conocida como United Fruit Company, también está acusada en una demanda presentada en Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, en la que se afirma que los pagos que Chiquita hizo a las AUC equivalían a implicación en actividades delictivas.
“El nombre de Chiquita Brands resuena mucho en la historia reciente del país,” dijo Sebastián Escobar Uribe, uno de los abogados que lleva el proceso en Medellín. “Cuando se trata de investigar corporaciones con un importante músculo económico en países como Colombia, esas empresas tienen el poder de cooptar el sistema judicial.”
En Estados Unidos no es habitual responsabilizar económicamente a una empresa por violaciones de los derechos humanos cometidas más allá de las fronteras del país, explicó James Anaya, quien enseña derechos humanos internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado.
La demanda que dio lugar al veredicto del sur de Florida había ido serpenteando por el sistema judicial desde que se presentó en 2007, superando varias impugnaciones hasta llegar a juicio.
“No es imposible que se produzcan estos casos”, dijo Anaya. “Ciertamente hay un camino para ellos”.
Sin embargo, añadió: “No es lo normal. Todo tiene que encajar”.
Los defensores de los derechos humanos en Colombia aplaudieron el veredicto del jurado.
Gerardo Vega, ex director de la Agencia Nacional de Tierras de Colombia, la cual está a cargo de devolver las tierras a quienes fueron desplazados por la fuerza, afirmó en una declaración en video que el fallo era una reivindicación de la lucha contra la impunidad en Estados Unidos.
“La justicia colombiana debería también actuar rápidamente”, dijo Vega. “Falta que la justicia colombiana condene a los empresarios que en Colombia, y a las empresas que en Colombia, también como Chiquita, daban tres centavos de dólar por caja exportada para los grupos paramilitares”.
Raquel Sena, viuda de un campesino asesinado en la región bananera, declaró en una entrevista a una emisora de radio colombiana que las AUC lo habían matado después de que se negara a venderles su terreno de cultivo.
“La muerte de él, uno nunca la va a superar”, dijo en un video publicado en X. “Quiero que Chiquita Brands nos reconozca, porque ellos eran los que pagaban a esa gente, (los) que mataron a la gente acá”.