Tribunales del Chaco | La Cámara Federal chaqueña desestimó las acusaciones contra el abogado Mariano Castellucci, cuya detención había generado un escándalo mediático. Después de que se llenaron la boca con poca cosa, son varios los que deben desdecirse.
Un año después del impacto, desde la ciudad de Resistencia se dio lugar a la apelación, y la Cámara dispuso revocar el procesamiento contra Mariano Castellucci por falta de mérito. Según el resolutorio, las escuchas telefónicas entre él y su cliente Ricardo Gassan Saba no fueron suficientes como para acusar al abogado de haber participado de delito alguno.
En efecto, los magistrados Ana Victoria Order, José Luis Aguilar y María Delfina Denogens estuvieron de acuerdo en aceptar la argumentación de la defensa: los elementos encontrados no eran suficientes para vincular al abogado con los posibles ilícitos de su cliente, ni para afirmar que él supiera que el origen de los fondos que estaban en juego fuera o no un ilícito. Además, los jueces agregaron “recomendar a la Instructora la profundización de la investigación en autos, efectivizando el pronto diligenciamiento de las medidas probatorias solicitadas por las partes y que se encuentran pendientes de producción, a fin de avanzar en la causa con miras a su oportuna elevación a la instancia de juicio”. Es decir, a trabajar.
Allá por el mes de marzo del 2015, la detención del abogado Mariano Castellucci había causado un revuelo enorme en la ciudad. La jueza federal de Chaco Zunilda Niremperger había ordenado su captura en el contexto de la causa denominada Carbón Blanco. En ella, policías de España y Portugal habían secuestrado cerca de 400 kilos de cocaína, que habían llegado ocultos en cargas de exportación de carbón vegetal allá por 2013. Esos cargamentos llevaban el logo de la empresa Carbón Vegetal del Litoral SRL, y habían sido envasados en la ciudad chaqueña de Quitilipi.
La causa que llegó a Mar del Plata es un desprendimiento de esta, y quiso establecer el blanqueo del dinero ilícito de la droga en esta ciudad. Allí apareció por primera vez el nombre de Castellucci.
Pero como este medio aclaró oportunamente, faltaban algunos elementos en la evaluación del caso, elementos que tienen que ver con la maquinaria del poder: la esposa del abogado era funcionaria en la Fiscalía General de Cámaras, que depende directamente del fiscal Daniel Adler, quien por entonces solía formar parte de varias acciones políticas junto al exintendente Gustavo Arnaldo Pulti.
Por esa razón, ambos se habían mostrado juntos haciendo uso de cuanto periodista encontraron para anunciar los procedimientos. Además, el entonces fiscal especial ante la PROCELAC, Carlos Gonella, que integraba como Adler el grupo Justicia Legítima, señalaba que detenían al testaferro del titular de Carbón Vegetal S.A. y a dos abogados, pero sólo nombró al marplatense afiliado a la UCR, Mariano Castelluci.
Escándalo
El allanamiento al estudio de Castelluci duró catorce horas, y contó con supervisión de un miembro del Colegio de Abogados. Pero ese estudio era compartido con Daniel Núñez, presidente local de la UCR. Rápidamente los medios iniciaban un escándalo de proporciones sobre la comunidad que creía, azorada, la versión de que habían ubicado a otro delincuente.
Así fue que, además de pasar casi un mes y medio detenido, el abogado Mariano Castellucci fue imputado por administración de fondos que provendrían del lavado, pero se podía advertir que los cargos eran mínimos: la bambolla política había hecho que al abogado se le atribuyeran sospechas de la más variada índole, y de eso se habían encargado los medios de prensa que respondían al monopolio de la información, que entonces se coordinaba desde el edificio municipal.
Resonaban los cargos de asociación ilícita, pero finalmente Niremperger lo liberaba reconociendo: “no hay elementos suficientes para poder vincularlo con la organización”. Entonces, ¿por qué fue rápidamente detenido y trasladado al Chaco?
Si bien semejante megaoperativo parecía justificado porque partía de la causa donde se investigaba a una banda de narcotraficantes, entre los siete detenidos estaba el abogado y docente Mariano Castellucci, profesor de la Facultad de Derecho en Sociedades Civiles y Comerciales, y justamente militante radical de Franja Morada. Además, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Castellucci se desempeñaba como subsecretario legal y técnico, y en 2004 había trabajado como consejero del Colegio de Abogados de la ciudad.
Las primeras versiones decían que -con el dinero que la banda narco conseguía de las ventas a Europa- se habían construido siete edificios en la zona de la vieja terminal, Varese y el barrio Stella Maris. De ahí el operativo que fue llevado adelante por el titular de la Procelac y el fiscal federal de Roque Sáenz Peña Carlos Sanserri.
Inmediatamente, la justicia federal procesó por lavado de dinero proveniente del narcotráfico al abogado Carlos Salvatore, y le trabó un embargo por 760 millones de pesos. Para la jueza federal de Presidencia Roque Sáenz Peña Zunilda Niremperger, Salvatore formaba parte de una asociación ilícita a cuyos demás miembros también trabó embargos, hasta superar los 1.600 millones de pesos.
La cuestión también cobró trascendencia nacional cuando Salvatore fue grabado en conversaciones telefónicas en las que mencionaba un plan para el asesinato de la jueza. Los demás imputados son la esposa del abogado, Silvia Susana Valles Paradiso, el empresario Ricardo Gassan Saba, y Santiago Valles Ferrer, suegro de Salvatore.
Resultados
Mariano Castellucci era únicamente el abogado de Gassan Saba. Sin embargo, la primera investigación estableció que el dinero obtenido del tráfico de drogas se había derivado hacia emprendimientos inmobiliarios en Mar del Plata, inversiones en autos de lujo, proyectos cinematográficos, activos en Estados Unidos y empresas pantalla. La resolución de Niremperger consideró que existía una organización estable, que se mantuvo en el tiempo y que estaba destinada a la comisión de delitos, donde Carlos Alberto Salvatore tendría un rol de liderazgo al ejercer la presidencia en la mayoría de las sociedades. En otras figuraban su esposa Silvia y su suegro Santiago, reservándose en general, al menos, el cargo de director suplente. Afirma que este rol habría pasado a Gassan Saba ante la inminencia de su detención, ocurrida en 2012.
Sobre Castellucci, la jueza había dicho: “Fue indagado por presumir que integra una asociación ilícita cuyos orígenes datan del 2005 hasta la actualidad, destinada a dar apariencia de licitud a ganancias relacionadas con la exportación ilegal de clorhidrato de cocaína”. Agregó: “sería uno de los administradores de los bienes de origen ilícito, en principio. Esa es la sospecha. De acuerdo a todos los indicios en el expediente, tendremos que dilucidar si sabía de dónde provenían, porque la participación en la administración es casi evidente”.
El impacto de la detención del abogado Mariano Castelluci había sido intensísimo. Quien era un desconocido en la opinión pública de la ciudad, había pasado a la escena de la prensa por la detención, que había ordenado la jueza federal en el marco de una causa que investigaba cocaína oculta en cargas de carbón vegetal. Los cargamentos llevaban el logo de la empresa Carbón Vegetal del Litoral SRL.
Así, la causa llegó a Mar del Plata como un desprendimiento de esta principal, y pretendió establecer cuáles eran los mecanismos de blanqueo del dinero ilícito. Se decía que el abogado marplatense Mariano Castellucci era apoderado de la empresa, y que administraba un edificio de calle Libres del Sud, por lo cual la firma dueña del edificio se encontraba inhibida desde el pasado 17 de marzo, a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac.
Pero en realidad, uno de los propietarios en ese edificio dio precisiones significativas respecto de la participación del abogado radical. Se trata de Lucas Manchón, quien indicó que unos años después de la operación inmobiliaria apareció Castellucci, pero con una función muy distinta a la que se ha mencionado: “Castellucci aparece en distintas oportunidades realizando gestiones. Lo conozco cuando comienzo las acciones judiciales contra la empresa porque había una demora en la entrega de las unidades. Se presentó como abogado de la empresa para gestionar con nosotros estas demandas judiciales”, señaló. Luego agregó: “todo acuerdo al que llegué lo hice a través de él y mi abogado. Toda decisión la consultaba con la empresa, lo único que hacía era cerrar un acuerdo judicial que yo había iniciado. Eso es lo que me consta a mí”. Es decir que, lejos de utilizar fondos de lavado de dinero para terminar el edificio, son los mismos propietarios los que hoy siguen poniendo su propia plata para tener servicios mínimos: “El avance de este edificio se hizo únicamente con el dinero que nosotros poníamos”, agregó.
Sin embargo, Castellucci estaba acusado de poner en circulación, administrar, vender y transferir las unidades funcionales del edificio de Libres del Sud 2079 de Mar del Plata, que fueran construidas por la firma NS Administraciones, y cuyas sociedades estuvieron conformadas por Carlos Salvatore y Ricardo Gassan Saba, aunque él nunca integró su directorio.
Es decir que, después del escándalo de los medios, después de haber tratado al abogado como si hubiera sido parte de una asociación ilícita de narcotraficantes, lo único que quedaba es que podía haber participado de la administración de un edificio que podría haberse comprado con dinero ilícito, cuestión que él no tenía por qué saber.
Ahora, ni eso: la Cámara -que no puede devolverle sus 43 días de cárcel- dice que no había mérito ni para nombrarlo, ni para detenerlo, ni para embargarlo. Pero el poder imperante pudo enviar preso a alguien en una provincia lejana, sin ningún problema. Porque si el detenido en cuestión es un opositor político, se puede hacer cualquier cosa. Si no, pregúntenle a Castellucci.