Lázaro Báez, presidente de la empresa constructora Badial S.A., había respondido ante la AFIP que los millones llegaron en valijas desde Uruguay, algunas de ellas en barco y otras en avión.
La duda, entre los técnicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), era de dónde habían salido los millones para capitalizar a la constructora Badial SA. Sin vueltas, la respuesta llegó desde el presidente de la firma, Lázaro Báez, quien detalló que el dinero llegó en valijas desde Uruguay, algunas en avión y otras en barco. Vía Buquebus, para más precisión. Y aclaró que luego se trasladaban a Río Gallegos, donde se depositaba el dinero en un par de bancos.
La respuesta de Báez consta en el expediente administrativo de la AFIP y, de manera más sucinta, en la actuación posterior del Tribunal Fiscal cuyas copias obtuvo La Nación. Los sabuesos avanzaron en la pesquisa. Fue un largo proceso que comenzó en junio de 2005 y se extendió hasta estos días. La línea técnica fue removida el año pasado y se revocó todo lo actuado en beneficio de Báez.
Sin embargo, antes de darle un golpe letal a la investigación los sabuesos fueron aún más lejos. Verificaron que el propio Báez admitió sobre esas valijas, que él calificó como “aportes de capital” por más de $ 1,8 millones recibidos de la compañía uruguaya controlante de Badial, Reloway Company SA, no tenían justificativos formales de ningún tipo.
El empresario kirchnerista sí señaló a uno de los transportistas de ese dinero en efectivo: Carlos Adrián Calvo, a quien los sabuesos buscaron durante meses sin resultados. Hasta que salieron a la luz sus vínculos con la firma Invernes y el financista Ernesto Clarens, de bajísimo perfil pero con aceitados vínculos con el kirchnerismo más puro. “Parte de los aportes en efectivo realizados por la firma Reloway llegaba a través del señor Carlos Adrián Calvo, quien viajaba a la ciudad de Río Gallegos y realizaba los depósitos en efectivo en la cuenta corriente en pesos”, precisó Báez cuando la AFIP le pidió explicaciones. Según añadió el empresario patagónico, “Calvo no entregó comprobante de depósito” y Báez “firmaba un recibo provisorio, no quedándose con copia del mismo”.
Valijas sin aduana
No quedaron constancias de aquellas valijas que pasaron por los controles de la Aduana sin problema alguno, y eso alentó las sospechas de los técnicos de la AFIP. ¿Pudo ser que el dinero para capitalizar a Badial proviniera del circuito negro local? ¿Y que Báez lanzara la versión uruguaya para taparlo?
En cualquier caso, y dada la admisión del propio Báez, la AFIP continuó con su investigación. Hasta que concluyó que el aumento patrimonial de Badial SA era injustificado y que debía abonar los impuestos correspondientes sobre todos esos aportes, más allá de que pudieran encubrir otros delitos eventuales, como lavado de activos. La AFIP concluyó el 14 de junio de 2007 que Badial debía pagar $ 555.478 por impuestos impagos y otros $ 32.108,99 por intereses sobre el dinero que ingresó a sus cuentas en las sucursales de Río Gallegos de los bancos Patagonia Sudameris y Provincia de Santa Cruz. Allí comenzó una puja que se trasladó al Tribunal Fiscal en 2012.
Esa puja incluyó presiones sobre la línea técnica, la remoción de algunos jefes dentro de la AFIP y el traslado de otros, la reapertura del proceso administrativo tal como pidió el propio Báez (una situación que carece de antecedentes) y la admisión de nuevas pruebas. El proceso incluyó la búsqueda de Calvo, que no pudo ser hallado. Aunque surgieron algunas pistas por sus vínculos con la sociedad Invernes, a la que conocen en la Patagonia como el acrónimo de “Inversiones Néstor”, por el ex presidente Néstor Kirchner; aunque la denominación se debe al financista Ernesto Clarens.
Báez y Clarens forman parte de un entramado más complejo en el que también aparecen otros nombres sensibles, como el del responsable de la regional Sur Metropolitana de la AFIP, Andrés Vázquez, y el tributarista Horacio Díaz Sieiro, según confirmaron a La Nación seis fuentes dentro del organismo tributario del Tribunal Fiscal y del sector financiero durante los últimos meses.
Así, tras años de marchas y contramarchas, la AFIP llegó a una segunda determinación de oficio. Determinó que Badial debía abonar $ 336.062,05 de IVA más otros $ 346.227,27 por intereses resarcitorios y una multa por $ 82.773,12, en tanto que por Ganancias correspondían otros $ 555.478, más $ 481.614,19 por intereses y una multa de 32.108,99 pesos. En total, 1,8 millones de pesos.
Pero Báez no se dio por vencido. Apeló al Tribunal Fiscal. Con una conformación ad hoc de una de sus salas, pasando por encima otros expedientes más antiguos y días antes de que concluyera la subrogancia de uno de sus integrantes, José Luis Pérez revocó la decisión de la AFIP el 28 de junio del año pasado. Según explicó Pérez en el voto que resultaría clave, Báez logró demostrar que recibió “los aportes en cuestión de parte de su accionista extranjera, su ingreso al país, su aplicación y posterior capitalización”. Es decir que el dinero, tal como había declarado el empresario, ingresó en valijas. Por avión y por barco. “Por Buquebús”, cerró gráficamente.