Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, habló en la 99.9 sobre el pago de los juicios que llevaban adelante los jubilados y además, explicó la afectación de las medidas que serán anunciadas por el presidente Mauricio Macri: “se evitaría ligitiosidad inmediata al actualizar los beneficios de aquellos que si bien no han reclamado tienen derecho a hacerlo”.
La resolución que dará a conocer oficialmente el presidente Mauricio Macri en la jornada de hoy sobre el pago de los juicios a jubilados, ha generado un análisis desglosado de la situación por parte de los principales interesados. El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, se refirió a la medida en la 99.9 y remarcó que “desde 2008 tengo un amparo al respecto en la Corte Suprema, hemos seguido mucho el tema. Un sistema con una enorme litigiosidad de seguridad social se inició a principios de los 90, vio morir muchos jubilados en el intento de espera por la decisión de la justicia”.
Al momento de analizar cada punto de los que serán anunciados, puntualizó que “se plantea una medida buena e interesante donde se puede solucionar esta pequeña parte de la seguridad social. Se propone liquidar las sentencias firmes y ya hay 12 mil millones de pesos adjudicados por el presupuesto nacional lo que que equivale entre 40 y 50 mil sentencias pero serán más porque hay 20 mil más que quedarán firmes a lo largo del año”.
Otro de los apartados tiene que ver con todos aquellos que ya iniciaron el juicio pero no han llegado a sentencia: “son casi 300.000 que están en distintas etapas procesales y se les ofrecerá hacer una transacción que incluye concluir con el juicio en ese momento, pagar un retroactivo de cuatro años para atrás y pagar media sentencia en efectivo y el resto en cuotas en tres años indexada por el índice de movilidad”.
Por último, refirió que hay muchos jubilados que, aunque tienen su derecho vigente, no decidieron iniciar acciones legales: “los que no tienen juicio que son 1.200.000 se les ofrecerá si desisten de hacer el juicio, pagarles directamente sin retroactivo hacia adelante con el recálculo del haber inicial conforme al caso Carlos Alberto Carrizo”. Además, agregó que “el financiamiento de todo esto se haría con el flujo del fondo de garantías que es el producido como los intereses que puedan generar los plazos fijos, acciones o fondos de inversión”. Pero en el caso de que no sea suficiente se deberá recurrir al consenso político: “la recaudación anual de ese flujo es entre 60 y 90 mil millones de pesos. De no alcanzar se acudiría al Congreso de la Nación para autorizar ventas de algún tipo de acciones que hoy tiene el estado y hace falta una ley especial”.
La medida definitivamente es positiva para los jubilados y eso no se puede disimular de ninguna forma: “el fabricante de esta situación es el estado nacional con responsabilidad de todas las administraciones. Se evitaría ligitiosidad inmediata al actualizar los beneficios de aquellos que si bien no han reclamado tienen derecho a hacerlo. Habría un ajuste de un 40% en su jubilación mensual”.