Proceso a Alveolite | El pasado 24 de febrero, tres fiscales de delitos económicos firmaron la elevación a la justicia de garantías del proceso por abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público, que apunta al secretario comunal Adrián Alveolite. Él sigue en su cargo, sin que se le mueva un pelo.
La causa se originó en 2013, en ocasión de un allanamiento ilegal conducido por el propio Alveolite junto a otros funcionarios municipales, lo que terminó en una clausura indebida que había sido prepactada por todos. Ahora, Pablo Pizzo, David Bruna y Fernando Berlingieri determinaron la naturaleza criminal de la conducta de Alveolite, y en horas más, la cámara criminal deberá determinar cuál es el juzgado de garantías que intervendrá en la elevación a juicio de la causa.
Pero Alveolite continúa hasta ahora en su cargo: no hay exoneración, ni apertura de sumario administrativo en la sede municipal. Más allá del silencio que han impuesto los medios de prensa de la ciudad, para quienes esto no está pasando, ya es vox pópuli que Alveolite entra a patadas a comercios marplatenses y la mercadería nunca más aparece. Este medio ha decidido hacer lo único que se puede hacer: contar la historia.
El caso atañe a Carolina Beratz, dueña de un pequeño comercio de ropa femenina que funcionaba en el garage de una casa, un local alquilado en Garay 1219. En la oportunidad, el inspector general municipal Gustavo Tonello y la Jefa de Departamento de la Subsecretaría de Control de la Municipalidad, Mónica Bargas, llegaron a ese comercio requiriendo los certificados de la habilitación; ambos funcionarios dependían jerárquicamente de Alveoliote, y eran además su gente de confianza.
Como se certifica en la presentación de los fiscales, cualquiera podía saber que ninguno de los funcionarios mencionados realizaba este tipo de tareas de manera habitual, al menos no en este tipo de locales pequeños y con actividades de las llamadas de bajo impacto. Menos aun con presencia policial, inexplicable en un local de menos de 100 metros, considerando que hasta el momento no se pudo establecer quién dio la orden de que la fuerza se hiciera presente. Y para completar la idea, el mismísimo juez de faltas Pedro López Martucci afirmó que no era habitual en absoluto que el subsecretario de Control Municipal acompañara con su firma una nota de elevación de este tenor; es decir nadie sabe qué rayos hacía Alveolite allí.
La propietaria Beratz tenía sus papeles en regla: para iniciar las actividades comerciales debió completar su declaración jurada, presentar comprobantes de impuestos municipales, y así conseguir su habilitación bajo el número 504.404, con fecha de vencimiento 9 de diciembre de 2010. Pero también oportunamente realizó la renovación del trámite, por lo que obtuvo la correspondiente oblea de habilitación, que es el documento que los inspectores deben consultar en su visita para establecer el estado de regularidad de un comercio.
La oblea de Carolina dice que su comercio está habilitado bajo el rubro boutique, y que su validez se extiende hasta el 9 de diciembre de 2015. ¿Qué sucedió entonces?
Procedimiento de rutina
Sucedió lo de siempre. Los funcionarios, que llegaron a ejecutar órdenes del jerarca mayor, dijeron que clausuraban el local por habilitación vencida el 9 de siembre de 2010, y porque su declaración jurada estaba incompleta. En realidad, dice el fiscal en el momento de elevar a juicio la pésima conducta manifestada en estas actuaciones que terminaron en el evidente abuso de autoridad, había otras razones: “el designio que habían pactado con anterioridad: clausurar el local comercial”.
Es decir que quienes concurrieron primeramente, tenían la orden de Alveolite de clausurar encontraran lo que encontraran, y agrega el fiscal: “aparecía ciertamente llamativo que el propio subsecretario de Control Municipal hubiera ingresado a la propiedad privada lindera al local comercial instantes después de producida la clausura”. Dice el requerimiento del fiscal que sólo se explica porque, a su criterio, la verdadera razón es que el comercio forma parte de una vivienda cuyo estado de ocupación era cuestionado, problema al que es ajena Beratz, ya que es locataria. De hecho, otro inspector municipal había inspeccionado recientemente -Manuel Galessio- y no había advertido ninguna anormalidad en la habilitación del local.
Los inspectores Tonello y Bargas ignoraron la existencia de la oblea identificatoria que les fue exhibida, así como el cumplimiento de los requisitos para su expedición. Ignoraron que podrían haber accedido a un sistema informático de consulta si tenían alguna duda, antes de clausurar. Sólo mostraron una hoja de su expediente que decía que la habilitación había vencido y que tenían que clausurar, porque además el formulario estaba incompleto. Otras tres personas que llegaron con ellos solicitaron la facturación del comercio, y se dispusieron a controlarlo.
La visita en cuestión se produjo el 10 de julio de 2013, y los agentes fueron recibidos por la empleada que estaba a cargo del local, que fue quien presentó la oblea reglamentaria y los talonarios. Ella misma se comunicó telefónicamente con la dueña, Carolina Beratz, quien quiso hablar por teléfono con los funcionarios. Ellos se negaron, y le dijeron: “no tenemos nada que conversar”. Le informaron que le iban a clausurar el local, que ya estaba decidido, y le indicaron que juntara toda la documentación para el Tribunal de Faltas, porque pasados 5 minutos no iba a poder volver a entrar allí.
La empleada no sabía qué hacer, ni siquiera exactamente qué se tenía que llevar, así que pidió que esperaran a un empleado del estudio contable que se haría presente, pero le dijeron que no, y que si no se iba, la sacaba la policía. Ellos decían e insistían en que la oblea no quería decir nada, porque podía ser falsa; para el fiscal, cualquiera sabe que no es posible realizar una imitación apócrifa de ese documento, ni adulterar sus datos.
La situación fue sumamente irregular. Nunca hubo una intimación previa a la clausura, ni tampoco es habitual que se realicen clausuras de estas características por fata de una declaración jurada, menos aun con apoyo policial. Por esa razón, la dueña y su marido fueron a la municipalidad a tratar de entender, y allí hablaron con la secretaria de Alveolite, Vanina Jesús; todo el mundo sabía que mientras los clausuraban, Alveolite estaba en la casa de al lado.
Ella les dijo que la habilitación estaba mal, y poca cosa más. También se entrevistaron con Bruzzeta, de Inspección General, quien dejó caer la frase que aclaraba todo: “esto fue un decisión de Alveolite”, y mostró un papel dentro del expediente que nunca más volvió a aparecer.
Ahora bien, ¿por qué razón el secretario de Control de un municipio enorme estaría tomando decisiones sobre un pequeño negocio de ropa que funciona en el garage de una casa de calle Garay? ¿A quién engañan?¿Está encima de un pozo petrolero?
Flojo de papeles
En la presentación de los fiscales se toman varios elementos como indicios de la responsabilidad que Alveolite tiene sobre los hechos anunciados, es decir que la clausura estaba pactada con anterioridad y que abusó de su autoridad ordenándola sin más. Las razones son, por un lado, la urgencia con la que se realizó el procedimiento: había que clausurar en el acto y nada más. Por otro lado, el haberse negado a recibir las aclaraciones de la interesada, que quiso comunicarse por teléfono en el momento de los hechos, como así también a través de un empleado del estudio contable que se ocupa de su administración. En tercer lugar, el haberse excusado en la falta de autenticidad del papel, cuando no podía despertar ningún tipo de sospechas.
Pero las víctimas siguieron un periplo dentro del palacio municipal intentando que alguien les dijera algo sobre su situación, o sobre las posibilidades de seguir trabajando en su negocio.Se les dijo que “el problema venía por otro lado”, y que a ese expediente se lo habían pedido, según reproduce el fiscal en su documento. Y en el Tribunal de Faltas recibieron como respuesta el consejo de que prepararan su amparo judicial porque el negocio no iba a volver a ser habilitado. Pero sí levantaron la clausura inexplicable.
Todo esto sucedió hasta llegar a Inspección General. Allí por fin Alveolite los recibió, y con su mejor cara de piedra les dijo que él no tenía nada que ver, “que había quedado como jamón del medio”, frase hecha de carácter popular pero de aplicación equivocada, ya que en realidad quiso decir que quedó como el jamón del sándwich. “Jamón del medio”, por el contrario, alude a algo de óptima calidad y no a haber quedado en medio de dos cosas. No estaba diciendo de sí mismo que él fuera de óptima calidad, sino que se sentía atrapado, como entre dos panes. Que todo partía de la denuncia de dos mujeres por la usurpación de la casa.
Ahora bien, las pretensiones de ingenuidad son tan enormes que ofenden la inteligencia de la ciudadanía. ¿Alguien puede creer que si un ciudadano cualquiera concurre a denunciar que su casa fue, pongamos por caso, usurpada, y que allí funciona un comercio de garage, el mismísimo Adrián Alveolite iría en persona a desocuparla y a ver cómo sus acólitos clausuran el comercio en cuestión? ¿Alguien cree que eso sucedería?
Abuso de autoridad por lo menos. ¿Y los deberes de funcionario público? ¿Cuáles deberes?